P. Rico-JSF apela al Supremo de EEUU tras decisión del Primer Circuito y argumenta que nombramientos de sus miembros no tenían que cumplir con Cláusula de Nombramientos de Constitución estadounidense

San Juan, 23 abr (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó hoy que sometió una petición ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revise la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito publicada el pasado 15 de febrero, que declaró inconstitucionales los nombramientos del organismo.

La Junta solicitará además al Tribunal del Primer Circuito que extienda la moratoria de su decisión del 15 de febrero hasta tanto el Tribunal Supremo disponga finalmente en el caso, porque alega que interrumpir las operaciones de la entidad “tendría repercusiones inmediatas y devastadores sobre la economía de Puerto Rico y el proceso de reestructuración de la deuda”.

Según el organismo que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico, la decisión del Primer Circuito es la primera en la historia de los Estados Unidos en disponer que oficiales de un territorio, como son los miembros de la Junta, deben ser designados de conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución federal, “una decisión con amplias implicaciones para Puerto Rico”.

La decisión está fundamentalmente errada y es profundamente desestabilizante”, dijo la Junta en su petición de auto de certiorari.

Agrega que “la decisión del Primer Circuito no puede reconciliarse ni con el texto mismo de la Constitución, la práctica histórica, con los principios más fundamentales de separación de poderes o con las decisiones del Tribunal Supremo que implementan dichos principios”.

El recurso argumenta que los miembros de la JSF son oficiales del territorio y, por lo tanto, su nominación no tiene que seguir el procedimiento prescrito en la Cláusula de Nombramientos para puestos en el gobierno federal.

Recuerda, además, que el Congreso declaró expresamente que establecía la Junta de Supervisión bajo la Cláusula Territorial de la Constitución federal y que es una “entidad dentro del gobierno territorial” y que “no será considerada un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad del gobierno federal”.

La autoridad de la Junta está bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico de 2016 (Promesa), “para ayudar a Puerto Rico a alcanzar responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital es de naturaleza y aplicación puramente territoriales”.

La decisión del Primer Circuito se fundamenta en una falta de entendimiento básica de la relación estructural entre el gobierno nacional y el gobierno territorial”, lee el recurso.INS
lp