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San Juan, 25 mar (INS).- El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, anunció la presentación de una medida que protegerá y regulará el uso de la información personal digital que esté en manos de cualquier compañía.
A través del proyecto del Senado 1231 se creará la “Ley para la Protección de la Intimidad Digital”, con el fin de resguardar los mencionados datos y garantizar el derecho a la intimidad en la era digital.
La medida abarcará desde la información registrada en bases de datos automatizados hasta manuales de empresas del sector privado.
La pieza legislativa detalla que muchas compañías recopilan información personal extensa de consumidores en Puerto Rico que no es esencial ni necesaria para la prestación de sus servicios.
En ausencia de una limitación a esos efectos, las empresas que compilan esta data, tienen la potestad de vender o transferir dicha información a otros, sin mediar autorización o consentimiento expreso del cliente.
A estos fines, el legislador detalló su preocupación ante la carencia de legislación local que regule dicha práctica: “Las leyes y reglamentos existentes para proteger la intimidad de los individuos no se han mantenido a la par con el crecimiento de la información personal divulgada en nuestra sociedad que pueden develar casi la totalidad de la vida de un consumidor. Al presente, el gobierno de Puerto Rico no cuenta con la legislación ni el enfoque necesario para atender y proteger ese creciente alud de información personal. En ausencia de legislación federal que efectivamente proteja ese derecho, resulta necesario legislar para llenar ese vacío y proteger la intimidad digital de los que vivimos en esta Isla”.
Agregó que “no fue hasta luego del escándalo con Facebook y Cambridge Analytica que la idea de proteger la intimidad digital de los individuos tomó auge y dio paso a la primera legislación abarcadora en California implantada en el 2018. De hecho, tan reciente como en enero de este año, Washington se convirtió en el segundo estado en radicar una medida sobre este particular”.
El proyecto establece que el consumidor tendrá el derecho de requerirle a la empresa, que tomó su información personal, que no venda sus datos a terceros.
Antes de vender cualquier información, la entidad que la recopiló viene obligada a notificarle a los ciudadanos que sus datos pueden ser puestos en venta.
Asimismo, orientarles sobre su derecho de oponerse a este procedimiento.
De no haber objeción se procederá siempre y cuando sea con el consentimiento, libre, previo e informado del consumidor.
Si la empresa entiende que la seguridad de los datos ha sido violentada deberá notificarle al individuo en un término de 72 horas.
Por otro lado, la entidad que reciba una solicitud verificable del consumidor para que se excluya su información personal, procederá a eliminar dicha data de sus récords y bases de datos e instruirá a cualquier proveedor de servicios, con quien haya compartido la información personal, a que también la elimine de sus archivos.
La ley obligará a las empresas que provean al individuo una descripción de los derechos que posee sobre su información personal y los propósitos comerciales para los cuales se vendió la data, entre otros detalles.
Para facilitar el acceso a su información personal, la empresa deberá poner a disposición de los consumidores dos o más métodos designados para enviar solicitudes de información que deben divulgarse conforme a esta ley e incluyan como mínimo, un número de teléfono gratuito y una dirección de sitio web.
Otro de los aspectos de esta legislación es que quien haya sido afectado por la filtración de dicha información podrá iniciar una acción civil en el Tribunal de Primera Instancia o someter un recurso de revisión ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
La regulación no aplicará a Ley de Confidencialidad de la Información Médica (Ley HIPAA) y la venta de información personal a una agencia de informes del consumidor, entre otras excepciones.INS
lp