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San Juan, 6 mar (INS).- La presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), Mercedes Peguero Moronta, catalogó de “excesivo” el término de cinco años, como está actualmente, para que se limpie el certificado de antecedentes penales de aquellos exconvictos que terminan de cumplir sus condenas y salen a la libre comunidad.
Las expresiones de Peguero Moronta surgieron a preguntas del presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Henry Neumann Zayas, durante la continuación de audiencias públicas ayer sobre el proyecto del Senado 1166, para enmendar la Ley de Certificado de Antecedentes Penales”.
La medida busca establecer que, una vez extinguida la pena impuesta en su totalidad, al momento de liberarse al convicto se haga entrega de un récord de antecedentes penales negativo con excepción a los que hayan delinquido en los siguientes casos: asesinato en todas sus modalidades, agresion sexual, pornografía infantil (producción, posesión, propaganda, transmisión o distribución), corrupción, crímenes de violencia de género y/o crímenes de lesa humanidad.
“Cinco años yo creo que es excesivo. Honestamente lo digo”, contestó Peguero Moronta.
Así, la presidenta de la JLBP, dijo estar a favor del proyecto del Senado 1166, al considerar que estos jóvenes que ya cumplieron sus sentencias son discriminados a la hora de solicitar para algún empleo.
“Entendemos (el proyecto) que va ser de mucho beneficio para aquellas personas que han cumplido su sentencia y no han podido obtener empleo por tener manchado su récord de antecedentes penales”, sostuvo Peguero Moronta.
De paso Neumann Zayas le solicitó le remita en un término de cinco días a la Comisión de Seguridad Pública estadísticas disponibles sobre cuántos de esos exconvictos que salen a la libre comunidad no han cumplido con el privilegio de que se les consiga un empleo y vuelven a la Junta de Libertad Bajo Palabra porque han incumplido delinquiendo nuevamente.
El Departamento de Justicia se expresó en contra de la medida. “Eliminar el término de tiempo para borrar los delitos menos graves y graves de un Certificado de Antecedentes Penales sería un cambio de política pública errado, pues se pone en riesgo a la ciudadanía al no advertir de la convicción durante el periodo en donde más propensa esta la persona a reincidir”, destacó Juan Carlos Ramírez Ortiz, abogado de la División de Legislación del Departamento de Justicia.
“De ninguna manera consideramos que mantener una convicción en un Certificado de Antecedentes Penales por seis meses o cinco años, según aplique, afecta el proceso de rehabilitación”, insistió Ramírez Ortiz, a través de ponencia de la agencia.INS
lp