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San Juan, 4 feb (INS).- El senador Henry Neumann Zayas, sometió la resolución 981, que ordena a las comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura y a la de Seguridad Pública realizar una investigación sobre los trabajos que han estado realizando las distintas corporaciones privadas que administran los residenciales públicos de la Isla.
La investigación debe incluir, pero sin limitarse, el manejo de los fondos, las prioridades establecidas, la atención brindada a las situaciones planteadas por los residentes, la rehabilitación de unidades de vivienda, áreas recreativas y deportivas y la seguridad, entre otras.
Según la pieza legislativa, en Puerto Rico existen alrededor de 332 complejos de vivienda pública, de los cuales aproximadamente 310 son administrados por entidades privadas.
Entre los problemas más apremiantes acusados por los residentes se encuentran las pocas o ningunas instalaciones recreativas y deportivas (o el deterioro de las ya existentes), salideros de aguas usadas que afectan la salud de los residentes y la poca iluminación en los alrededores de los edificios.
También, piden ayuda para mejorar la calidad de vida de las personas de edad avanzada o con impedimentos, para mejorar la calidad de vida de niños y joven, la remodelación de los edificios y limpieza de los alrededores.
“Es responsabilidad contractual de las empresas privadas a cargo de administrar las operaciones de los residenciales públicos el mantener en estado óptimo los mismos, evitando el que se afecte la calidad de vida de quienes ocupan estas viviendas. Es altamente preocupante, además, el que las citadas compañías no atiendan con celeridad los reclamos y quejas, que a diario les llegan, según señalados por los propios residentes”, aseguró el también presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
En la medida se destaca que recientemente se ha reseñado que, luego del paso de los huracanes Irma y María por la Isla, existen graves problemas en su infraestructura y en los servicios básicos de energía eléctrica y acueductos, sin mencionar la falta de seguridad en muchos de estos complejos.
“Es menester señalar, que, si bien es cierto el que la privatización de estos complejos públicos ha redundado en un ahorro al fisco, no es menos cierto que las mismas facturan altas sumas de dinero por el servicio que proveen. Así las cosas, se hace necesario el asegurarnos que los servicios se provean de una forma efectiva y eficiente y que, en efecto redunde en beneficio a sus usuarios”, resaltó Neumann Zayas.
Las comisiones encargadas de realizar esta investigación deberán rendir un informe que contenga sus hallazgos, conclusiones, recomendaciones y las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro de 180 días después de aprobarse esta resolución.INS
lp