P. Rico-Profesionales de la salud apoyan la colegiación compulsoria

San Juan, 23 ene (INS).- Los dirigentes de las profesiones de químicos, ópticos, administradores de servicios de salud y tecnólogos médicos coincidieron en que el concepto de la colegiación compulsoria como método de regulación de una profesión ha sido consistentemente avalado tanto por los tribunales estatales.

La Comisión de Gobierno de la Cámara presidida por el representante Jorge Navarro Suárez, continuó las vistas públicas en torno a los Proyectos de la Cámara 1787, 1807, 1788, y 1793.

El presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), Ariel Nieves Borrero, sostuvo que los colegios constituyen una red de apoyo y asisten al Estado en la protección del bienestar del puertorriqueño.

“Bajo el ordenamiento actual, el Gobierno descansa en los colegios profesionales para promover los mejores estándares de práctica competitiva y asegurar que sus profesionales estén al día con lo más reciente del conocimiento especializado en sus disciplinas. Sirve de enlace entre los profesionales y la Junta Examinadora  del Gobierno al mantener actualizadas las certificaciones y credenciales que exige la ley a sus miembros’, afirmó el dirigente de CASS.

Según la presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, Anette González Rodríguez, “podemos decir que no existe un solo caso estatal o federal, donde una mayoría de jueces, de manera final y firme, haya decidido que la colegiación compulsoria está reñida insalvablemente con el derecho a no asociarse. Los proyectos no tienen justificación jurídica”, expresó la tecnóloga.

González Rodríguez añadió que el Colegio es una entidad creada por la Ley 44 de 1972 y que al igual que todo colegio de profesionales “tiene una autonomía conferida por el Estado. Ni la Junta Examinadora ni el Departamento de Salud cuentan con el presupuesto ni con los recursos humanos suficientes para llevar a cabo la función del Colegio”.

Asimismo, el presidente del Colegio de Químicos de Puerto Rico, entidad miembro de la Federación Latinoamericana de Química, Juan Santiago Olivares, expuso que la responsabilidad de estos profesionales es de vital importancia para la Isla al ser responsables por Ley de certificar todos los productos de consumo incluyendo el agua, la calidad del ambiente, dispositivos y medicinas, productos de manufactura, alimentos, farmacéutica y los recursos naturales  indispensables para mantener la salud y el bienestar público.

De su parte, el presidente de la Junta Examinadora de Ópticos, Melvin Casillas Lugo, trajo a la atención su preocupación debido a que la preocupa que la Ley 152-1976, que creó la Junta unos 42 años atrás, restringe sus facultades de fiscalizar en el propósito de investigar por iniciativa propia el cumplimiento de ley de establecimientos donde se realizan dichas funciones.

“Por virtud de la Ley quienes tienen esa facultad desde el 2003 es el Colegio de Ópticos de Puerto Rico. Es decir, la Junta Examinadora depende de entidades externas que realicen referidos o queja formal para iniciar investigaciones sobre posibles irregularidades”, señaló Casillas Lugo. Incluso, la presidenta del Colegio de Ópticos, licenciada Irasema Laboy San Miguel, sostuvo que en los últimos años el Colegio, entre otras gestiones, ha enfocado sus esfuerzos en auxiliar a sus miembros y erradicar la práctica ilegal de la profesión de óptico. “Nuestro país está atravesando por un éxodo de profesionales, entre ellos ópticos, por lo que se va a proliferar el ejercicio ilegal de las distintas profesiones de la salud”, alertó la funcionaria.

A esos efectos, el representante José “Conny” Varela Fernández pidió al presidente de la Comisión, que solicite a la Junta Examinadora someter una relación en cuanto a si tienen la capacidad administrativa, de recursos humanos y presupuestarias para asumir las responsabilidades que ahora tienen y ejecutan los Colegios. 

“Hacemos esta petición porque la Junta de Ópticos no tiene la manera de fiscalizar o velar por el buen funcionamiento de los Colegios”, dijo. La petición fue concedida por el presidente de la comisión cameral.

El representante José Aponte Hernández, autor de las medidas, expresó que anticipaba las posiciones de los Colegios citados a deponer en el día de hoy.

“Estaba seguro que los colegios defenderían su estructura que se le ha dado por ley. Llama mucho la atención que plantean que no hay inconstitucionalidad en lo mismo, aun cuando en la opinión del Departamento de Justicia, ha sido contraria sobre ese particular. Alegan que existen al amparo de la ley. Que yo sepa, las leyes son enmendables. De hecho, la Constitución pueden ser enmendada también. Si partiéramos de esa premisa las personas de 18 años no tendrían derecho a votar”, dijo. INS

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