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San Juan, 10 dic (INS).- La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Georgina Candal Segurola, informó que el organismo acudió al tribunal federal, presidido por la jueza Taylor Swain, para presentar un recurso de “amicus curiae” en el que se plantea la importancia de proteger los derechos humanos de la población en los procesos relacionados a la deuda del gobierno de Puerto Rico.
Candal Segurola indicó que “través del recurso, el organismo público le solicita al tribunal que, en todos los procesos y todas las determinaciones relacionadas a la deuda, utilice un acercamiento enfocado en los derechos humanos reconocidos en la Constitución y la legislación de Puerto Rico e internacionalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobados en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en diciembre de 1966 y firmado y ratificado por los Estados Unidos, así como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, aprobado en 1966”.
Según explicó, el “amicus curiae” se presentó en cumplimiento con la función de la CDC de defender los derechos humanos en Puerto Rico.
La Comisión sustenta la presentación del “amicus curiae” en el derecho a la participación en asuntos públicos y en los procesos decisionales, así como en el derecho a la igual protección de las leyes, incluyendo el derecho a un remedio efectivo para proveer los derechos sociales, económicos y culturales a las personas.
Los derechos, según la presidenta, “han sido definidos como fundamentales por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, encargados de supervisar el cumplimiento con el pacto sobre estos temas”.
“La Comisión de Derechos Civiles ha estado trabajando con los efectos de la deuda pública, las consecuencias de Promesa y ahora con las implicaciones del caso Cofina sobre los derechos humanos. En junio de 2016 la Comisión presentó una ponencia ante el Comité de los 24 de las Naciones Unidas, planteando el rechazo a la ley Promesa y a las medidas de austeridad que afectan a todo el país y particularmente a los sectores de la población que viven en condiciones de vulnerabilidad”, sostuvo.
Agregó que “el 3 de marzo del 2017 la Comisión presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la en la que detalló el efecto sobre los derechos humanos de las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal de reducir los programas de salud, establecer un recorte de la aportación a la Universidad de Puerto Rico (UPR), requerir la imposición de impuestos por mil quinientos millones de dólares y la reducción de las pensiones de las personas jubiladas”.
El “amicus curiae” presentado por la CDC fundamenta el requerimiento del cumplimiento con los derechos humanos en las guías del experto en los efectos de las deudas y otras obligaciones financieras de los países del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Juan Pablo Boholavsky, y otros instrumentos elaborados por organismos internacionales.
“Juan Pablo Boholovsky señala que no se deben minar los derechos económicos, sociales y culturales al establecer una prioridad absoluta a los derechos de los acreedores imponiendo medidas de austeridad sin antes hacer un análisis exhaustivo y completo de los efectos que tendrán sobre la población”, citó la funcionaria.
La Comisión reclama la protección de los derechos humanos en Puerto Rico, mediante la garantía de los servicios esenciales que incluyen el derecho a la educación, el trabajo, la salud, la vivienda y a la seguridad social, incluyendo las pensiones de los jubilados, entre otros.INS
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