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San Juan, 4 dic (INS).- La Comisión de Seguridad Pública del Senado, que preside Henry Neumann Zayas, realizó una audiencia pública sobre el proyecto de la Cámara 713.
La medida enmienda la “Ley para crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención para atender los casos de violencia doméstica agravada” con el propósito de establecer que se le provea a la víctima una aplicación de detección electrónica del agresor que opere a través del Sistema de Posicionamiento Global (GPS, siglas en inglés), o cualquier otra tecnología que cumpla con estos fines, para ser usada en teléfonos, relojes inteligentes o cualquier otro aparato tecnológico similar, dentro de la distancia dispuesta por la orden del tribunal.
El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) estableció que, al presente, la agencia, para asegurar la protección de la víctima le ofrece la alternativa de optar por poseer un teléfono celular que provee la compañía que les presta el servicio de supervisión electrónica (Track Group).
Según explicó la agencia, el procedimiento para la obtención surge en la intervención inicial, luego de los hechos, cuando la Unidad Especializada de Violencia Doméstica del Negociado de la Policía orienta a la víctima sobre la disponibilidad del teléfono celular.
El aparato lo que permite es marcar un teléfono de ayuda, como por ejemplo al 9-1-1 o a las oficinas del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).
En la intervención del agente policíaco se cumplimenta el documento “Hoja de la Victima”, en el cual, entre otras cosas, se informa si interesa que se le provea el teléfono celular.
Si la perjudicada acepta el mecanismo disponible, un representante del PSAJ le hace entrega de este.
Por otro lado, el DCR ya materializó el proceso de subasta para renovar los servicios de monitoreo electrónico.
Como parte del proceso, se está requiriendo que se incluya una aplicación tecnológica para la detección del agresor dentro de las zonas de exclusión establecidas.
“Dicha tecnología es cónsona con la propuesta en la presente medida legislativa”, señaló Margarita Schmidt, directora del PSAJ.
Agregó que “la utilidad del aparato electrónico sugerido en este proyecto de ley sirve a los fines de ofrecer mayor garantía de seguridad a la víctima de violencia doméstica. Proteger la vida, integridad y seguridad de esta y sus familiares es tarea de primer orden que debe ser atendida con un alto grado de responsabilidad y sensibilidad”.
Sin embargo, advirtió que “se debe salvaguardar la intimidad del ofensor. Por el hecho de ser imputado de delito no claudica a sus mínimas salvaguardas de protección e integridad. A esos fines, recomendamos que este aparato electrónico de rastreo del agresor se programe para activarse únicamente cuando se violenten los parámetros establecidos por la orden del tribunal, y no para ofrecer información que violente el derecho a la intimidad del imputado”.
Otra sugerencia de Corrección y Rehabilitación es que se consigne en la medida alguna disposición que promueva la participación activa de la víctima durante el proceso de supervisión del imputado, de tal forma que el Estado se asegure que entienda la utilidad del aparato electrónico y se mantenga utilizándolo para asegurar su integridad física y su propiedad.
Justicia apoyó la medida por entender, en primer lugar, que está a tono con los propósitos de la Ley 54 y busca adoptar estrategias para la prevención de la violencia doméstica.
La Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) también se expresó a favor del Proyecto de la Cámara 713, pero aclaró que, para este año fiscal, los fondos destinados para la supervisión electrónica de agresores que eran recibidos en la OPM fueron otorgados directamente al DCR.
Además, la OPM ha sufrido reducciones significativas en presupuesto, “es por esto que entendemos que es el DCR la agencia capacitada y subvencionada, para adquirir la aplicación tecnológica necesaria para la implementación de este proyecto de ley”, señaló la procuradora Leroy Boria en ponencia escrita.INS
lp