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Las bolsas plásticas siempre se ofrecen gratis a los consumidores en los centros comerciales dominicanos. Inter News Service
Santo Domingo, 30 jun (INS).-Los consumidores dejarían de recibir de forma gratuita las fundas plásticas de un solo en supermercados, colmados y otros establecimientos comerciales, como parte de las modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos que avanza en el Congreso Nacional, entre debates sobre su alcance económico y ambiental.
El tema es parte de un proceso legislativo que ha incluido sanciones de urgencia en el Senado de la República, donde previamente se aprobó un proyecto que incluso contempla medidas más estrictas relacionadas con el poliestireno expandido (Foam, en inglés), incluyendo la prohibición de su importación y fabricación.
Posteriormente, la pieza fue conocida por la Cámara de Diputados, que la aprobó con modificaciones, por lo que deberá regresar nuevamente al Senado para su revisión final antes de convertirse en ley.
Las observaciones y ajustes han reactivado el debate entre distintos sectores, en especial por el impacto que tendrían las nuevas disposiciones tanto en los consumidores como en los comercios.
Durante el proceso de discusión, organizaciones empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) han planteado la necesidad de una revisión más amplia de la iniciativa, al considerar que se trata de una reforma de alto impacto que requiere mayor consenso técnico y social.
En ese sentido, representantes de sectores vinculados al turismo y agencias de viajes han expresado preocupación por posibles incrementos en los costos operativos derivados de la implementación de nuevas regulaciones ambientales y del manejo de residuos.
En contraste, autoridades municipales y entidades vinculadas a la gestión local de desechos han respaldado la reforma, al considerar que permitirá fortalecer el sistema de recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, además de dotar de mayores recursos a los gobiernos locales.
Si la reforma es aprobada de manera definitiva, los ciudadanos comenzarían a notar cambios en su vida cotidiana, especialmente en la forma en que realizan compras y consumen productos de uso diario.
Uno de los principales cambios sería que las fundas plásticas dejarían de entregarse de manera gratuita en los establecimientos comerciales, por lo que los ciudadanos tendrían que llevar sus propias bolsas reutilizables o asumir el costo de las mismas.
De igual forma, los negocios tendrían que sustituir de manera progresiva los envases, vasos y platos elaborados con foam por alternativas biodegradables, compostables o reutilizables, conforme a los plazos que establezca la normativa.
Aunque la medida no establece de forma explícita que los comercios deban trasladar estos costos al consumidor, distintos actores del sector empresarial han advertido que la transición hacia materiales más sostenibles podría implicar aumentos en los costos operativos, especialmente en negocios de comida rápida y servicios para llevar.
El proceso de enmienda también incluye disposiciones orientadas a reducir el uso de plásticos de un solo uso y fortalecer la economía circular, en respuesta a los niveles de contaminación generados por estos materiales.
El poliestireno expandido o foam es uno de los principales puntos de atención en la discusión legislativa, debido a su difícil reciclaje y su permanencia prolongada en el medio ambiente, lo que ha motivado propuestas más estrictas dentro del debate legislativo reciente.
Las fundas plásticas, por su parte, representan uno de los residuos más comunes en el consumo diario, lo que ha llevado a considerar mecanismos como su cobro o desincentivo para reducir su uso.
Luego de su aprobación con modificaciones en la Cámara de Diputados, el proyecto legislativo deberá volver al Senado para su conocimiento final. Solo después de ese proceso legislativo la reforma podría convertirse en ley y comenzar su aplicación gradual en el país. INS
mv
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