
La sede de Participación Ciudadana en Santo Domingo. Inter News Service
Santo Domingo, 14 abr (INS), -El movimiento cívico Participación Ciudadana presentó su octavo informe de seguimiento a los casos de gran corrupción administrativa en el país, enfocado en el proceso judicial contra el antiguo procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros imputados, en el que advierte sobre prolongados retrasos y el riesgo de extinción de la acción pública.
De acuerdo con el documento, las medidas de coerción contra el grupo fueron dictadas el 14 de julio de 2021, por lo que el proceso cumplirá cinco años en julio próximo.
Explica que la audiencia preliminar se extendió por casi dos años, con un total de 95 audiencias, mientras que el juicio de fondo, convocado inicialmente para el 23 de septiembre de 2024, ha sido aplazado en 22 ocasiones en un período de 18 meses.
La organización sin fines de lucro señala que durante estas audiencias no se ha conocido el fondo del caso, debido a la presentación reiterada de incidentes por parte de los abogados de los imputados, “lo que contraviene lo establecido en el artículo 305 del Código Procesal Penal, que dispone que estas cuestiones deben resolverse en un solo acto sin afectar el desarrollo del juicio”.
Participación Ciudadana advirtió que este tipo de prácticas dilatorias pone en peligro la continuidad de los procesos, ya que podría provocar la extinción de la acción penal al cumplirse el plazo máximo de duración sin una sentencia definitiva.
Reconoce que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional han establecido que estos plazos deben ser razonables y ajustarse a la complejidad del caso, la conducta de las partes y la actuación de las autoridades judiciales, siempre que exista una justificación válida para los retrasos.
A un año y ocho meses de haberse convocado el juicio de fondo, el proceso aún no ha iniciado formalmente, lo que, según la entidad, refleja las debilidades estructurales del sistema judicial para sancionar de manera oportuna los casos de corrupción.
En ese contexto, la organización también cuestionó la capacidad del sistema para aplicar las sanciones contempladas en el nuevo Código Penal, que incluye por primera vez el delito de corrupción con penas de entre tres y 20 años de prisión, al señalar que aún no se ha logrado ejecutar de manera efectiva el régimen sancionador vigente.
Finalmente, Participación Ciudadana insistió en la necesidad de fortalecer el sistema de justicia para evitar la impunidad y garantizar respuestas oportunas en los casos de corrupción que han marcado la agenda pública en las últimas décadas.
El exfuncionario Jean Alain Rodríguez y compartes son acusados de malversar más de RD$6,000 millones (100 millones de dólares estadounidenses) mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.
Además de Jean Alain Rodríguez y Jhonatan Loander Medina Reyes, el expediente también involucra a Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Los procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante su gestión como procurador general de la República (2016-2020).
El envío a juicio fue ordenado el 29 de junio de 2023 por el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras presentar una síntesis de las líneas de investigación que detallan múltiples actos administrativos dolosos cometidos durante la administración de Rodríguez. La acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas presuntamente involucradas en esta red de corrupción. INS
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