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Las autoridades estadounidenses continúan investigando a varios integrantes de la DEA por presuntos actos de corrupción. Inter News Service
Santo Domingo, 13 feb (INS). -Un supervisor de la oficina de la DEA en República Dominicana, identificado como Melitón Cordero, es investigado bajo acusación de haber participado en un esquema de soborno y fraude de visas estadounidenses para favorecer a particulares. Fue arrestado en Washington, D.C. por orden del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.
De acuerdo a informes de la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, el hombre fue detenido como parte de una investigación encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus iniciales en inglés).
“El pueblo estadounidense le confió a este individuo el fiel cumplimiento de sus funciones y la representación del Gobierno estadounidense en el extranjero como líder dentro de la DEA. Sin embargo, se le acusa de haber violado la ley, malversado esta confianza especial y socavado las prioridades migratorias del Presidente. Este comportamiento por parte de cualquier funcionario del gobierno es inaceptable y no será tolerado”, declaró Jeanine Pirro en un comunicado de prensa.
El apresamiento fue revelado por dos personas, que hablaron con la agencia The Asociate Press (AP). Esa versión también fue reseñada por otros medios de comunicaciones estadounidenses, bajo condición de anonimato debido a que la indagación está en curso.
El hecho se produce luego de que, en la tarde de ayer, la embajadora estadounidense en Santo Domingo, Leah Campos, anunciara el cierre de la oficina de la DEA sin especificar una causa en particular. No obstante, en su mensaje, la diplomática manifestó que “no tolerará la corrupción”, rechazando cualquier intento realizado por un funcionario que intente utilizar “el cargo oficial para beneficio propio”.
A través de un comunicado, Campos indicó que el país continúa siendo un “socio fundamental” en la lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe y que el cierre de la oficina no cambia esa situación.
Cordero, de 47 años, ha estado asignado durante seis años al cuerpo diplomático aquí. Según los documentos de acusación, supuestamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener una visa de no inmigrante que les permitiría visitar el territorio norteamericano por un período temporal.
En un caso descrito en los señalamientos de la incriminación, Cordero se habría reunido con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos, a cambio de dinero.
Durante su asignación en la República Dominicana, “agilizó al menos 119 solicitudes de visa”, al menos una de las cuales presuntamente fue fraudulenta, a menudo “asesorando a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses”.
“Las presuntas acciones no reflejan a los miles de profesionales de la DEA que sirven honorablemente a diario desmantelando organizaciones criminales transnacionales y protegiendo a las comunidades nacionales e internacionales. Mantenemos firmes nuestro compromiso con el profesionalismo, la transparencia y el estado de derecho”, declaró el administrador de la institución antinarcótica, Terrance Cole, en un comunicado esta mañana, publicado en el portal Web de la institución.
El escrito establece que este caso es investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Newark y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas.
Por otro lado, el medio Diario Libre USA publica este viernes que un exagente de alto rango de la Administración para el Control de Drogas fue acusado en Estados Unidos de conspirar para blanquear millones de dólares del narcotráfico y gestionar la adquisición de armas y explosivos de uso militar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según una acusación formal revelada en Nueva York.
El exfuncionario, identificado como Paul Campo, de 61 años, residente en Virginia y retirado de la DEA en 2016 tras una carrera de 25 años, fue confinado junto a Robert Sensi, de 75 años, durante una operación encubierta realizada por autoridades federales con la ayuda de un informante que se hizo pasar por miembro del cartel.
De acuerdo con los fiscales, ambos enfrentan cuatro cargos de conspiración relacionados con narcoterrorismo, terrorismo, distribución de drogas y lavado de dinero. Tras comparecer ante un magistrado en Nueva York, se ordenó su detención sin derecho a fianza, mientras que sus abogados presentaron declaraciones de inocencia en su nombre.
Además, habrían financiado la compra de unos 220 kilogramos de cocaína que supuestamente serían vendidos en Estados Unidos por unos cinco millones de dólares, con la expectativa de recibir una parte de las ganancias. Asimismo, los fiscales alegan que discutieron la posibilidad de adquirir drones comerciales, rifles AR-15, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes para el grupo criminal.
A parte, el administrador de la DEA, Terrance Cole, informó que está reubicando activamente a su personal asignado en la República Dominicana como parte de una revisión interna, tras la divulgación de denuncias de presunta mala conducta que involucran a miembros de su equipo y que provocó el cierre de la agencia en el país.
La medida fue confirmada mediante una declaración oficial publicada este viernes en su página web en la que subrayó que la institución exige los más altos estándares de integridad y rendición de cuentas a todos sus integrantes.
«La DEA está cooperando plenamente con las autoridades competentes, y el personal asignado a la República Dominicana está siendo reubicado activamente mientras se revisa este asunto para proteger la integridad de nuestras operaciones», señaló.
Mientras tanto, la embajadora en la República Dominicana, Leah Campos, realizó este viernes su primera aparición pública luego de que ordenara el cierre temporal de las oficinas de la Administración para el Control de Drogas.
La funcionaria sesionó con el presidente de la local Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa, al encabezar la clausura de una actividad formativa que busca fortalecer, desde el territorio nacional, la lucha contra el tráfico de estupefacientes, informó la entidad a los medios de comunicación.
El acto se realizó en la Academia de la entidad y tiene el objetivo de preparar a un grupo de agentes de ese organismo de seguridad para integrarlos al nuevo «Equipo de Desmantelamiento de Laboratorios Clandestinos». INS
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