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Santo Domingo, 9 dic (INS). -El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves el conocimiento de solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en contra del ex director de Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim Albainy, y otros nueve imputados de sustraer más de miles de millones de pesos del patrimonio del Estado.
El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El grupo está acusado de cometer delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Conforme al expediente de solicitud de medida de medida cautelar que sobrepasa las 500 páginas, el entramado sustrajo más de RD$ 15, 921,369,659 (un total de US$247,790,342) hasta el cierre de 2024.
Según el documento incriminador elaborado por los investigadores de la Procuraduría General de la República, contra de los implicados en el caso Senasa, Santiago Hazim Albainy incluía en el presunto entramado a sus «asistentes más cercanas», identificadas como Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes en se presentaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas del exfuncionario.
El Ministerio Público también declaró que este grupo trabajaba de manera articulada para aprobar contratos a prestadores que supuestamente no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por el entonces director de la entidad estatal bajo argumentos como «aportó en la camраñа» о «hay que ayudarlo».
Los fiscales indicaron en el expediente que Germán Robles, en su rol de consultor jurídico, ejercía un «poder determinante», afirmando que era el encargado de imponer la aprobación de los prestadores «agraciados» y gestionando de manera directa contratos fuera del procedimiento regular.
De manera similar está el gerente de salud, Francisco Iván Minaya. El rol de esta persona era homologar los acuerdos y dirigir las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores.
En el caso de Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, su trabajo consistía en presionar la habilitación y ampliación de prestadores sin documentación o infraestructura adecuada.
Por igual, es mencionada la gerente de afiliación, Carmen José Velázquez, quien participaba en la validación y firma sistemática de actas que recogían decisiones previamente pactadas con Hazim Albainy. INS
mv