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Las repatriaciones de haitianos indocumentados son el diario vivir en República Dominicana. (Fuente externa). Inter News Service
Santo Domingo, 26 may (INS).-La procuradora adjunta Johanna Bejarán, titular de la nueva Unidad de Investigaciones de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), informó que funcionarios de instituciones de seguridad del Estado estarían facilitando la operación de redes de tráfico ilícito de migrantes, en su mayoría haitianos.
La funcionaria, quien también encabeza la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), afirmó que las investigaciones en curso han revelado conexiones entre estas redes criminales y servidores públicos, a quienes que no identificó.
“En todas las investigaciones sobre estructuras desmanteladas, siempre aparece alguien vinculado a instituciones encargadas de combatir estos delitos”, dijo en declaraciones a los medios.
Explicó que los equipos de la unidad serán desplegados en diversas jurisdicciones del país, con el respaldo de las fiscalías territoriales, para investigar y perseguir a estas estructuras delictivas, cuyo número ha aumentado a raíz del incremento en la migración irregular.
Las redes de tráfico ilícito no solo se lucran del traslado ilegal de personas, sino que muchas veces las someten a explotación sexual, trabajos forzados, mendicidad y otros delitos, afectando principalmente a mujeres y menores de edad.
Por su parte, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recordó que cualquier servidor público que incurra en extorsión, acepte sobornos o facilite el tráfico de migrantes, debe ser suspendido de manera inmediata, conforme a las disposiciones oficiales.
Además, las autoridades contemplan la inmovilización de cuentas bancarias, propiedades, vehículos y otros activos relacionados con los responsables de estos delitos.
Estas medidas buscan asegurar evidencias y proceder al decomiso legal de los bienes utilizados, como vehículos empleados para el transporte de migrantes indocumentados.
Con estas acciones, el Ministerio Público refuerza su política de persecución y desmantelamiento de las estructuras criminales dedicadas esa práctica.
Se recuerda que la Dirección General de Migración (DGM) comenzó, el pasado lunes 21 de abril, la aplicación de un nuevo protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos estratégicos, como parte de las disposiciones anunciadas por el presidente de la República, Luis Abinader, contra la entrada al país de haitianos sin papeles legales.
Esta medida tiene como objetivo ordenar la atención a pacientes extranjeros, asegurar el cumplimiento de las normativas migratorias vigentes y contribuir a la sostenibilidad del sistema hospitalario nacional.
Sin embargo, las redes dedicadas al tráfico de indocumentados no han parado y continúa el flujo clandestino de esos extranjeros que son detectados por soldados del Ejército de servicio en la franja fronteriza con Haití.
En esa práctica participan conductores dominicanos de diferentes tipos de vehículos, militares, policías e inspectores de Migración, según suministrados a los reportes de los medios de comunicación.
Los autores del trasiego de extranjeros indocumentados son apresados y traducidos ante la justicia, mientras los visitantes ilegales son repatriados a sus países de origen.
Las autoridades han deportado a más de 200 mil indocumentados en los últimos meses. Las deportaciones incluyen a embarazadas haitianas que cruzan la frontera de forma clandestina en busca de asistencia en los centros públicos de salud locales. INS
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