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Imagen de archivo del rótulo de la embajada estadounidense en República Dominicana. Inter News Service
Santo Domingo, 20 may (INS).-La embajada de los Estados Unidos en el terreno local desmintió tener relación alguna con el empresario dominicano José Ángel Gómez Canaán, alias “Jochy”, o con la plataforma de inteligencia artificial “María” presentada esta semana como un sistema de auditoría en tiempo real para combatir la corrupción en las contrataciones públicas.
En declaraciones al periódico de circulación nacional elCaribe, Michelle Angulo, vocera y agregada de Prensa de la embajada, afirmó que esa institución “no mantiene ningún vínculo con el señor José (Jochy) Gómez Canaán. El Gobierno de los Estados Unidos no ha estado involucrado en el desarrollo ni en el funcionamiento de la plataforma de IA María”.
La aclaración surge tras el uso reiterado de referencias a Estados Unidos durante la presentación de “María”, lo que generó confusión en medios y redes sociales.
Durante el acto, Gómez Canaán informó su renuncia a cualquier relación comercial con el Estado dominicano, comprometiéndose a liderar esta iniciativa tecnológica como un acto de “servicio público”.
Según sus promotores, la herramienta de código abierto y acceso gratuito detecta sobreprecios, colusión y fraudes en contrataciones gubernamentales, utilizando algoritmos de aprendizaje automático.
El evento incluyó la participación del ex-asesor político estadounidense Roger Stone, conocido por su cercanía a Donald Trump, quien respaldó el proyecto con un discurso cargado de críticas al “establecimiento tradicional”.
El defensor legal de Gómez Canaán, abogado Carlos Balcácer, calificó el lanzamiento como una muestra de “honestidad”, en contraste con la acusación formal que enfrenta su cliente en la denominada Operación Camaleón.
Aunque Gómez mencionó presuntos apoyos de fundaciones tecnológicas en Washington y asesoría legal para procesos judiciales derivados del uso de la plataforma, la embajada norteamericana fue tajante en rechazar cualquier involucramiento institucional.
Precisa el medio de comunicación que aunque la IA “María” promete ser una herramienta innovadora para el control ciudadano, su origen, estructura de apoyo y legitimidad han sido puestos en duda. El hecho de que su creador esté procesado por corrupción y que Estados Unidos niegue respaldo alguno, plantea preguntas sobre su neutralidad, alcance real y credibilidad.
Además, comenta que el desmentido añade un nuevo matiz al contexto judicial que enfrenta el empresario, a quién el Ministerio Público acusó de liderar una presunta red que habría manipulado licitaciones estatales por más de 1,300 millones de pesos (US$ 22,051,187), lo que le generó un encarcelamiento preventivo por mandato de un juez.
Reseña que en el mes de octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, a cumplirla en la cárcel Najayo, San Cristóbal (región Sur), a Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, imputados en la Operación Camaleón.
El entramado fue descubierto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)
De igual manera, impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país a Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Asimismo, ordenó una garantía económica de dos millones de pesos contra Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempeñaba como coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del sistema de transporte.
En noviembre, Jochy Gómez fue liberado del Centro de Corrección de Najayo tras la revocación de la prisión preventiva dictada en su contra. A cambio, se le impusieron restricciones como presentación periódica, fianza de dos millones de pesos (33,924 dólares estadounidenses) e impedimento de salida del país.
El proceso sigue abierto, con éste como acusado de orquestar la estructura que habría manipulado procesos de contratación pública en beneficio propio y de empresas vinculadas. INS
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