
Imagen de archivo de Pelegrín Castillo Semán, vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista. Inter News Service
Santo Domingo, 24 abr (INS).- La organización política Fuerza Nacional Progresista (FNP), a través de su vicepresidente y vocero institucional, Pelegrín Castillo Semán, advirtió sobre un plan internacional que busca desatar una grave crisis en República Dominicana, utilizando como eje el conflicto que se vive en Haití.
Ante lo que califica como una “guerra civil de baja intensidad” en la vecina nación, la FNP informó que presentará una queja penal en la Procuraduría General de la República, alegando la existencia de una trama criminal compleja que involucra “crímenes de terrorismo, traslado forzado de poblaciones, agresiones encubiertas y amenazas directas contra la soberanía y seguridad nacional”.
Mediante un comunicado de prensa, Castillo aseguró que este proyecto cuenta con el apoyo de poderosos actores foráneos, incluyendo sectores de la pasada administración del expresidente Joe Biden con el respaldo de organizaciones, como Amnistía Internacional.
Citó declaraciones del actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien habría alertado sobre intentos de trasladar masivamente haitianos hacia territorio dominicano.
En su declaración, pidió al presidente de la República, Luis Abinader, implementar de inmediato el Pacto Nacional sobre Haití, suscrito en octubre de 2024, y fortalecer las medidas de seguridad en la frontera.
También recomendó declarar estado de excepción en tres provincias fronterizas (Elías Piña, Independencia y Bahoruco) y propuso restablecer el servicio militar obligatorio y permitir el acceso civil regulado a armas de fuego.
Castillo Semán, que además es un reconocido abogado, también denunció que la convocatoria de una marcha para el 27 de abril por parte de la organización pro haitiana “Reconocido” representa una provocación inconstitucional, al tratarse de una agrupación extranjera que, según dijo, responde a intereses de grupos narco-guerrilleros.
La FNP plantea derogar decretos sobre nacionalidad firmados por las administraciones de Danilo Medina Sánchez y Luis Abinader; solicitar información a instituciones públicas sobre irregularidades en el registro civil; rechazar cualquier nuevo intento de plan de regularización migratoria; y concluir los 117 km restantes del muro fronterizo y declarar la obra como “causa nacional”.
Finalmente, invitó a todos los sectores políticos, especialmente al Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, a sumarse a una movilización patriótica y nacional, con el objetivo de defender la soberanía dominicana en medio de una coyuntura regional que califican como “extremadamente peligrosa”.
El comunicado de la Fuerza Nacional Progresista surge justo cuando el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió este viernes a los países de América que pongan fin a las deportaciones de migrantes haitianos después de que 36.000 de ellos fueran devueltos a la fuerza a su país entre enero y marzo, muchos de estos desde la vecina República Dominicana.
Igual postura ha mantenido Amnistía Internacional que volvió a instar a detener estas prácticas por considerar que vulneran derechos fundamentales y compromisos internacionales en materia de protección a personas en situación de vulnerabilidad.
El comité, reunido en Ginebra, Suiza, se mostró “profundamente preocupado” por estas expulsiones colectivas, en las que, denunció, no se toman en cuenta las necesidades individuales de cada caso, por ejemplo los de mujeres embarazadas, recién nacidos, víctimas del tráfico de personas o de violencia de género.
Un 90 por ciento de los 36.000 haitianos deportados en los tres primeros meses del año fueron retornados a su país desde la República Dominicana, una situación que se produce tras un año 2022 en el que sólo en Estados Unidos se expulsó al menos a 22.000 migrantes procedentes de Haití, recordó la ONU.
Archipiélagos caribeños como Bahamas o Turcos y Caicos (perteneciente al Reino Unido) también han puesto en marcha campañas contra migrantes haitianos, y Norteamérica estableció en enero de 2023 políticas que permiten la expulsión en caliente de personas procedentes de Haití y otros países, añadió el grupo de expertos.
El comité también reclamó a los gobiernos americanos que investiguen las denuncias de excesivo uso de fuerza, maltrato y discriminación racial contra haitianos en fronteras, centros de detención y otros lugares, en ocasiones cometidos por fuerzas de seguridad.
Estos abusos, señaló, son consecuencia de “estrictos controles migratorios, la militarización de las fronteras, sistemáticas por lo que expresó su alarma por el aumento del discurso del odio y los comentarios supuestamente xenófobos contra haitianos en la región, en ocasiones por parte de personalidades públicas y políticas.
Haití atraviesa desde 2022 una crisis económica y socio política que aumentó el éxodo de ciudadanos que tratan de escapar de la violencia, el hambre y las precariedades de todo tipo, agravadas por las acciones de bandas armadas que han llegado a controlar gran parte de su capital y otras zonas del país. INS
mv