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El presidente Luis Abinader ofreciendo declaraciones en el recorrido por la frontera dominicana. (Fuente externa). Inter News Service
Santo Domingo, 24 abr (INS).-El presidente de la República, Luis Abinader, respondió este jueves a la petición de Amnistía Internacional para que derogue el protocolo de la medida migratoria que afecta a los haitianos indocumentados que acuden a centros hospitalarios.
Le recomendó a los dirigentes del organismo extranjero que en lugar de hacer críticas al Estado dominicano por las políticas migratorias, vayan a trabajar en Haití, una nación impactada por una crisis de violencia e inseguridad.
“A Amnistía internacional yo le respondo que vaya a trabajar en Haití, que vayan a ocuparse de la situación de los derechos humanos en Haití. Que no abandonen a Haití y a la comunidad internacional también que lo haga. Nosotros y mi responsabilidad, es defender a la República Dominicana”, expresó el mandatario al ser entrevistado por periodistas en una visita agendada hoy por la frontera con Dajabón, región noroeste del país.
El gobernante, acompañado del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre y el comandante general del Ejército, Iván Camino Pérez, dió inicio a una jornada de reforestación con la siembra de árboles de la especie Framboyanes, en las provincias fronterizas.
Los árboles están siendo plantados en la rivera, área de amortiguamiento del río, donde fue construido el muro fronterizo. La actividad se realiza simultáneamente en los cuatro batallones militares, el décimo, en Dajabón, 11, 14 y 16 en Pedernales, Jimani y Elías Piña, respectivamente.
Al dirigirse a las tropas, dijo que, “ustedes son aquí los centinelas de la patria, los responsables de mantenerla segura como los han hecho hasta ahora”.
Luego de supervisar el muro fronterizo, el mandatario se dirigió a las sureñas comunidades Elías Piña y Jimaní culminando en Pedernales donde visitó varios hoteles, en Cabo Rojo.
En el periplo se pudo observar un despliegue de militares del Ejército de la República Dominicana, soldados que llegaron ayer a la provincia de Dajabón para aumentar la seguridad, dando así apoyo a los uniformados que ya permanecían en la frontera para así combatir el tráfico de indocumentados haitianos entre otros ilícitos.
El gobierno del presidente Abinader ha reforzado las medidas para el control migratorio irregular, fortaleciendo así la soberanía nacional. La iniciativa busca frenar la entrada de inmigrantes indocumentados desde Haití, una práctica que se ha incrementado los últimos meses.
El lunes pasado se puso en marcha el nuevo protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos de la República Dominicana, como parte de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para regular la atención a pacientes extranjeros.
Como resultado del proceso, en el primer día de jornada se aprehendieron a 48 embarazadas y otras 39 parturientas, acompañadas de 48 menores. Hasta el momento suman más de 87 las damas detenidas y entregadas a las autoridades haitianas, mientras persisten las deportaciones de cientos de miles de indocumentados apresados en diferentes lugares del país.
Esas acciones fueron rechazadas Amnistía Internacional, actitud que ha venido repitiendo cada año. El pasado martes acusó al gobierno de la República Dominicana de violar el derecho a la salud y de promover políticas discriminatorias con la implementación de un nuevo protocolo que condiciona el acceso de personas migrantes a los servicios de salud pública.
Esos señalamientos se repiten cada vez que las autoridades nacionales arrecian las repatriaciones de haitianos con estatus ilegales. Sin embargo, la organización nunca se pronuncia contra las acciones de las bandas armadas que promueven violencia e inseguridad en la vecina nación.
Apoyo de diputados
Ante esos cuestionamientos, varios diputados oficialistas y de oposición defendieron las políticas migratorias del país y exigieron que se intensifiquen, alegando que el Estado dominicano actúa dentro del marco legal y en ejercicio de su soberanía.
Las opiniones surgieron tras la denuncia de Amnistía Internacional, que calificó como “inhumanas” las deportaciones de mujeres haitianas embarazadas y parturientas desde hospitales nacionales.
La organización internacional instó a detener estas prácticas por considerar que vulneran derechos fundamentales y compromisos internacionales en materia de protección a personas en situación de vulnerabilidad.
Los legisladores rechazaron esas afirmaciones y arremetieron contra lo que describieron como una “doble moral” de la comunidad internacional, que, según dijeron, se mantiene indiferente ante el colapso del Estado haitiano, pero interviene solo para criticar a República Dominicana cuando aplica sus leyes migratorias.
Los congresistas Carlos Sánchez e Ignacio Aracena, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), subrayaron que la República Dominicana tiene todo el derecho, amparado en su Ley de Migración 285-04, de controlar sus fronteras y ejecutar deportaciones, tal como hacen otras naciones, incluyendo Estados Unidos.
Sánchez comparó la situación con medidas adoptadas por presidente norteamericano Donald Trump, destacando que “nadie critica cuando las grandes potencias deportan, incluso, personas nacidas en su territorio”.
Ambos legisladores señalaron que la carga migratoria haitiana representa una presión “que no se sostiene” para los servicios públicos dominicanos, en particular en el sistema de salud.
En ese sentido, criticaron que mientras Haití se desmorona, la comunidad internacional “no aparece” para ofrecer ayuda, y que República Dominicana ha tenido que enfrentar por sí sola una situación que excede su capacidad. INS
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