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El fiscal federal W. Stephen Muldrow. Inter News Service/Víctor R. Birriel
San Juan, 3 abr (INS).- El fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, anunció este jueves la acusación formal de dos empresarios, un contador público certificado y cuatro compañías con sede en Puerto Rico por un plan fraudulento para obtener ilegalmente fondos federales de recuperación bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, siglas en inglés), sobornar a un empleado bancario y lavar las ganancias fraudulentas del plan.
Según documentos judiciales, desde mayo de 2020 o alrededor de esa fecha hasta noviembre de 2021, los acusados y sus cómplices presentaron y provocaron la presentación de al menos 26 solicitudes de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) y del Programa de Protección de Nómina (PPP) solicitando al menos $2,238,747 de esos fondos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de Estados Unidos y del Oriental Bank, identificado como el Banco 1, institución financiera de Puerto Rico.
Los acusados y sus cómplices también sobornaron a un empleado del Banco 1. influir y recompensar al empleado en relación con la presentación y el procesamiento de solicitudes PPP y el depósito y desembolso de fondos PPP y EIDL en cuentas en el Banco 1.
“Los préstamos PPP y EIDL se diseñaron para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia, no para explotar los programas federales de ayuda”, declaró Muldrow. “El Distrito de Puerto Rico se compromete a proteger los programas gubernamentales del fraude y exigirá cuentas a quienes roben a los contribuyentes estadounidenses”.
El Servicio Secreto de EE.UU., en coordinación con nuestras fuerzas del orden, llevó a cabo este jueves una operación coordinada dirigida contra una sofisticada red de fraude financiero. “El éxito de esta operación demuestra la dedicación y colaboración de nuestros agentes y fuerzas del orden”, declaró el agente especial a cargo Rafael Barros, de la Oficina de Campo de Miami. “Nos mantenemos firmes en nuestra misión de proteger la integridad del sistema financiero estadounidense y seguiremos persiguiendo a quienes participen en actividades fraudulentas”.
“Esta investigación refleja la determinación de la Oficina del Inspector General de la SBA de responsabilizar a quienes intentan defraudar los programas de ayuda para la pandemia. Mantenemos nuestro compromiso de colaborar con nuestros socios para descubrir el fraude y proteger estos fondos esenciales”, declaró Amaleka McCall-Brathwaite, Agente Especial a Cargo de la Oficina del Inspector General de la SBA, Región Este.
“Los involucrados se aprovecharon de un programa destinado a ayudar a las empresas en un momento de gran necesidad e incertidumbre, y en su lugar utilizaron fraudulentamente fondos federales para comprar propiedades”, declaró Emmanuel Gómez, agente especial a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), Miami.
Agregó que esto sirva de advertencia: quienes crean que pueden explotar los programas gubernamentales para beneficio personal enfrentarán todo el peso de la ley, sin escapatoria a la rendición de cuentas.
Según documentos judiciales, Edgardo Navarro Suárez, Ricardo Luis Navarro Suárez, Ramón J. Valentín Montalvo, JCA Development, Inc., JCA Packaging Group, Inc., RVIP Group Corp. y JCA Industrial Supply Corp. idearon a sabiendas un plan y artificio para defraudar y obtener dinero y propiedad de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos y el Banco 1 mediante pretensiones, representaciones y promesas falsas y fraudulentas presentadas a través de solicitudes de préstamos EIDL y PPP disponibles para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse del impacto de la pandemia.
La Ley CARES proporcionó asistencia financiera de emergencia a los estadounidenses afectados por la pandemia de COVID-19, incluyendo la autorización a la SBA para otorgar préstamos EIDL y PPP a pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro que enfrentaban pérdidas de ingresos.
La acusación formal alega que los acusados y sus cómplices presentaron solicitudes fraudulentas de préstamos EIDL y PPP que contenían información sustancialmente falsa y fraudulenta, así como documentos falsos.
También que los acusados y sus cómplices ordenaron a los beneficiarios de los préstamos PPP y EIDL obtenidos fraudulentamente que remitieran una parte de los fondos de los préstamos a los acusados y sus cómplices, y que utilizaron los fondos de los préstamos para su propio beneficio y el de terceros, y para cubrir gastos prohibidos por los requisitos de los programas EIDL y PPP.
Los documentos judiciales también afirman que los acusados y sus cómplices entregaron, ofrecieron y prometieron de forma corrupta al menos $69,500 en pagos a un empleado del Banco 1 para influenciarlo y recompensarlo por su ayuda en la tramitación y el desembolso de los fondos PPP y EIDL. Además, los acusados y sus cómplices reclutaban a otros para obtener fraudulentamente ayudas EIDL y PPP.
Los acusados realizaron su comparecencia inicial en el tribunal ante la jueza magistrada estadounidense Giselle López-Soler, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.
De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a hasta 30 años de prisión por los delitos de fraude electrónico y soborno bancario alegados en los cargos 1 a 7 de la acusación, 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero alegado en los cargos 8 a 10 de la acusación, y 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero alegado en los cargos 11 y 12 de la acusación, que también incluye la notificación del decomiso de bienes.
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Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de los EE. UU. y otros factores legales.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos, a través de su Oficina Residente de San Juan y su División de Investigación Criminal (CID), la Oficina del Inspector General para la Administración de Pequeñas Empresas, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria y el Departamento de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas, llevaron a cabo la investigación en colaboración con el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, la Oficina de Investigaciones Especiales, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de Guaynabo.
El fiscal federal adjunto Daniel J. Olinghouse está a cargo del caso.INS
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