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La sede principal del Ministerio Público dominicano. Inter News Service
Santo Domingo, 19 feb (INS).- El Ministerio Público del Distrito Judicial de la provincia Peravia (región Sur) logró que fueran dictadas medidas de coerción contra varios miembros de una presunta red que se dedicaba a proveer documentos a ciudadanos haitianos de forma irregular, acción que involucra a empleados de la Junta Central Electoral (JCE).
La jueza de la jurisdicción de Atención Permanente de la demarcación, Loida Amador, dispuso la declaratoria del caso como complejo e impuso prisión preventiva a Amauri Rosario Aybar, así como garantía económica y presentación periódica ante el órgano de persecución a Stalen Falcón, Juan Javier Mariñez Guillén, Elizabeth Mercedes García, Quilcy Paulino y a Sujeyri Mercedes Sánchez.
Una comunicación de prensa de la Procuraduría General de la República explica que los imputados fueron apresados en varios allanamientos en las comunidades de Nizao, Santana, Pizarrete, Don Gregorio y Baní.
Desde el lunes cumplen decisión cautelar. Las personas que no han sido sometidas a la justicia son María del Carmen Arias Castillo, quien fungía como encargada de la Oficialía del Estado Civil del referido municipio, y Dominga Valdez, dueña de una fundación que supuestamente falsificaba documentos oficiales para declarar como dominicanos a niños de Haití que residen aquí en condiciones migratorias de manera irregular junto a sus padres.
Las autoridades lograron desmantelar estas operaciones que transgreden el registro civil nacional tras dos denuncias depositadas en el Juzgado de Paz de la comunidad de Nizao por la directora del hospital municipal, Dominga Tavárez Álvarez, que reportó la falsificación de su firma para la emisión de cuatro certificaciones de nacido vivo, a través de las cuales la Oficialía de la JCE expidió igual cantidad de actas de nacimiento de declaración tardía para niños.
En su querella, la doctora Tavárez Álvarez identificó a las figuras clave para el desarrollo de este ilícito, lo cual fue confirmado por el Ministerio Público. Según la investigación, en estas acciones fraudulentas participaron empleados del tribunal de elecciones y, sobre todo, la encargada de la Oficialía, quien “validó las documentaciones falsas cometidas por los supuestos padres de los menores”.
La directora del hospital también denunció que Dominga Valdez (prófuga), propietaria de la fundación Aneadef, que se dedica a atender niños con discapacidad, alteró el sello del centro de salud y su rúbrica para hacer autentificación de nacido vivo. Estos documentos eran elaborados y escaneados en el centro de internet Los Vegetales, propiedad del imputado Stalin Balcón, y luego presentados ante la JCE para declarar a cuatro menores del citado país.
El expediente del Ministerio Público indica que para lograr la expedición de las partidas nacimiento, la imputada Quilcy Paulino se presentó el pasado 30 de enero de 2024 en la Oficialía de Nizao con cuatro certificaciones de nacido vivo del Hospital de Nizao, acompañada de Dominga Valdez.
Ese día, señala la acusación, “ambas mujeres fueron recibidas y entrevistadas por la ex oficial del Estado Civil, María del Carmen Arias Castillo, quien, tras revisar los documentos escaneados, los remitió a la empleada Elizabeth Mercedes García de Matos. Esta última generó tres recibos de declaraciones tardías de Quilcy Paulino y luego pasó el expediente al empleado Juan Javier Maríñez Guillén, quien digitó los datos y registró que el supuesto padre declarante, Amauris Rosario Aybar, compareció y firmó, cuando en realidad este nunca se presentó en la Oficialía. Además, la acusación señala que la persona que ostenta la identidad de Rosario Aybar figura en el sistema como fallecida desde 1998”.
Asimismo, el organismo de persecución establece que la encargada administrativa, Sujeyri Mercedes Sánchez, ingresó ilícitamente al sistema con el usuario de otra servidora e imprimió un recibo de caja a favor del “padre declarante”.
También resalta que “el delito no se habría consumado sin la participación de la oficial del Estado Civil, María del Carmen Arias Castillo, quien firmó los libros de registro de nacimiento de los menores de nacionalidad haitiana, hijos de inmigrantes haitianos en condición irregular. Además, Arias Castillo nunca entrevistó a los menores y validó documentos escaneados como soporte de los asentamientos. Durante sus dos años en el cargo, tampoco visitó el hospital de Nizao, la iglesia ni el centro escolar, como era su deber para validar los registros tardíos”.
La investigación determinó que en el Hospital Municipal de Nizao no figura que la señora Quilcy Paulino haya dado a luz a cuatro bebés en las fechas indicadas: 26 de abril de 2008, 23 de diciembre de 2014, 1 de junio de 2017 y 11 de octubre de 2019. Su único parto registrado en ese centro ocurrió el 24 de agosto de 2005; las certificaciones de no bautizo emitidas por la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Santa Ana son falsas; el reverendo padre William A. Rosario indicó al Ministerio Público que no emitió tales certificaciones y que los documentos presentados por los supuestos padres son fraudulentos.
Además, se determinó que el Centro Educativo Prof. Asela Paulino Fuentes informó que los menores en cuestión “no estudian ni estudiaron en la referida escuela y que ni la firma, ni el sello, ni el logo corresponden a la institución”.
LOS DELITOS
Por este hecho, solo el imputado Amauri Rosario Aybar, de nacionalidad haitiana, está cumpliendo prisión preventiva. Los demás tienen garantía económica y presentación periódica ante el órgano de persecución
El fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejada, indicó que ponderará la decisión de la jueza Loida Amador, ya que considera que todos los involucrados debieron recibir prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos imputados.
Este hecho ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 145, 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y la falsificación de documentos públicos. También se les acusa de violar los artículos 207 y 208 de la Ley 4-23 sobre Registro Civil, los artículos 13 y 14, numeral 4, de la Ley de Cédula número 8-92, los artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de Datos Personales, y los artículos 6, párrafo 1, 7, 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
PRECEDENTES
Se recuerda que el 19 de mayo de 2022, La Junta Central Electoral informó el arresto de 12 haitianos a los que se les señaló como presuntos responsables de obtener la nacionalidad dominicana mediante la utilización de actas de nacimientos, copias de cédulas y pasaportes falsos.
Las detenciones se produjeron en las sureñas comunidades de Vicente Noble y Tamayo, provincia Barahona, en un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y el Departamento de Investigación de Falsificaciones de la Policía Nacional.
En una comunicación de prensa la JCE recordó que la suplantación de identidad es un delito pasible de condenas de entre tres y 10 años, conforme a lo establecido en los artículos 147 y 148 del Código Penal, que sancionan la falsedad en escritura.
También, la Ley 8-92 sobre la Cédula de Identidad y Electoral, establece condenas de entre seis meses y dos años de prisión a los que incurran en retener una cédula correspondiente a otra persona, en sus artículos 8 y 14.4. INS
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