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El presidente Luis Abinader busca acabar con la corrupción administrativa. Inter News Service
Santo Domingo, 18 feb (INS).- El gobernante Luis Abinader firmó el lunes el decreto 76-25 mediante el cual se crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), que estará encargada de coordinar las estrategias del gobierno en materia de lucha contra ese flagelo y supervisión de la gestión pública.
Dentro de sus disposiciones, la ordenanza consacra que todas las entidades de la administración estatal tienen la obligación de suministrar información, documentos y asistencia en un plazo de cinco días laborables cuando sean requeridos en el marco de investigaciones sobre posibles actos de corrupción y la recuperación de bienes públicos.
El edicto ejecutivo busca agilizar los procesos de fiscalización y evitar demoras en la recuperación de bienes que hayan sido desviados de manera irregular.
La norma también contempla que, además de entregar la data solicitada, las instituciones deben brindar asistencia técnica para facilitar la identificación de posibles anomalías y garantizar el cumplimiento de los procesos de investigación a cargo del Ministerio Público.
La CPTA no solo podrá solicitar detalles a las dependencias gubernamentales, sino que está facultada para colaborar con la Procuraduría General de la República y el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) cuando detecte casos que requieran intervención judicial. Esto permitirá canalizar las denuncias y proceder con la aplicación de sanciones cuando se determine la existencia de violaciones al ordenamiento jurídico.
Además, podrá requerir la participación de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en temas de transparencia e integridad institucional, con el objetivo de fortalecer los procesos de análisis y auditoría.
CONSECUENCIAS
El laudo presidencial, además, prevé sanciones para aquellos funcionarios que no cumplan con la entrega de la información dentro del plazo establecido.
“La negativa o dilación en la respuesta será considerada una falta de tercer grado, conforme a lo dispuesto en la Ley de Función Pública, lo que podría derivar en medidas disciplinarias contra los responsables”, indica el decreto.
Asimismo, la norma instruye de manera especial a entidades como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio de Administración Pública (MAP) a prestar colaboración prioritaria con la CPTA, debido al alto nivel de información que manejan sobre transacciones y operaciones financieras del Estado.
Con la creación de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, el Poder Ejecutivo pretende fortalecer los mecanismos de supervisión en la administración estatal y garantizar que los procesos de investigación sobre casos de corrupción sean ágiles y efectivos.
Por igual, la norma ejecutiva precisa que la Comisión deberá reunirse periódicamente y rendir informes mensuales al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de sus funciones y la implementación de las políticas de transparencia en las distintas instituciones del Estado.
El pasado lunes, en el encuentro La Semanal con la Prena, el gobernante Luis Abinader admitió que la lucha contra la corrupción en República Dominicana requiere mayor control en el interior del país, donde, según indicó, se han detectado múltiples denuncias de irregularidades que necesitan ser atendidas con urgencia.
Enfatizó que la fiscalización de los fondos públicos no puede limitarse a las instituciones centrales, sino que debe extenderse a todas las provincias, donde, según explicó, se ha identificado un mayor número de denuncias recientes.
LENTITUD JUDICIAL
Los casos de corruptela administrativa presentados por el Ministerio Público en los años 2020-2024 avanzan muy lentamente y la ciudadanía se pregunta los motivos. Algunos llevan años sin que se haya logrado una sentencia en primera instancia, según el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) en el “Tercer Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa”.
Entre esos hechos se citan en el citado reporte: Anti Pulpo, Coral y Coral 5G, Caracol, Medusa, Calamar, Camaleón, Operación 13. El caso Anti Pulpo inició con medida de coerción en diciembre de 2020 y el Coral y Coral 5G en diciembre de 2021. Ninguno de estos dos eventos tiene sentencia definitiva a la fecha y se encuentran en juicio de fondo.
La acusación formal por el entramado de corrupción perseguido en la Operación Medusa involucra a 41 personas y 22 empresas, incluyendo al exprocurador Jean Alain Rodríguez, por el que se habrían apropiado de más de RD$1,000 millones (US$ 16,071,563).
Y finalmente, los casos son Calamar, Camaleón y Operación 13 con medidas de coerción en abril de 2023 y octubre de 2024.
Sin embargo, son reducidos los fallos judiciales emitidos por los jueces sobre esas indelicadezas. El 12 de junio de 2021, el Ministerio Público puso en marcha la “Operación 13”, nombre que hace alusión al bolo que usaron con el mismo número en la Lotería Nacional para maquinar el fraude cometido a bancas de lotería, en el sorteo del primero de mayo de ese año, que causó pérdidas estimadas en RD$500 millones (8,035,781 dólares estadounidenses). Por su presunta vinculación con el hecho, el órgano apresó a un grupo de 10 personas, encabezado por Luis Dicent, ex administrador de la institución.
Tras agotar un largo proceso de audiencias, el 6 de marzo de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó de culpas al ex administrador de la Lotería Nacional y condenó a penas de 7, 6 y 5 años de prisión a los demás imputados.
El sistema de justicia dominicano tiene el gran reto de mejorar los niveles de confianza. Según el estudio de Latinobarómetro 2024, apenas el (28%) de los latinoamericanos confía en el Poder Judicial, a esto le siguen los sindicatos (25%), el Congreso (24%) y los Partidos Políticos (17%). Las instituciones que generan más confianza para los países latinoamericanos son la Iglesia (61%), la radio (44%) y las Fuerzas Armadas (43%). INS
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