
Directivos del Partido de la Liberación Dominicana y de Participación Ciudadana ofreciendo detalles sobre los fondos aportados por la Usaid. Inter News Service
Santo Domingo, 14 feb (INS).- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) y el opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han empezado a cuestionarse públicamente en torno a los fondos que distribuía en el país la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID).
Mientras el PLD insiste en que se dé a conocer el desglose de los recursos administrados por la entidad no partidista, a la que acusa de tener una actitud bélica en contra de la organización, desde Participación Ciudadana precisan que su única agenda ha sido el fortalecimiento democrático y la lucha en contra de la corrupción.
“Se trata de un legítimo reclamo ciudadano sobre el manejo de recursos extranjeros en la vida política nacional y su eventual impacto en la política nacional, especialmente en el proceso electoral del 2020”, dijo Johnny Pujols, secretario general de la entidad política.
La opinión que fue expresada en un comunicado entregado en rueda de prensa, expresa que la transparencia no puede ser selectiva ni interpretarse como un ataque, cuando se solicita con fundamentos.
En el documento se afirma que “el Partido de la Liberación Dominicana no ha señalado ni acusado a periodistas, comunicadores ni a ninguna persona en particular. No lo ha hecho ni lo hará. No practica la difamación, pero tampoco aceptará ser objeto de ella”.
A juicio de Johnny Pujols, Participación Ciudadana ha mantenido durante años un discurso de constante ataque en contra de esa organización. Aseguró que la reacción actual de los diretivos de la organización cívica confirma “su agenda de deslegitimación contra el partido morado, pero la pregunta central sigue sin respuesta”
Al respecto indica que, en vez de procurar desviar la atención de un asunto de alto interés nacional, el movimiento cívico “debió explicar en qué se utilizaron los fondos otorgados por la USAID, si su uso influyó en la política nacional, de manera especial en las elecciones del 2020 o en la agenda mediática del país, y quiénes se beneficiaron de esos recursos y qué mecanismos de rendición de cuentas han aplicado”.
Tras la suspensión indefinida de las ayudas otorgadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Participación Ciudadana justificó el uso de las asistencias obtenidas desde esa organización.
Respondió a los recientes señalamientos que afirman que esas ayudas son utilizadas para desestabilizar gobiernos. Negó rotundamente estas acusaciones, calificándolas como parte de una campaña para desacreditar la entidad basada en “informaciones falsas”.
A través de un comunicado de prensa, emitido el 4 de febrero de 2025, aclaró que las contribuciones eran “monitoreadas y auditadas” tanto por la propia agencia como por “auditores independientes”.
“Los proyectos han estado orientados a la ejecución de programas de apoyo al fortalecimiento y modernización de la justicia, de los partidos políticos, a las municipalidades, a las mujeres, los jóvenes, la policía, entre otros. Además, a decenas de investigaciones, estudios, publicaciones, diplomados, talleres, ferias ciudadanas y una gran multiplicidad de actividades dirigidas a los ciudadanos y ciudadanas se realizaron con ese financiamiento; así como a apoyar gran parte de la observación de elecciones nacionales congresuales y municipales de las 13 elecciones que PC ha observado desde el 1996 hasta el 2024”, manifestó.
Mediante el documento enviado a los medios de comunicación, detalló que entre 2015 y 2022 la Usaid les desembolsó la cantidad de US$10,870,000 en el marco del convenio de cooperación AID-517-A-15-00006 “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ)”, pero los aportes han disminuido en los últimos dos años.
Destacó que ha encabezado consorcios o alianzas ganadoras en los concursos de la organización norteamericana y de otras agencias nacionales e internacionales. Entre las entidades locales participantes de las rifas citó a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), las Casas Comunitarias de Justicia, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Universidad Iberoamericana (Unibe).
En ese orden, entrevistada en el programa radial “Esto No Tiene Nombre”, la directora ejecutiva de PC, Fátima Lorenzo, afirmó que “nuestro trabajo siempre ha sido promover la transparencia, la rendición de cuentas y el uso adecuado de los fondos públicos. Si alguien entiende que eso es parte de una agenda política, entonces que lo explique con evidencias”.
Asimismo, criticó los intentos de algunos sectores, que no identificó, de desacreditar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de periodistas independientes, en sintonía con discursos impulsados por la administración del presidente norteamericano Donald Trump.
Lorenzo advirtió que este tipo de estrategias buscan deslegitimar la lucha contra la corrupción y los derechos humanos, afectando el ejercicio de la ciudadanía y la fiscalización del poder. Precisó que la entidad seguirá adelante promoviendo la transparencia y la democracia.
La disputa surge luego que el Gobierno federal de Estados Unidos suspendió a nivel mundial los programas financiados por la Agencia alegando que muchos de estos no se correspondían con los intereses del país y que sus empleados estaban en rebeldía.
Se recuerda que el 14 de agosto del 2010, el Gobierno norteamericano reveló que aportó fondos en el 2004, a través de Usaid, para el financiamiento del desaparecido periódico dominicano Clave Digital, el cual fue cerrado por sus actuales propietarios, el grupo Abrisa, aduciendo razones económicas.
Recientemente, también salió a relucir que varios periodistas y comunicadores dominicanos fueron beneficiados con esas donaciones económicas.
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) defendieron la conducta y ética moral de un grupo de sus miembros salpicados por acusaciones en el sentido de que supuestamente aceptaron dinero por medio de cheques, transferencias bancarias o nóminas oficiales auditadas de parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Los autores de esas acusaciones, que son señalados como políticos propietarios de algunas redes sociales, con expedientes en los tribunales por actos de corrupción, embarran a los periodistas Juan Bolívar Díaz, Luis Eduardo Lora (Huchi), Marino Zapete, Altagracia Salazar y Edith Febles. También, a la presentadora de televisión Mariasela Alvarez. Todos han negado haber recibido donaciones financieras de la entidad norteamericana. INS
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DEBATES POR DONACIONES