
Los decretos del presidente estadounidense Donald J. Trump afectarán a Puerto Rico. Inter News Service
Por Jesús Dávila
San Juan, 24 ene (INS).- Sin el dramatismo de las noticias desde otros países, en Puerto Rico hay señales contradictorias, como el entusiasmo empresarial de que Washington traerá bonanza económica, a la vez que se denuncia que el presidente Donald J. Trump decretó paralizar casi 1.800 millones de dólares de fondos para infraestructura.
El decreto, que cubre todo Estados Unidos y sus territorios (colonias), aparece en la Sección 7 de una orden sobre energía e infraestructura firmada por el Presidente Trump el pasado día veinte, y la denuncia es que en Puerto Rico se afectan ocho programas que reciben fondos de EEUU.
De igual forma, mientras la gobernadora Jenniffer González viajó a España para promover el turismo, el líder independentista Juan Dalmau, quien ya ha visitado cincuenta pueblos, prestó oído al llamado de líderes religiosos y se ha lanzado a ampliar la Alianza de País, que estableció originalmente con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
Las señales presentan un panorama incierto y en el marco de la misma Alianza, no están claras las relaciones entre sus componentes, así como en el propio oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) las voces del liderato no muestran un acuerdo.
Además, están reapareciendo focos de protestas, como las quejas estudiantiles por recortes en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los llamados a movilización en contra de acciones del Gobierno sobre recursos naturales.
La renuncia del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, en favor del nuevo comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, se ha entendido como una maniobra para posibilitar que esa formación política –ahora en un incómodo tercer lugar— pueda volver a ser opción de triunfo de la oposición. Ortiz mismo ha dicho que, en lo personal, está dispuesto al diálogo político con otros sectores.
Pero no son sólo las contradicciones internas las que ensombrecen la información sobre Washington. La avalancha de más de 200 decretos –que en EEUU se conocen como “órdenes ejecutivas”– y su complejidad con temas incluidos en secciones de otros, ha hecho difícil precisar asuntos tales como a cuánto podrán ascender los recortes de fondos pertinentes para Puerto Rico.
La sección sobre sobre la “Ley Bipartita de Infraestructura”, no da detalles sobre las cuantías ni renglones específicos afectados, pero la senadora Tina Smith (D-Minnesota) alertó públicamente sobre las obras que se detendrán en su estado.
Casi de inmediato, el abogado Gabriel Laborde, un ex líder estudiantil universitario que ha trabajado como investigador de asuntos públicos, difundió en detalle información sobre los fondos afectados para Puerto Rico.
Según el informe de Laborde, se detienen los desembolsos de 1.797.600.000 dólares de aportaciones federales de EEUU destinadas a Puerto Rico. En específico, la paralización incluye 1.100 millones para mejoras de carreteras, 473 millones para autobuses y tren urbano, 13.600 millones para servicios a automóviles eléctricos, 102 millones para aeropuertos regionales, 67 millones para el sistema de agua potable, un millón para estudios geológicos sobre terremotos, siete millones para el sistema eléctrico, y, finalmente, 34 millones para programas sobre huracanes.
Laborde no precisó cómo levantó los datos informados. A la vez, cuando un periodista preguntó sobre el tema al Comisionado Hernández, éste indicó que en su oficina no tenía información detallada sobre las transferencias de fondos de EEUU para Puerto Rico que están todavía pendientes de desembolsarse.
Antes de que Trump firmara los decretos, el Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico emitió un mensaje a la prensa titulado “Nuevo horizonte económico”, en el que su presidente, Ramón Barquín III, reaccionó al discurso inaugural del de nuevo presidente estadounidense.
Baquín dijo que el llamado a reformas económicas del presidente “es una oportunidad” y que “estas medidas podrían tener un impacto significativo en Puerto Rico, abriendo puertas para atraer nuevos inversionistas y facilitar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas locales”.

El excandidato a la gobernación Juan Dalmau ya trabaja en ampliarla Alianza de País. Inter News Service
El mismo día 20, Dalmau, en su carácter de secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), dio una rueda de prensa en la que informó los planes para buscar ampliar la Alianza y otros aspectos como la educación política y las finanzas de la formación política. Cuatro días antes, los coordinadores de la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Kelmadis Pérez Rivera y Ricky A. Rivera, le habían enviado una carta.
“Creemos firmemente –dice la carta de los religiosos citada por la agencia NCM Noticias– que la Alianza de País debe ampliarse a todas las organizaciones culturales, cívicas, políticas y religiosas que deseen un cambio profundo”
Los coordinadores Pérez y Rivera le enviaron la misiva del día 16 a Dalmau y a Ana Irma Rivera Lassén, coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana, que formó con el PIP la Alianza de País para los comicios de 2024.
Por su parte, Dalmau anunció en su rueda de prensa que “se continuarán los diálogos y acciones correspondientes para lograr y ofrecer de cara al futuro una Alianza de País fortalecida, más amplia y se iniciarán diálogos con diversos sectores para que participen en la misma”. Como periodistas le preguntaron a qué “sectores” se refería, repitió la lista de la carta de los religiosos y mencionó además los sindicatos de trabajadores.
Según Dalmau, esa ampliación de la Alianza puede incluir la postulación de candidatos, pero también otras funciones cónsonas con lo que cada grupo pueda y quiera aportar. Lo que sí dejó claro es que por el momento no está planteada la fusión del PIP y el MVC en una formación político electoral nueva y que es prematuro para hablar sobre candidaturas, inclusive la propia para la gobernación.
En los pasados comicios generales, Dalmau llegó segundo en la contienda para la gobernación, no sólo con votos del PIP y del MVC sino que recibió un gran respaldo de electores de otros partidos y votos “por candidatura”, es decir, de votantes que no se identificaron con formación política alguna. Ese respaldo combinado le permitió a Dalmau ganar en trece municipios y llegar segundo en la mayoría de los pueblos restantes.
Pero la campaña costó cerca de dos millones de dólares y el PIP todavía no ha iniciado reuniones con donantes.INS
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