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Vista de las toneladas de cocaína confiscadas por las autoridades dominicanas. Inter News Service
Santo Domingo, 13 ene (INS).- El Ministerio Público depositó este lunes, ante el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, la solicitud de medida de coerción en contra de siete de los implicados en el caso de las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas el pasado mes.
El tribunal fijó audiencia para conocer la petición cautelar este martes, aunque el órgano de persecución de delitos no suministró los nombres de los involucrados en el cargamento.
Junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) comunicó el domingo que iniciaron la “Operación Panthera 7”, una ofensiva contra una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.
Informaciones brindadas en una nota de prensa indicaron que esta acción permitió ocupar la cocaína en diciembre de 2024, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, siglas en inglés) de Estados Unidos.
En la operación participaron 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales, quienes han realizado arrestos y allanamientos en varios puntos del país.
Las unidades de élite emplearon técnicas de investigación, incluyendo reconstrucción de escenas del crimen con tecnología avanzada.
La indagación reveló que la cocaína fue transportada desde Colombia por vía marítima e ingresada a República Dominicana a través de puertos en Bayahibe, La Romana y Pedernales, regiones nacionales ubicadas en el Este y Sur, respectivamente.
Además, se reportó que la organización criminal captó empleados del Puerto Multimodal Caucedo de Boca Chica, donde fue incautada la carga, para facilitar el ingreso del alijo.
La red también operaba empresas como Grasswey Group SRL y GWG Transport, dedicadas al tráfico internacional de drogas. Se descubrió que cuatro hombres armados entraron al puerto para custodiar el cargamento con la complicidad de empleados portuarios.
Durante la intervención, los sujetos intentaron escapar secuestrando a un camionero, pero no lograron salir del puerto debido al despliegue de seguridad. Finalmente, los hombres huyeron saltando una verja perimetral.
Un contenedor con el alucinógeno, identificado la ficha FFAU4542281, fue interceptado mientras se intentaba mover la cocaína a otro con destino a Bélgica.
El camión utilizado para transportar el ilícito producto fue localizado y asegurado por las autoridades. Además, se halló un GPS en el vehículo que permitió rastrear el lugar donde fue cargada la droga.
Las evidencias digitales, vehículos, armas y otros elementos incautados en los allanamientos están siendo procesados como parte de la investigación. Las autoridades también han compartido información relevante con otros países.
En principio, se había informado que la polémica droga fue embarcada en Guatemala. En su procedencia se habían sorteado Colombia, Guatemala y Honduras, mientras declaraciones presidenciales confundían sobre la trazabilidad, las autoridades dominicanas aún no daban su versión definitiva.
Aunque ningún país había asumido la responsabilidad, ya que esto pondría en evidencia la falta de seguridad e incluso la posible complicidad entre entidades gubernamentales y el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
En cambio, tanto Guatemala como Honduras negaron su implicación, sugiriendo que el cargamento fue contaminado en la República Dominicana.
El 13 de diciembre de 2024, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que “ya quedó claro” que el contenedor en el que se decomisó casi 10 toneladas de la droga se cargó en República Dominicana y que así lo han admitido las autoridades dominicanas. INS
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