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San Juan, 25 nov (INS).- Retrasos en la radicación de informes, manera descuidada en la administración de fondos, cuestionamientos en los contratos, muertes que se pudieron haber evitado y la falta de estadísticas son algunas de las fallas administrativas que identificaron este lunes los componentes del Comité de Transición Entrante durante la presentación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
Pese a que la secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, dijo en la vista de transición del lunes que tienen un 100% de cumplimiento, hay más de 10 informes estadísticos que están atrasados: Perfil del confinado: radicado en 2019; Perfil de menores: sometido en 2016; Perfil de mujeres: en 2015; Fugas y capturas de confinados: en 2018; Detección de drogas: en 2017; Maltrato a menores en los centros: sometido en 2022; Muertes de confinados: en 2021; Medidas disciplinarias a los confinados: no hay en todo el cuatrienio, Registro e incautaciones: no hay en todo el cuatrienio, Reincidentes: no hay en todo el cuatrienio, y Muertes por fentanilo: radicado en 2021.
“Son las 4:46 p.m. y todavía no ha llegado ninguno de los informes… el Comité de Víctimas de Delitos no está constituido… para los aumentos a los oficiales correccionales se usaron fondos federales ARPA que expiran en diciembre de 2024 y la agencia dice que se los pedirá al gobierno central, mientras que la Junta de Control dijo que usar los fondos ARPA para cubrir áreas que necesitan recurrencia constante es un peligro… se supone que el Departamento sea para rehabilitar, pero los procesos son pocos o lentos”, señaló que hizo el presidente del Comité de Transición Entrante, Ramón Luis Rivera Cruz.
El profesor Jorge Colberg Toro opinó que el Departamento de Corrección necesita profundos cambios dramáticos y que “está manga por hombro”, sin información vital que no ofrece, por lo que la nueva administración va a entrar a ciegas”.
Cuestionó que la secretaria Escobar Pabón se adjudique como uno de sus logros su trabajo en el área de rehabilitación cuando no hay estadísticas para poder haber sustentado algún plan de trabajo.
El catedrático César Alvarado dijo que es “inaceptable que en el proceso de investigaciones se digan que los confinados manipulan los hechos…tenemos que estas personas le han fallado a la sociedad y ya están cumpliendo sentencia en los distintos penales y hay que tener mucha sensibilidad con esto que son vidas”.
Además, Colberg Toro cuestionó el contrato 2005-047, que el Departamento de Corrección tiene un contrato desde agosto por $1.3 millones con una compañía de seguridad para una instalación en Salinas, la cual está vacía desde julio debido a un acuerdo con los alguaciles federales de transferencia de confinados.
Mientras la exfiscal Janet Parra reaccionó “sorprendida” al escuchar a la secretaria Escobar Pabón decir que no ha habido acción correctiva con relación al caso de Hermes Ávila ya que, a pesar de los hallazgos, no se ha cancelado ningún contrato o servicio, ni se ha destituido a nadie.
La licenciada Veronica Ferraiuoli Hornedo se enfocó en el área de salud correccional y adicciones dentro de la cárcel, debido a que hay 67 personas fallecidas por opioides, pero no hay plan para bregar con ello.
Contrario al último estándar de National Commission on Correctional Healthcare que recomienda que el medicamento para combatir sobredosis de opioides Narcan (naloxone) debe estar disponible para todos los confinados, la secretaria indica que cada confinado individualmente no tiene el medicamento en su unidad de vivienda y no recomienda que sea así porque pueden usarlo incorrectamente.
La abogada Ferraiuoli Hornedo enfatizó que de haber estado este medicamento accesible, pudo haber evitado sobredosis.INS
ndc