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Los policías imputados de vender más de 900 mil municiones, mientras eran conducidos al tribunal. Inter News Service
Santo Domingo, 18 nov (INS).- El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra una presunta red criminal desmantelada mediante la Operación Pandora integrada por agentes de la Policía Nacional, entre estos un coronel, un teniente y dos capitanes, acusados de sustraer 900 mil proyectiles de la uniformada y los vendían.
Una comitiva del órgano acusador, que pidió que el caso sea declarado complejo, y depositó la solicitud de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, la encabezó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
Las municiones sustraídas del Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, entre las cuales hay 230,340 cápsulas calibre 5.56 milímetros utilizados para fusiles, eran sacadas camufladas para evadir las cámaras de seguridad, según la acusación contra diez policías.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió aplazar la vista para el próximo lunes, 25 de noviembre. El receso fue solicitado por la defensa de los imputados y de una empresa involucrada, debido al extenso volumen del expediente presentado por el órgano de persecución.
Wilson Camacho expresó que el documento consta de 213 páginas y unos 135 medios de prueba. «Este es un caso sumamente grave que se ha dado dentro del seno de la Policía Nacional y compromete la seguridad dentro de la República Dominicana», manifestó. Aclaró que los investigadores continúan el rastreo de los lugares donde eran comercializadas las municiones.
La indagación que condujo a la Operación Pandora se inició el pasado mes de octubre, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía y de la dirección general de la uniformada.
En la ejecución de esa jornada participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), además de más de 40 fiscales que hicieron allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Juan Sánchez Ramírez y Pedernales.
Durante la operación fueron apresados el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También, los capitanes Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos, y Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de pertrechos; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central; el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
El coronel Narciso Antonio Féliz Romero se desempeñó como intendente desde el mes de noviembre del 2023 hasta el 25 de octubre de este año 2024.
Sobre las cápsulas 5.56 milímetros para fusiles, el órgano persecutor señala que la sustracción se considera una acción grave “debido a que son armas de guerra y no están permitidas a los civiles».
Contra el coronel Narciso Antonio Feliz Romero y el capitán y auditor Víctor Manuel Santos se les imputa que «coordinaron que fuesen confeccionadas cajas falsas para cubrir los faltantes en el área de intendencia de armas, lo cual no impidió que se verificara la ausencia de estas municiones que fueron sustraídas para su venta ilegal por estos agentes policiales».
Otros de los pertrechos faltantes son: 82,949 cartuchos calibre 12 milímetros para escopetas y 489,907 cápsulas, calibre 9 milímetros, que en «total se evidencia un faltante de 908,001 municiones de diferentes calibres, las cuales estaban bajo custodia del Departamento II de la Intendencia de Armas y que fueron sustraídas de «manera masiva, organizada y sistemática».
«El precio de las cajas de las balas de 9mm con 50 unidades, hurtadas de los depósitos de la uniformada, eran vendidas entre los tres mil ochocientos y los cuatro mil quinientos pesos dominicanos (equivalentes a 63 y 75 dólares estadounidenses), se detalla en expediente.
Según los fiscales investigadores, el robo de esos pertrechos durante el año 2024 tuvo un impacto económico para la Policía Nacional y el Estado dominicano de RD$64,954,505.48» (US$1,082,575). INS
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