
Sede principal en Santo Domingo de la Procuraduría General de la República. Inter News Service
Santo Domingo, 5 nov (INS).- La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio penal contra 17 personas acusadas formar parte de una red criminal que a cambio de sobornos borró casi 17,000 antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República.
A través de la Operación Gavilán, el Ministerio Público desmanteló la estructura que funciona a nivel nacional para beneficiar a sujetos fichados por la comisión de diversos delitos.
La mayoría de los imputados son exempleados del órgano de persecución de delitos, según el expediente depositado ante el tribunal.
Indica que esta red benefició a sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, así como a personas involucradas en la adulteración de bebidas alcohólicas y secuestros.
De acuerdo a la acusación, la organización llegó a quitar antecedentes, incluso, de condenados a penas de hasta 30 años de prisión.
Los que ahora pasan a la etapa de una vista penal son el exfiscalizador Luis Peña Cedeño, Alfredo Mirambeaux Villalona, Mártires Rosario Reyes, Rubén Darío Morbán Santana, Ashley Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrene Medina Trinidad de Dotel, Romanqui Alexander Dotel Medina, Yokaira Elizabeth Carmona y José Ramón Quezada Carmona.
Además, Antony Vicente Ferrer Monegro, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Dilcia Argentina Núñez Santos, Luis Alfredo Astacio Polanco, Katherine Franchesca Astacio Polanco, Jancely Estala Arias López, Domingo Julio Santana Sánchez y la empresa Nexcom Technology.
Los fiscales adscritos a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Andrés Mena y Eduardo Velázquez, presentaron las imputaciones en contra de los encartados.
Cuando se dio a conocer la investigación, se informó que al menos siete procuradores fiscales estaban vinculados en la operación delictual, pero no se han revelado quiénes son.
El Ministerio Público establece que los individuos adulteraron registros penales e integraban a familiares, amigos y allegados para facilitar movimientos económicos. También, adquirieron bienes y servicios con los fondos obtenidos de estas actividades ilícitas. INS
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APERTURA DE JUICIO PENAL-01-INS