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En las gráficas de archivo, la sede de la Cancillería dominicana y miembros del Consejo de Transición Presidencial de Haití. Inter News Service
Santo Domingo, 18 oct (INS).- El Gobierno dominicano reafirmó su rechazo a las acusaciones de las autoridades haitianas, que sostienen que las deportaciones de inmigrantes indocumentados tienen un «componente racista» y aseguró que las expulsiones se realizan en apego al Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación que firmaron ambos países en 1999.
En una nota diplomática enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) al cuerpo diplomático acreditado en el país, manifiesta que la inmigración irregular implica para el Estado dominicano una presión económica insostenible en los servicios públicos que se ofrecen gratuitamente como la salud y la educación.
En ese sentido, llamó a las delegaciones diplomáticas a verificar si el vecino país cumple con su parte del convenio, entre lo que destaca que debe dotar de documentación a sus nacionales.
Sostuvo que en República Dominicana «no existe ninguna política de Estado para discriminar, promover la xenofobia, ni mucho menos maltratar a personas de ninguna nacionalidad».
«Resulta lamentable que en lugar de fortalecer los esfuerzos por enfrentar la crisis haitiana para que cesen las causas endógenas de la emigración desde ese país, las autoridades haitianas se concentren en acosar y denunciar las acciones del Gobierno dominicano en aplicación de su marco regulatorio, las cuales han sido reconocidas como legítimas por el propio Estado haitiano», dice el documento del Mirex.
El Estado local dijo que “continúa comprometido con priorizar la promoción y protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, y por ello toma con gran seriedad cualquier denuncia relacionada con estos temas».
«El Gobierno haitiano y la comunidad internacional saben muy bien sobre el esfuerzo que hemos desplegado para que Haití recupere su normalidad. También saben cuál es el impacto que produce el crecimiento descontrolado de las migraciones sobre la economía y la estabilidad de un país. Pero hasta el momento no hemos recibido ninguna muestra de interés de esos dos sectores para respaldar a la República Dominicana en sus esfuerzos para alcanzar una mejor gobernanza migratoria. No obstante, nosotros sí sabemos lo que tenemos que hacer para garantizar nuestra estabilidad», resalta en el escrito diplomático.
Recordó que la entrada irregular implica «una presión económica insostenible para República Dominicana en los servicios públicos que se ofrecen gratuitamente en República Dominicana como la salud y la educación.
El pasado 2 de octubre, las autoridades nacionales anunciaron un plan de deportaciones masivas de extranjeros indocumentados, con la meta de repatriar hasta 10,000 haitianos en una semana, a fin de reducir aquí la estadía irregular.
En el primer trimestre de 2024, unos 28 mil 318 extranjeros han sido deportados a sus países de origen o procedencia, informó el miércoles la Dirección General de Migración (DGM), entre haitianos, estadounidenses, colombianos, cubanos, venezolanos, holandeses e italianos.
De acuerdo con esa dependencia estatal, en lo que va de año se han reconducido a 45 mil 640 extranjeros y han retornado de manera voluntaria 60 mil 453, que totalizan 106 mil 093.
La medida ha sido criticada por el liderazgo de Haití y la queja ha sido llevada a diferentes foros internacionales. El pasado lunes, el Consejo de Transición Presidencial instó urgentemente a las autoridades dominicanas a «cesar cualquier política de deportación racista sin respeto a los procedimientos legales y sin consideración a la dignidad humana y esto en un contexto de creciente xenofobia».
La Cancillería dominicana recordó que el flujo migratorio desde ese destino data desde la década de los 80´s y continuó incrementándose en los años siguientes, lo que llevó a que en 1999 ambos regímenes suscribieran el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación bilaterales.
Expuso que en ese convenio Haití reconoció que República Dominicana tiene legítimo derecho a repatriar a sus ciudadanos indocumentados desde este territorio y, en consecuencia, se comprometió a establecer puestos de control migratorio a lo largo de la frontera compartida para evitar el flujo ilegal de ciudadanos hacia el suelo quisqueyano, y a «redoblar sus esfuerzos para dotar a sus nacionales de documentos de identidad haitiana.
«Desde la llegada al gobierno del presidente Luis Abinader, se decidió implementar una política de Buena Vecindad hacia Haití sustentada en tres ejes esenciales: el diálogo, el respeto mutuo y la solidaridad entre los dos Estados, y por ello una de las primeras medidas tomadas fue acercarse al Gobierno haitiano. Esto condujo a que el 10 de enero de 2021, el presidente se reuniera en la frontera con su homólogo, Jovenel Moïse y que juntos ofrecieran una declaración de nueve puntos que instituyó un verdadero programa de colaboración», indica la nota diplomática.
Agrega que la agenda acordada por ambos mandatarios se vio truncada con el asesinato de Moïse, en julio de 2021, hecho que además marcó un deterioro de la seguridad e institucionalidad en ese país.
En el comunicado compartido con la comunidad internacional, el Gobierno dominicano señaló que sigue abierto a un diálogo con Haití, «el cual ha tratado de sostener por años para beneficiar a ambas naciones». INS
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CONFLICTO MIGRATORIO RD/HAITI-01-INS