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El procurador adjunto Wilson Camacho ofreciendo detalles del entramado de corrupción. En la gráfica inferior, los imputados en el caso. Inter News Service
Santo Domingo, 6 oct (INS).- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, informó que el Ministerio Público espera que se les otorgue el máximo de prisión preventiva, como medida de coerción, a siete personas imputadas en la denominada Operación Camaleón, señaladas de pertenecer a una presunta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco y estafa contra el Estado dominicano.
El órgano de persecución de delitos pidió medida cautelar consistente en prisión preventiva contra Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez); Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante ante el Comité de Compras; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; y Carlos José Peguero Vargas, encargado de los asuntos técnicos e informáticos de la empresa de Jochi Gómez. Beras Goico Ramírez desempeño el cargo desde el 15 de agosto del 2022 hasta el 13 de noviembre del 2023
Los individuos fueron detenidos luego de ser interrogados varias horas con relación al comentado acto criminal, que involucró contratos millonarios y fraudulentos a través de licitaciones públicas entre el estatal Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la empresa Transcore Latam.
Al grupo le atribuyen constituir una organización del crimen organizado “dedicada al desfalco, estafa contra el Estado a través de las licitaciones públicas, uso de documentos falsos, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, delitos de alta tecnología, lavado de activos y robo de identidad».
“La prisión preventiva está vinculada al máximo que otorga el Código Procesal Penal, y nosotros esperamos que el tribunal nos otorgue el máximo”, manifestó Wilson Camacho a la salida de la audiencia en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. En ese sentido, destacó que la solicitud presentada incluye unos 245 medios de prueba, cantidad que considera más que suficiente para respaldar cada una de las afirmaciones del organismo acusador.
Camacho, que calificó el caso como complejo «por tratarse de crimen organizado», manifestó que “se trata de un proceso con delitos graves”.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó la vista cautelar para el martes 8 de octubre, con la finalidad de que los abogados de los imputados puedan conocer la extensa oferta probatoria del Ministerio Público y preparar sus presupuestos de defensa.
En el expediente, que consta de 304 páginas, se detallan las alegadas «características de la organización criminal por contratos millonarios» entre el Intrant y la empresa Transcore Latam, ofreciendo un panorama exhaustivo de las actividades ilícitas en las que habrían estado involucrados los imputados.
A continuación, las 25 características del hecho descritas por la Pepca:
-Crearon una organización criminal con participación activa de funcionarios, exempleados y ciudadanos con historial de haber participado en hechos delictivos. Seleccionaron al oferente antes de subir el proceso de licitación al portal institucional.
-El oferente seleccionado participó en la elaboración del pliego de condiciones, el cual se estuvo trabajado en su empresa, evidentemente que se hizo un traje a la medida. El Director Ejecutivo del Intrant puso en manos de una persona reconocida y con antecedentes de hacer uso ilícito de las informaciones, la red semafórica del Gran Santo Domingo.
-El Director Ejecutivo del Intrant compartía de forma habitual, en actividades sociales y actividades familiares del imputado.
-Lograron que el Ministerio de Defensa, en junio del 2020, le firmara un contrato ilegal, para la organización criminal tener acceso a informaciones sensitivas del Estado, ingresar al país equipos propios de las agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
-Utilizaron el contrato ilegal para traer al país tecnología que son autorizadas para uso exclusivo de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa. Adulteraron un arma de fuego, de la que tenía licencia, convirtiéndola en un arma de guerra.
-Las autoridades ejecutivas imputadas ocultaron las informaciones e incidencias que indicaban que debía de detener la licitación, lo hicieron por absoluto compromiso con la maniobra fraudulenta para favorecer a sus asociados criminales.
-Impugnaron la decisión del órgano control que le notificó las graves irregularidades del proceso de licitación. Los funcionarios públicos, al momento de los hechos, recibieron soborno para favorecer a los imputados que eran parte del entramado societario.
-Usurparon la identidad de agencias de defensa y seguridad del Estado colocando cientos de cámaras, en sectores del gran Santo Domingo, sin tener autorización.
-La estructura societaria tenía absoluto control del sistema de monitoreo de la red semafórica y del sistema de cámara de la agencia de seguridad del Estado, a la que la estructura colocó en múltiples sectores del Gran Santo Domingo.
-Amenazaron y cumplieron. En el mes de agosto, los imputados causaron un sabotaje a la red semafórica del gran Santo Domingo. Excedieron el contrato firmado con relación al pliego de condiciones y la ejecución excedió el contrato.
-Robaron y usaron identidad de personas físicas y jurídicas para participar en el proceso de licitación fraudulento. Crearon un consorcio que era realmente otra maniobra fraudulenta para que también participara en el proceso de licitación como un oferente, pero realmente era una simulación.
-Crearon una compleja red de espionaje satelital. Hacían extracciones ilegales de informaciones telefónicas, colocaron drones en lugares estratégicos de la ciudad para hacer vídeo vigilancia para uso ilícito; realizaron acciones administrativas y penales para atacar la suspensión del contrato que había hecho el órgano regulador; atacaron infraestructuras críticas del Estado causando un caos en el tránsito, adquirieron bienes costosos, incluyendo inmuebles y vehículos blindados; lavaron activos productos de las acciones criminales cometidas, infiltraron las distintas investigaciones que se iniciaron, con el objetivo de obstruirla.
LA CONJURA
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa señala que el ex titular del Intrant coaccionó para violar la ley en complicidad con Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, este último director administrativo y financiero de la institución.
«Los anteriormente señalados formaron una asociación de malhechores con José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y la empresa Transcore Latam S.R.L. para estafar al Estado dominicano, amañando un proceso de licitación que le fue adjudicado a estos por la suma de RD$1,317,350,997 (equivalente a 21.815.152 dólares estadounidenses)», señala el documento.
Agrega que en la referida adjudicación, a través de Transcore Latam S.R.L, a los imputados les fue otorgado el control del sistema semafórico y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, quienes vincularon dichos sistemas en un centro de monitoreo y control de la empresa de nombre AURIX S.A.S., que se dedica a la »investigación e inteligencia privada», y es propiedad del imputado José Ángel Gómez Canaán.
De igual forma, el Ministerio Público establece que crearon un esquema de lavado de activos, a través del cual movilizaban el dinero que Transcore Latam S.R.L. recibió de parte del Intrant y lo transferían a las cuentas de INPROSOL S.R.L., Carlos José Peguero Vargas, Aquiles Jiménez, entre otras personas que se encuentran bajo investigación.
Laura Acosta y Luis Rivas, abogados de Hugo Beras, comentaron que esas evidencias se irán «desmoronado» en el camino y que de su defendido «no hay nada».
EL ESPIONAJE
Según las imputaciones, los implicados en la operación Camaleón buscaban conformar una red de espionaje, dirigida por José Ángel Gómez Canaán, que obtendría acceso a datos personales o información corporativa confidencial, como conversaciones telefónicas, mensajes y el historial de búsqueda de los observados.
Precisa que el pasado titular del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre habría concertado con Gómez Canaán para obtener una red de radiocomunicación privada que utilizaría frecuencias atribuidas al servicio fijo en la banda de 2.300 MHz.
«Al espiar otras redes cercanas obtendría el acceso a llamadas telefónicas, transmisiones de video, datos de navegación por internet o incluso mensajes de texto sin la autorización del propietario de la red legítima», establece texto. INS
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