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El jurista Wilson Gómez Ramírez (centro), presidente del Instituto Duartiano. Inter News Service
Santo Domingo, 25 sep (INS).-El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, calificó como una falta de respeto la exigencia que hace el movimiento Reconocido, de que se le otorgue la nacionalidad dominicana a los haitianos que viven en República Dominicana.
El grupo compuesto por hijos de haitianos, pero nacidos en este territorio, expresó en una manifestación pública realizada el pasado lunes que si sus integrantes no son dominicanos, “tampoco lo es el presidente Luis Abinader”.
“Es un irrespeto porque el presidente de la República como muchas personas que tienen origen en otras nacionalidades, pero que han cumplido debidamente con los preceptuados por la ley, han nacido en el país en condiciones absolutamente regulares, por tanto no puede bajo ninguna circunstancia este grupo de personas pretender extorsionar, chantajear de manera vulgar a la autoridad nacional para que le otorgue una nacionalidad que no le corresponde, de acuerdo al ordenamiento jurídico dominicano y la Constitución”, dijo Gómez Ramírez.
Declaró en una rueda de prensa que la sentencia 168 -13, del 23 de septiembre de 2013, dictada por el Tribunal Constitucional respecto a cómo se obtiene la nacionalidad dominicana, fue una disposición precisa y se acogió a los términos de la constitucionalidad en cuanto a la legalidad.
“Es una decisión soberana el Estado dominicano y del estamento que, como el Tribunal Constitucional, sus decisiones definitivas no están sujetas a ningún tipo de recurso y además son de cumplimiento obligatorio”, declaró el también exjuez de esa alta corte.
Esa sentencia establece los lineamientos para otorgar la nacionalidad a extranjeros, cuyos padres estén en el país en condiciones regulares.
El presidente de la entidad patriótica entiende que las autoridades tienen que darle respuesta al movimiento Reconocido. “Aquí no se puede permitir ese tipo de manifestaciones irrespetuosas e irresponsables, y que en cierto modo constituyen una afrenta a la libertad de expresión”.
El grupo Reconocido, que cuenta con el respaldo de algunos periodistas nacionales, protestó a las afueras del Palacio Nacional, donde su integrantes denunciaron que no les permiten trabajar ni estudiar.
“Incluso ni sacar un chip porque para ellos no somos dominicanos y claro que lo somos porque nacimos aquí”, expresó Elena Lora, una de las manifestantes y miembro de la organización. Esa protesta han sido recurrentes en años anteriores, siendo una de estas la efectuada el 23 de mayo de 2023 frente a la sede del Congreso Nacional.
Durante LA Semanal con la Prensa efectuada en Nueva York, Estados Unidos, el presidente Luis Abinader se pronunció escuetamente a la marcha. El mandatario hizo referencia al deber del Poder Ejecutivo de actuar bajo el ordenamiento jurídico establecido y la Constitución de la República.
«Tenemos que esperar a que se cumpla la ley y a la Constitución», dijo el gobernante. La Carta Magna no otorga la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros que ingresaron al país ilegalmente.
La decisión pronunciada por el Tribunal Constitucional estableció que sólo se consideran como nacionales las personas nacidas en territorio dominicano, de padres dominicanos o residentes legales.
El criterio establecido en el veredicto, así como las medidas que se han adoptado para dar cumplimiento, han representado una etapa crucial en un proceso histórico promovido por las autoridades nacionales.
El dictamen del tribunal colegiado ha sido rechazado y criticado por organismos adscritos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que afirman que más de 200 mil personas de origen haitiano son supuestamente apátridas en República Dominicana.
En un informe publicado en el 2015, la CIDH presentó su posición sobre el caso de los derechos humanos a la nacionalidad, la personalidad jurídica, la igualdad y la no discriminación, así como otros derechos relacionados, a partir de la situación generada por la sentencia 168/13.
Además, formula recomendaciones encaminadas a colaborar con las autoridades en adaptar las políticas, leyes y prácticas para asegurar que estén conforme con las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente por el Estado en materia de derechos humanos.
El documento fue calificado de “inaceptable” por el local Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) al considerar que fue elaborado con «datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves omisiones», en franco desconocimiento de los significativos avances alcanzados en el Estado dominicano. INS
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