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San Juan, 25 abr (INS).- Una solicitud de seis organizaciones para que se reviertan determinaciones de tribunales de menor instancias, que impiden el acceso a la justicia de quienes procuran se salvaguarde el interés público frente al desarrollo indiscriminado de proyectos solares industriales, quedó sometida hoy ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
La solicitud presentada a través de un recurso de certiorari, busca que se revoque la determinación del Tribunal de Apelaciones confirmando, a su vez, al Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan, que desestimó un recurso de mandamus radicado por las organizaciones para que se escucharan sus argumentos.
Plantearon que el Negociado de Energía tiene el deber de hacer valer la Reserva Especial Agrícola y el Plan de Uso de Terrenos, y que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) le debe ayudar a cumplir ese deber a través de unas conclusiones que la ley requiere que someta.
En su recurso, las organizaciones indicaron que “existe un conflicto directo entre ambas decisiones (judiciales anteriores) y que, en la práctica, deja a las aquí peticionarias sin un foro. El acceso a la justicia sólo es posible con la expedición aquí solicitada”.
Las organizaciones peticionarias indicaron que las decisiones previas de ambos foros de menor jerarquía dejan al pueblo sin un remedio legal cuando el Negociado de Energía incumple con su deber.
Ambos foros reconocen jurisdicción exclusiva al Negociado y exhortan a las organizaciones a acudir ante el Negociado mediante un proceso administrativo, pasando por alto que así lo habían hecho ya en un caso similar, donde el Negociado negó tener jurisdicción sobre la ubicación de los proyectos.
En ese caso anterior, el Tribunal de Apelaciones confirmó que el organismo carecía de jurisdicción sobre la ubicación de los proyectos.
“La sentencia remite injusta y arbitrariamente a las comparecientes a un foro que niega tener, y se declara consistentemente sin jurisdicción para considerar y aplicar la Reserva Especial Agrícola y el Plan de Uso de Terrenos”, establece el recurso.
El fallo, además, tiene la consecuencia directa de requerir a las entidades comparecientes que acudan a un proceso administrativo y de revisión judicial que ya se agotó.
“No es necesario que las comparecientes acudan nuevamente ante el (Negociado de Energía) mediante querella y revisión judicial para que aplique la Reserva Especial Agrícola y el Plan de Uso de Terrenos”, según el recurso radicado.
Las organizaciones señalaron que el Negociado de Energía se propone continuar evaluando proyectos industriales de energía sin identificar los lugares aptos, “tales como sistemas de relleno sanitario no operacionales y aquellos terrenos previamente contaminados”, según dispone la Ley de Política Pública Energética.
Además, sin considerar que la mayoría de esos proyectos industriales se proponen ubicar en Suelos Rústicos Especialmente Protegidos Agrícolas, en la Reserva Especial Agrícola, lo cual es incompatible y perjudicial para el interés público porque atenta contra la seguridad alimentaria.
Por lo anterior, solicitaron al Supremo de Puerto Rico que ordene al DDEC asistir en la identificación de los lugares aptos para viabilizar la integración de energía renovable a la red eléctrica, y a someter sus conclusiones al Negociado, expresamente excluyendo aquellos que se identifican como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos – Agrícolas (SREP-A).
“Queda claro que las decisiones sobre proyectos industriales de energía que dañan terrenos de alto valor agrícola que impactan, además, zonas pobladas ya por familias, están en manos de una entidad que no ha querido asumir jurisdicción para analizar sus impactos”, explicó Marissa Reyes Díaz, de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica.
Consideró que se trata de un asunto es urgente, debido a que el Negociado está por evaluar entre 70 y 80 de estos proyectos, y la mayoría de ellos sin identificar los lugares aptos, sin aplicar el Plan de Uso de Terrenos y sin considerar la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico.
“Es importante destacar que las organizaciones no nos oponemos a la energía renovable, todo lo contrario, contamos con una larga trayectoria de apoyar la energía solar en techos con almacenamiento y las microrredes que aportan mayor resiliencia a la red”, apuntó Reyes Díaz.
Precisó que la energía solar en techos permite la tan necesaria transición a fuentes sostenibles sin poner en peligro nuestra soberanía alimentaria.
En la actualidad, expresó, “el 85% de lo que se consume en Puerto Rico es importado, y Puerto Rico tiene una de las tasas de inseguridad alimentaria más altas en Estados Unidos. Es por ello que no debemos poner en peligro el escaso suelo agrícola que nos queda y que se debe respetar y hacer valer la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico. Es así que la ley lo requiere”.
Las organizaciones que presentaron el recurso son la Liga de Ciudades, la Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica, el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, El Puente de Williamsburg, el Comité Diálogo Ambiental y Sierra Club Puerto Rico.
Desde el año 2022, este grupo de organizaciones ha insistido en que las dependencias públicas deben proveer toda la información relacionada con los proyectos industriales de producción de energía solar, que se identifiquen terrenos previamente impactados para ubicarlos y se protejan, excluyendo de los planes de desarrollo, terrenos Suelos Rústicos Especialmente Protegidos Agrícolas en la Reserva Especial Agrícola.
Para ello, han presentado estudios e información técnica y científica de diversos especialistas y han contado con el apoyo legal de Earthjustice (JusticiaTerrestre).
Las agencias citadas en el caso son el Negociado de Energía, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE), la Junta de Planificación (JP), el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Secretario de Justicia.INS
ndc