San Juan, 12 feb (INS).- La representante Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, logró una victoria en su reclamo de entrar a la Cámara de Representantes sin mascarilla, luego de que el juez superior Anthony Cuevas Ramos acogiera hoy su demanda contra el presidente legislativo Rafael Hernández Montañez, con la advertencia de arresto y encarcelamiento de incumplirse la determinación judicial.
Al analizar los hechos alegados en este caso, dijo el magistrado del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, entendemos que, de no ordenarse de inmediato a los demandados que cesen y desistan de su actuación, se estaría interfiriendo con la función constitucional de la demandante de representar a sus constituyentes descargando su deber ministerial de deliberar y votar por las medidas del día.
Tratándose de la única portavoz del partido político Proyecto Dignidad en la Cámara, el tribunal entiende que “se ocasionaría un grave daño irreparable no actuar en este momento emitiendo la presente orden de entredicho provisional para ordenar el cese y desista de prohibirle el acceso al Hemiciclo de la Cámara y a otras áreas que necesite entrar para llevar a cabo todas sus prerrogativas constitucionales”.
“Se advierte que el incumplimiento con esta orden será causa suficiente para ordenar su arresto e ingreso a la cárcel por desacato criminal”, dijo el juez Cuevas Ramos sobre el reclamo, que también involucra a los funcionarios de la Cámara Manuel Díaz Espino, Luis Ramos Rivera y Javier Gómez Cruz.
A tenor con lo anterior, y acorde con lo dispuesto en la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, el magistrado procedió a declarar “Ha lugar” la solicitud de entredicho provisional desde hoy, 12 de febrero de 2024, a partir de las 4:55 de la tarde.
Burgos Muñiz utilizó la vía legal contra Hernández Montañez, y otros funcionarios de la Cámara, ante el atropello a sus facultades legislativas, al imponer la obligatoriedad de la mascarilla como requisito para ejercer su principal labor legislativa.
La demanda solicitaba que se declarara que la más reciente orden administrativa emitida por el presidente de la Cámara de Representantes, y ejecutada por los demás demandados en carácter oficial, implementando la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todas las facilidades de este cuerpo legislativo es inconstitucional, pues impide que la representante ejerza sus funciones de manera arbitraria y caprichosa.INS
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