R. Dominicana-La Procuraduría General detiene fiscales y otras personas acusados de borrar antecedentes penales de narcotraficantes y violadores sexuales

Santo Domingo, 3 ago (INS).- La Procuraduría General de la República apoderó al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional del expediente contra 12 individuos, entre estos siete fiscales, vinculados a una estructura dedicada en todo el país a eliminar del sistema informático judicial, a cambio de sobornos, los antecedentes penales de individuos procesados por diversos delitos, que incluye sicarios, narcotraficantes y violadores sexuales.

Al efecto, fue designado un juez de la Corte de Apelación para el conocimiento del caso seguido a los fiscales adjuntos en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.

Las detenciones se realizaron en allanamientos practicados en las distintas provincias del país a través de la Operación Gavilán, a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.

De acuerdo al expediente, con el borrado de fichas penales también han sido beneficiados imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro, posibilitando, incluso, que personas recluidas en las cárceles cumpliendo condena de hasta de 30 años, figuren sin registros por hechos precedentes.

Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado fueron amparados por los involucrados en la red.

En ese contexto, el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional fue apoderado de la solicitud de prisión preventiva a las personas vinculadas en la organización desarticulada, integrada por fiscales, empleados administrativos y policías.

La instancia fue depositada por los fiscales adjuntos Sourelly Jáquez y Andrés Mena en la que piden reclusión preventiva como medida de coerción para Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.

Igualmente, la decisión afecta a Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva, así como los empleados de la Procuraduría, Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez.

Incluye por igual a Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes; el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.

Por otro lado, la Procuraduría General de la República depositó en la Suprema Corte de Justicia la acusación contra la diputada Rosa Amalia Pilarte López por lavado de activos provenientes del narcotráfico. El proceso lo conocerá en ese tribunal el juez especial Napoleón Estévez Lavandier debido al privilegio de jurisdicción que le asigna el ordenamiento jurídico nacional en su condición de diputada.

A la congresista de la provincia La Vega se le señala de prestarse para colocar en el mercado financiero más de RD$2,593 millones de pesos (un total de USD46,018,227) procedentes de actividades de narcotráfico y no ha podido justificar la integración a la economía dominicana de esa cantidad de dinero.

Pilarte López fue identificada como integrante de la red que encabezaba su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López), quien es acusado de dirigir la organización criminal. INS

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