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Al centro, la procuradora general Miriam Germán Brito y el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, luego de la firma del acuerdo. Inter News Service
Santo Domingo, 25 may (INS).- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, firmaron un acuerdo interinstitucional que permitirá el empadronamiento y desarrollo de la información biométrica en los centros de corrección y rehabilitación del sistema penitenciario, que permitirá a las personas privadas de libertad ejercer el derecho a votar cada cuatro años en las elecciones generales.
Los pasos consensuados están dirigidos a lograr la entrada en vigencia del voto penitenciario a partir de los comicios del 2024, con el cual se persigue respetar derechos civiles y políticos de aquellos internos que no los tengan suspendidos.
Germán Brito indicó que ese convenio reviste una importancia considerable “porque reconoce derechos que están consagrados en la Constitución de la República y los reconoce en favor de los más desfavorecidos de la sociedad”.
Dijo sentirse emocionada al considerar que con este pacto se devuelve a los presidiarios parte de su humanidad. “Esto tiene una relevancia enorme, porque es un avance en el camino a reconocerle a los privados de libertad su condición humana, que no sean un número encerrado, que ejerzan este derecho y puedan hacer valer su criterio con relación a tal o cual persona o candidato”, puntualizó titular del Ministerio Público.
Precisó que “el derecho al voto tiene una larga historia de exclusión, por ejemplo, las mujeres fuimos excluidas por muchos años y no hace tanto que se nos reconoció el derecho al voto; entonces, esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza, en favor de tal o cual candidato, que creen que responden mejor o tiene una mayor preocupación por su situación”.
La funcionaria resaltó el camino recorrido para lograr la obtención de los derechos fundamentales de los ciudadanos, destacando con ello la importancia del acuerdo alcanzado este lunes, al tiempo que reconoció y agradeció la disposición mostrada, en la persecución de este objetivo, por parte del presidente del órgano electoral, Román Jáquez Liranzo, y los demás miembros.
En la rúbrica del documento Jáquez Liranzo destacó que ese pacto constituye un paso histórico dentro de la transparencia democrática y como el inicio del reconocimiento de un derecho fundamental.
“El objetivo fundamental de este acuerdo viene desde el apoyo de la identificación, con su identidad, a través de nuestro mecanismo de biometría, con un fin primero, de que esas personas privadas de libertad, de manera preventiva, que no tienen la pérdida de ningún tipo de derecho fundamental, salvo los que señala el proceso penal, puedan tener para las elecciones del 2024, el derecho al sufragio activo, que es el derecho de elegir”, dijo.
El convenio, que tendrá una duración de tres años y que puede ser renovado por acuerdo de las partes, establece que la JCE proveerá las logísticas requeridas para realizar el empadronamiento en centros de corrección y reinserción social, así como también facilitará el uso del sistema multibiométrica para los procesos de consulta e identificación de personas, imputados y privados de libertad.
Con ese objetivo, de igual manera, en calidad de cooperación, el tribunal de elecciones proveerá los mecanismos de consulta e identificación de personas, imputados y privados de libertad con reseña utilizada en su motor de base de datos.
En ese contexto, el Ministerio Público dispondrá de las facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información procurando el aprovechamiento máximo tanto de los equipos como de los mecanismos provistos por la JCE.
El órgano persecutor del delito en la República Dominicana remitirá a la Junta Central Electoral, dentro de un plazo razonable, las sentencias condenatorias a penas criminales que sean irrevocables en sus respectivas jurisdicciones, y aquellas mediante las cuales queden establecidos hechos que ameriten las cancelaciones de las cédulas.
Otro tema que inicia con este acuerdo, es que el Ministerio Público, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional y como marca la nueva normativa, tiene la competencia de investigar los crímenes y delitos electorales.
En la firma del convenio también estuvieron presentes los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Rafael Chami Isa y el secretario general del organismo Sonne Beltré Ramírez, así como también el director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Hernández Basilio. INS
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