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Reciente reunión de la Junta Central Electoral con delegados de los partidos políticos. Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 14 may (INS).- Faltando nueve meses para las elecciones generales de 2024, la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos libran una lucha a muerte por la resolución 13-2023 emitida por ese organismo que establece el porcentaje de las reservas de candidaturas por cada nivel de elección, fundamentada en una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE).
La objeción será enfrentada la próxima semana mediante un recurso de reconsideración elevado por 23 organizaciones, encabezadas por los principales partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo, Revolucionario Dominicano (PRD), que han mostrado su rechazo a la iniciativa que se anuncia justo cuando falta poco para que deje abierta de manera formal la campaña electoral de cara a los comicios generales a celebrarse en el 2024.
La resolución fue firmada en la Sesión Administrativa Ordinaria de fecha 8 de mayo de 2023 por los miembros del pleno de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo (presidente), Rafael Armando Vallejo Santelises, Patricia Lorenzo Paniagua, Sonne Beltré Ramírez, Samir Rafael Chami Isa y Dolores Altagracia Fernández, esta última tuvo un voto disidente.
La controvertida decisión no ha sido bien recibida por parte de las organizaciones políticas de oposición que consideran que el 20% se debe aplicar para el conjunto total de los cargos electivos. Esas entidades afirman que, de ser como plantea la nueva ordenanza, se puede crear una crisis política por lo cual están dispuestos a reclamar que esta se varíe donde sea necesario.
Pese a que en la sede del órgano electoral fueron depositadas más de una docena de observaciones en contra del borrador de esta resolución, la JCE la hizo definitiva, con lo cual se limita el alcance de las alianzas.
Se recuerda que previo a la entrada en vigencia de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, los grupos hacían cuantas reservas de candidaturas deseaban con fines de asegurarlas a algún dirigente o con miras a la concentración de alianzas. Los escogidos para las reservas no tenían que someterse a un método de votación interna y competían directamente con su adversario político en las consultas populares.
El punto de la discordia obedece al 20% de las reservas establecidos por la Ley 33-18 de Partidos Políticos, y que por mandato del tribunal de comicios fue aplicado por cada nivel de elección y no en la universalidad de los cargos.
“El lunes todos los partidos que no compartimos el criterio asumido, el cual carece de sustento legal, estaremos depositando un recurso de reconsideración ante la JCE”, precisó José Dantés, secretario de asuntos Jurídicos del del Partido de la Liberación Dominicana.
Fue secundado por su compañero Danilo Díaz, delegado suplente de la entidad morada, quien expresó que es lamentable que ese organismo haya tomado la decisión de emitir la resolución “ignorando lo propuesto por casi la totalidad de los partidos y contraviniendo mandatos de las leyes electorales”.
“Con ese tipo de decisiones unilaterales, que únicamente favorecen al partido de Gobierno se crea una ruptura de la confianza de los partidos con el organismo de comicios”, indicó.
También, el delegado político de Fuerza del Pueblo, Manuel Crespo, confirmó que depositarán la instancia el próximo lunes.
Conforme a la resolución 13-2023, los partidos deberán hacer reservas de 550 cargos de elección popular y en el caso de los senadores solo podrán hacerlo con seis puestos. A nivel de los diputados son 38, los alcaldes 32, regidores 233, directores y subdirectores 47 y vocales 147. Los partidos podrán reservarse la candidatura presidencial y vicepresidencial con miras a la concertación de alianzas.
La JCE sostiene que esas organizaciones “tienen el derecho de pactar las alianzas y formar coaliciones, según lo consideren necesario y útil para los fines que les son propios, pudiendo disponer de una determinada cantidad de posiciones electivas que les permitan concertar dichos acuerdos y presentar candidaturas comunes, sin que las mismas deban ser sometidas a un proceso interno de selección, tal como es el caso de las candidaturas reservadas”.
Deciden no legislar
Como mecanismo de presión, los legisladores que representan a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), la Fuerza del Pueblo, Revolucionario Dominicano (PRD) y el Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) decidieron abandonar la sesión ordinaria de este jueves en protesta por la resolución.
Advirtieron que hasta que la situación no sea arreglada, no irán a las próximas sesiones porque, a su consideración, el sistema de partidos políticos se ve “lacerado”.
Los primeros en ausentarse del hemiciclo fueron los congresistas de la Fuerza del Pueblo, quienes en voz de Ivannia Rivera pidieron a las demás militancias unificarse y buscar un diálogo con los miembros titulares de la Junta Central Electoral. “Si es necesario, nos encontraremos allá en una protesta”, advirtió al pedir a sus compañeros de partido que salgan del hemiciclo.
Tras esto, el PLD también se retiró de los trabajos de la sesión alegando los mismos argumentos de la Fuerza del Pueblo y rechazando las declaraciones de Hipólito Mejía, quien anunció que recibirán a los opositores con bombas lacrimógenas.
Otro grupo que también dejó el hemiciclo fue el PQDC. Su vocero, Elías Wesson Chávez, calificó la resolución como “perjudicial”, pidió a la Junta revocar su decisión y se retiró de la sesión junto a sus compañeros de bloque.
Respuesta del PRM
Eddy Olivares, vicepresidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestó que al partido de Gobierno “no le suma ni le resta” la conflictiva ordenanza de la Junta Central Electoral.
“En el borrador de la resolución sobre la aplicación de las reservas de candidaturas tiene como fundamento el cumplimiento de la sentencia TSE-027-2019, dictada por el Tribunal Superior Electoral el 7 de agosto de 2019, razón por la cual ha sido apoyada, como toda disposición de la Junta Central Electoral que se enmarque en el cumplimiento de las normas. Ni nos suma ni nos resta”, expresó Olivares en un comunicado enviado a los medios de comunicación. INS
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