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Resumen de noticias para el martes, 7 de marzo de 2023
P. Rico-Legisladores refieren contrato de Genera PR a investigación antimonopolística
San Juan, 7 mar (INS).- Los representantes José Bernardo Márquez y Luis Raúl Torres Cruz anunciaron el envío de dos referidos investigativos sobre el contrato de la privatizadora Genera PR, uno a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y otro a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, adscrita a la Junta Reglamentadora del Servicio Público.
En ambos referidos solicitan acción de las oficinas sobre las violaciones que le imputan al contrato de Genera PR, LLC, a disposiciones antimonopolísticas de la Ley 17 de 2019, Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico.
“En el caso de LUMA Energy, gran parte de los cuestionamientos y las preocupaciones legislativas tenían que ver con el análisis costo-beneficio de la privatización. Es decir, si convenía o no la privatización y los términos leoninos del contrato. Pero en estricto derecho había un reconocimiento de la facultad legal de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) de pactar ese tipo de contrato. Con Genera PR es muy distinto. Aquí hay una prohibición legal estableciendo que no se le puede dar más de un 50% de los activos de generación a una sola compañía, pero se está colocando sobre el 70% de los activos en sus manos. Eso es una patente violación al artículo 1.8(a) de la Ley 17 de 2019”, sostuvo el representante Márquez, Portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana.
Específicamente, la Ley 17-2019 dispone que “el Sistema Eléctrico de Puerto Rico no podrá ser un monopolio verticalmente integrado. Tampoco podrá establecerse un monopolio horizontal en la función de generación. Ninguna compañía de servicio eléctrico, por sí, a través de, o en conjunto con una subsidiaria o afiliada, podrá controlar el cincuenta por ciento (50%) o más de la capacidad de los activos de generación, con excepción de la Autoridad, y solo cuando se trate de activos de generación legados”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Fernando Gil Enseñat, reconoció en una vista pública ante la Cámara que Genera PR tendría el control de 70% de los activos de generación.
“Precisamente, la semana pasada la Comisión legislativa concluyó en un Informe avalado por 11 miembros de la Comisión, que el contrato de Genera PR es nulo por ser contrario a la Ley 17. Vamos a estar tomando acciones adicionales sobre otros incumplimientos legales que hemos identificado, pero este es un primer paso sobre el carácter monopolístico de este contrato”, sostuvo el representante Torres Cruz, presidente la Comisión que emitió el Informe sobre este tema.
Destacó que “una cosa es monopolizar la generación por visiones gubernamentales y económicas particulares. Pero otra cosa es monopolizar la generación a toda costa, y en contra de lo que establece la ley. Estamos convencidos de que tanto la Oficina de Asuntos Monopolísticos como la Oficina de Independiente de Protección al Consumidor tienen el deber ministerial de intervenir”.
Los referidos incluyen un análisis legal de las disposiciones aplicables a contratos de privatización energética y solicitan a la OAM y OIPC el inicio de investigaciones formales sobre el Contrato de Genera PR LLC, con miras a iniciar “todas las acciones civiles y criminales correspondientes”.INS
P. Rico-Senadora García Montes denuncia falta de pago a hogares de cuidado prolongado en la región de Aguadilla
Mayagüez, 7 mar (INS).- La falta de pago por parte del Departamento de la Familia tiene preocupados a los dueños de hogares de cuidado prolongado, algunos de los cuales han tenido que cerrar, mientras otros, llevan más de un año sin recibir el dinero que les corresponde por lo cual sus servicios se ven afectados, denunció la senadora del Distrito de Mayagüez, Ada García Montes.
“En días recientes, advine en conocimiento de la situación que atraviesan varios dueños de hogares de cuidado prolongado, quienes me informaron que llevan más de un año sin recibir pagos por los servicios que ofrecen”, aseguró la legisladora.
García Montes, expuso que las cuantías que reciben por los participantes con determinadas condiciones es discrecional. “Por ejemplo, un hogar de cuidado prolongado que ofrece servicios a un participante con ciertas condiciones, en el área oeste recibe $1,000, sin embargo en el área metro por ese mismo participante el departamento paga $1,800, lo que levanta serios cuestionamientos”.
Las denuncias surgen como parte de un encuentro sostenido entre la senadora García Montes y sobre una veintena de dueños de hogares de cuidado prolongado del oeste. Otras de las preocupaciones presentadas incluyen el temor a represalias por parte del personal del Departamento de la Familia.
“Según me explican, siempre que denuncian la falta de pago el siguiente paso es una investigación por parte del Departamento”, dijo García Montes.
Los dueños alegan, además, falta de competencia en el proceso de facturación y pago, errores continuos que dilatan el proceso, lo que pone en riesgo las operaciones de hogares ante la falta de pago.
Los dueños explicaron que del dinero asignado por el departamento a cada participante, además de ser discrecional recibe deducciones lo que hace que el monto final recibido sea menor al acordado.
Dijeron, además, que un participante por el cual se supone reciban $1,000 sufre recortes por las ayudas que ese participante recibe del PAN y Medicare, entre otros, lo que pudiera ascender a $275. Luego de los recortes correspondientes, el hogar recibe por ese participante $725, lo cual según alegan los dueños es insuficiente para cubrir todos los gastos del participante. Otros costos que también descuentan son alrededor de $40 por servicios de cabello.
“Esta situación es altamente preocupante. Se trata de los servicios que se ofrecen a la población envejeciente en la isla. Es de conocimiento público que datos evidencian que esta población va en aumento por lo cual estos hogares son esenciales para garantizar calidad de vida a los envejecientes, muchos de los cuales se encuentran solos”, destacó García Montes.
De igual forma, añadió, es necesario que estos centros reciban los pagos por los servicios que ofrecen dentro de un margen de tiempo que sea justo.
García Montes se comprometió en analizar la información provista por los dueños de hogares de cuidado prolongado con el fin de identificar si la situación se puede atender con legislación.
“Impartí instrucciones a mi equipo de trabajo para hacer un análisis profundo de la situación que aqueja a los hogares para indagar si se pueden ofrecer mecanismos en ley tanto a los dueños como al Departamento de la Familia para lograr acuerdos en beneficio de ambas partes”, aseguró al destacar la responsabilidad de la Asamblea Legislativa de fiscalizar a las agencias para un buen funcionamiento.INS
P. Rico-Atiende Comisión de Salud medida destinada a enmendar el Código de Seguros para detener el éxodo de médicos
San Juan, 7 mar (INS).- La Comisión de Salud inició este lunes el proceso de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1641, dirigido a enmendar la Ley 77-1957, del Código de Seguros de Puerto Rico, con el propósito de atender el problema de acceso a servicios de salud que actualmente existe en el país por la falta de profesionales del área.
De igual forma, la medida pretende detener el éxodo de médicos y proveedores de la salud a Estados Unidos, que salen del país en busca de mejores condiciones de empleo por sus servicios prestados.
“Seguimos con nuestro trabajo legislativo para atender el problema tan apremiante en nuestro país sobre el acceso a servicios de salud que atravesamos por la falta de profesionales. Tengo mucha fe en este proyecto y en este tema tan importante para todo el país”, expresó la presidenta de la Comisión de la Cámara, Sol Higgins Cuadrado, autora de la medida.
El proyecto persigue, asimismo, enmendar el Capítulo 31 del Código de Seguros titulado “Negociación Colectiva de Proveedores y Organizaciones de Servicios de Salud”, con el objetivo de facultar a los proveedores de servicios de salud a negociar colectivamente los términos de sus contratos, incluyendo los honorarios y tarifas con las organizaciones de servicios de salud y la fiscalización e intervención directa del Estado para que exista un balance de competitividad en la contratación de los servicios.
A la audiencia pública compareció el comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, junto a las licenciadas Brenda Pérez Fernández y Rosa Pérez Agosto, y el Dr. Ramón Cao.
En tanto, con el objetivo de detener el éxodo de profesionales de la salud y a raíz de los desafíos económicos y sociales que aún presenta este sector, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) creó un Comité de Salud compuesto por representantes de diversas asociaciones de proveedores de salud.
“Este Comité ha servido de foro para la discusión y búsqueda de soluciones a los retos que han hecho inviable la negociación colectiva entre proveedores de salud y los planes médicos. En el mismo se diseñó un plan de trabajo para establecer un nuevo marco legal que habilite realmente las negociaciones colectivas y que rindan resultado concretos y confiables”, expuso Adams Vega.
Agregó que “conscientes de esta problemática, para la OCS es fundamental buscar soluciones para garantizar a los pacientes el acceso a los servicios de salud y resolver los problemas que confrontan diariamente con este tema”.
Adams Vega alertó sobre la merma de especialistas y médicos primarios, por lo que en los últimos cinco años la cantidad de profesionales en Puerto Rico ha disminuido en 13% de 11,397 a 9,950.
“Actualmente, para que tengan una idea, respecto a los anestesiólogos, hace cinco años había alrededor de 300, ahora solo contamos con 100”, reveló.
Por otra parte, Adams Vega detalló que ante las limitaciones que disponen las leyes antimonopolísticas para hacer realidad la negociación colectiva entre proveedor y planes médicos, la OCS comisionó la realización de un “Estudio Económico de las Compañías de Seguros de Salud y sus Proveedores de Servicios para Identificar Posibles Enmiendas a la Regla 91 de la OCS”, que conlleva un análisis de concentración del mercado actual.
“Los hallazgos han podido arrojar luz sobre los elementos específicos que deben ser reformulados a la luz del comportamiento actual de las fuerzas del mercado y así posibilitar una negociación colectiva de las tarifas para proveedores que ofrecen servicios al sector de planes médicos comerciales sobre bases equitativas que no infrinjan disposiciones de antimonopolio”, dijo Adams Vega.
De igual forma, el estudio establece la necesidad de realizar una modificación del porcentaje máximo establecido en ley de proveedores por especialidad o subespecialidad para que sea aumentado de un 20% a un 40% de proveedores por especialidad o servicio.
“De esta forma, se lograría dar viabilidad de la negociación colectiva contemplada en ley sin incidir en las leyes monopolísticas. Este aumento del porcentaje que dispone el estudio propende a un escenario más realista y equitativo en que el poder de negociación de las partes sea uno realmente balanceado sin que ello redunde en adjudicar poder monopólico a una de las partes”, abundó Adams Vega.
Puntualizó que “esta medida crearía un balance significativo que actualmente no existe. De igual forma, le brindaría a los proveedores un poder de negociación frente a las compañías de seguros y eso es lo que queremos y estamos buscando, balancear la ecuación para que haya equidad en cada proceso”.INS
P. Rico-Declinan reunirse con alcalde de Ponce al entregar manifiesto
Ponce, 7 mar (INS).- El grupo que encabezó una manifestación la semana pasada frente a la Alcaldía de Ponce para denunciar las acciones discriminatorias y de censura del alcalde Luis Irizarry Pabón y la primera dama Miyady Velázquez Pagán, declinó reunirse con representantes del ayuntamiento, donde se entregó un manifiesto en defensa de las artes, la cultura y la dignidad de la ciudad señorial, con recomendaciones para atender las múltiples quejas que se han hecho en los pasados meses.
“De manera responsable, tenemos que declinar la invitación al diálogo, al que nos invitó el municipio de Ponce, por razones estrictamente legales. Hay querellas que se han sometido y se han hecho; hay otras que están por realizarse. No podemos viciar el proceso, ni intervenir indebidamente en decisiones que puedan afectar las determinaciones que se tomen en debidos procesos de ley”, establece el manifiesto, firmado por el presidente del Colegio de Actores y Actrices de Puerto Rico (CAPR), José Vidal Martínez; la directora, dramaturga y periodista Alina Marrero, miembro de la junta CAPR; la actriz y productora Maddy Rivera y el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano.
Según se establece, “el comportamiento anticonstitucional y las acciones en contra de los derechos humanos, alientan al odio y a la desunión. No hay intermedios en los derechos humanos, eso no se puede negociar. Tampoco se pueden negociar los derechos constitucionales. Entendemos que el problema se resuelve con el conocimiento de la ley, la cual el alcalde tiene que dejar de violar, porque juró gobernar para todos los ciudadanos”, sentencia el manifiesto.
Entre las recomendaciones que hace el manifiesto se encuentran:
* Una investigación independiente sobre las alegaciones de que se han hecho listas para carpetear a empleados LGBTQ+, vetar obras de teatro y pinturas, así como artistas abiertamente LGBTQ+, entre otros.
* Que se investigue si se han ofrecido o dado terapias de conversión en el municipio de Ponce, ya que son ilegales e inhumanas.
* Que bajo ninguna circunstancia se vete a ningún artista, por su personalidad, por sus ideas políticas, por sus ideas religiosas, por sus limitaciones físicas e intelectuales, o por pertenecer a la comunidad LGBTQ+. De la misma manera, que no se vete ninguna obra de arte, lo cual incluye, el teatro, la literatura en general, y las artes plásticas.
* Que hagan valer la ordenanza municipal y la orden ejecutiva que prohíben (la discriminación) por orientación sexual e identidad de género. Y que se amplíen las ordenanzas, para que incluya toda instancia pública y privada en la prohibición del discrimen de ideas y de género, y la intolerancia contra los ciudadanos LGBTQ+.
* Que se eduque al personal del municipio sobre lo que implica la separación de iglesia y Estado, derechos constitucionales y derechos humanos. Que se adiestra al personal del municipio sobre competencia cultural acerca de las personas LGBTQ+, las artes, la cultura, la libertad de expresión y asociación. Pedimos a Luis Irizarry Pabón, alcalde del municipio de Ponce, y a la primera dama Miyady Velázquez, que a la vez que educan a su personal se eduquen ellos también sobre derechos constitucionales y humanos.
“El municipio de Ponce tiene, ante sí, estas recomendaciones, recogidas en este manifiesto, para actuar en contra de (la discriminación) y la censura, a favor de la dignidad y la equidad. Le corresponde al Alcalde y su equipo actuar de acuerdo a la Constitución, las leyes, las ordenanzas y las órdenes vigentes”, apunta el manifiesto.INS
ndc