P. Rico-El drama político en Perú

Por Rafael Santiago Medina

San Juan, 7 dic (INS).- La batalla política campal entre el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el Congreso de la República, convertida en un drama, pero considerado por algunos más bien como una comedia, comenzó este miércoles un primer capítulo con el saldo de la disolución y cierre temporal en horas de la mañana de la rama congresal de su gobierno republicano.

Castillo, tras el anuncio del cierre del Congreso, convocó a unas nuevas elecciones parlamentarias.

Indicó que esta decisión la tomó en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho de la nación, con la finalidad de restablecer el estado de derecho y la democracia.

«A cuyo efecto se dictan las siguiente medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses», afirmó.

Asimismo, dispuso que a partir de la fecha y hasta restaurar el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos de ley.

Comenzó esa gobernanza mediante decretos con el primero de ellos: un toque de queda nacional a partir de las 10:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente.

De igual modo, se declara en reorganización el sistema de justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

También precisó que todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional del Perú en el plazo de 72 horas, por lo que quien no lo haga «comete delito sancionado con pena privativa de la libertad y se establecerá en el respectivo decreto ley».

«La Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto, se les dotará de los recursos necesarios», manifestó en su mensaje al país.

Castillo se enfrentaba al momento de la disolución del Congreso a un tercer intento de destitución en un año y medio de gestión impulsado por un desprestigiado Parlamento en la opinión pública que estaba en el preámbulo de debatir su posible remoción por «permanente incapacidad moral».

La Fiscalía de Perú investiga, igualmente, al mandatario en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, bajo la premisa de que Castillo usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. El mandatario niega las acusaciones.

El drama político, empero, no quedó ahí. El Congreso de Perú respondió destituyendo a Castillo de la presidencia del país, luego de lo cual fue detenido por la Policía y retenido en el interior de la sede de la prefectura policial de Lima, acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado.

«Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el artículo 5 de D.L (decreto legislativo) n.° 1267 Ley la Policía Nacional del Perú (PNP), efectivos PNP intervienen al expresidente Pedro Castillo», escribió la cuenta oficial de ese cuerpo en su cuenta de Twitter.

Durante media hora estuvo desconociéndose el paradero de Castillo, luego de que dictara en horas de la mañana el cierre del Congreso y decretara un estado de emergencia, medida que fue tachada por la oposición y varios miembros de su Gobierno, entre ellos la vicepresidenta Dina Boluarte, como un golpe de Estado.

«Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado», escribió la Policía minutos antes de confirmar la detención de Castillo.

La destitución de Castillo de la presidencia de la República fue hecha por el Congreso aludiendo para ello «permanente incapacidad moral», con el voto de 101 votos a favor de 130 congresistas.

Tras el decreto presidencial de disolver el Congreso, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional de Perú (PNP) alertaron que no acatarán ningún acto contrario al orden constitucional, horas después de que el mandatario dictara la disolución del Congreso y el nombramiento del gobierno de emergencia.

«Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú», señalaron el CCFFAA y la PNP en un comunicado.

Además, hicieron un llamado a la calma y pidieron a la población «confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas».

Horas más tarde, la vicepresidenta y abogada Dina Boluarte, juró como presidenta de Perú en reemplazo de Castillo.

Boluarte, de 60 años, es la primera mujer en alcanzar la presidencia en más de 200 años de república, aunque no democráticamente mediante el voto, y era la segunda en mando en el Poder Ejecutivo, desde que Castillo asumió el poder en julio de 2021. También había ejercido hasta hace casi dos semanas el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. INS

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