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Resumen de noticias para el miércoles, 30 de noviembre de 2022
P. Rico-Presidente del Senado acusa al gobernador de darle la espalda al país al otorgarle “un cheque en blanco a LUMA”
San Juan, 30 nov (INS).- El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y del Senado, José Luis Dalmau Santiago, acusó ayer al gobernador Pedro R. Pierluisi de “darle la espalda al país al otorgarle, de forma atropellada y abusiva, una extensión al contrato de la empresa LUMA para la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”.
Dalmau advirtió que “ante esta decisión destemplada, de ahora en adelante todas las consecuencias que genere dicha acción recaerán sobre el gobernador Pedro Pierluisi”.
“Que sepa el pueblo que todos los apagones, todos los aumentos de tarifas y todos los despidos y desplazamientos de trabajadores tienen nombre y apellido: Pedro Pierluisi. La extensión del contrato es un cheque en blanco para que LUMA le meta la mano en el bolsillo al pueblo; y, además, continúe la actitud insensible a las necesidades de la gente”.
El político afirmó que la extensión del contrato de LUMA ignoró las disposiciones de la Ley 120 del 2018, que exige un voto unánime de todos los miembros de la Junta de la Autoridad de las Alianzas Públicas, que incluye a los dos representantes del interés público.
“El gobernador demostró hoy donde están sus verdaderas lealtades, al otorgarle una extensión injustificada a la empresa LUMA. Peor aún, el gobernador ignoró a los representantes del interés público mientras favorece a los intereses privados. Llama la atención que, a través de la extensión del contrato, no se le requirieron nuevas métricas ni exigencias de cumplimiento a esta empresa, por lo que se actuó de forma contraria a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, abundó.
Y concluyó: “Al ignorar y atropellar a los representantes del interés público, el gobernador demuestra que su diálogo de ayer con los presidentes de los cuerpos fue un acto deshonesto. Por ello, la asamblea legislativa utilizará todos sus poderes constitucionales para salvaguardar los intereses del pueblo de Puerto Rico, fiscalizar a LUMA y evitar nuevos aumentos en las tarifas”. INS
P. Rico-Junta de Control Fiscal da visto bueno a la extensión del contrato con LUMA Energy
San Juan, 30 nov (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio ayer su visto bueno a la extensión del acuerdo suplementario entre la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) y LUMA Energy.
En un comunicado, el presidente de la Junta, David Skeel, dijo que “el sistema energético de Puerto Rico tiene que cambiar. Puerto Rico necesita y merece una red y proveedores de electricidad modernos y fiables. El antiguo monopolio de la AEE condujo a un callejón sin salida. La transición definida en el plan fiscal se basa en la responsabilidad. El pueblo de Puerto Rico conserva la propiedad de la red y de las centrales eléctricas, y está facultado para exigirles rendición de cuentas a los operadores privados. Extender el acuerdo suplementario forma parte de ese importante proceso”.
La JSF agregó que “es un elemento importante de la transformación energética hacia una energía más fiable, más asequible y limpia. La Junta de Supervisión revisó la extensión del acuerdo suplementario para asegurar su consistencia con el plan fiscal de la AEE”. INS
P. Rico-Hernández Montañez sostiene que gobernador violentó estado de derecho
San Juan, 30 nov (INS).- El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, lamentó que el gobernador Pedro R. Pierluisi optara por violentar el estado de derecho al ignorar las disposiciones de la Ley 120-2018, que requiere el voto afirmativo de los integrantes del interés público de la Junta de Directores de la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP).
“Agradezco el trabajo extraordinario de los representantes del interés público en la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, quienes no claudicaron en defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y agotaron todos los remedios a su alcance”, afirmó Hernández Montañez.
Al atribuir a Pierluisi violentar el estado de derecho, se refirió específicamente, la Sección 10 (b) de la Ley 120-2018 establece que se “deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) que no involucre la venta de activos de la AEE”.
Para que conste en el récord de forma clara e inequívoca: de la única manera que respaldaríamos extender el contrato suplementario sería para sacar a LUMA de forma ordenada de Puerto Rico, indicó.
“Asimismo, ya agotando todos los procesos administrativos en la AAPP, la Cámara apoyará a los representantes del interés público, quienes tienen legitimidad, en la radicación de un reclamo judicial en la sala de la jueza Laura Taylor Swain en el tribunal federal, para anular esta votación y que se lleven los procesos de acuerdo a nuestro estado de derecho, según dispone la Ley 120-2018”, recalcó.
En tanto, Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), manifestó que “la acción propuesta fue presentada y aprobada por la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP)”.
“El resultado fue una votación de tres votos a favor de la extensión del acuerdo suplementario, y la abstención de los dos miembros representantes del interés público. Como próximo paso, procede la presentación de la acción propuesta ante la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La determinación final será notificada por el Gobierno de Puerto Rico mañana miércoles, 30 de noviembre”, remató. INS
P. Rico-Gobierno solicita a la JSAF que haga extensivo el Bono del Plan de Ajuste a todos los servidores públicos
San Juan, 30 nov (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi reveló que durante la tarde de ayer el Gobierno de Puerto Rico envió una misiva a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) para Puerto Rico solicitando que haga extensivo el Bono del Plan de Ajuste de $2,954 a todos los servidores públicos, incluyendo aquellos que no estaban cubiertos por el Plan Fiscal Certificado aprobado el 27 de enero de 2022.
El desembolso representaría un costo aproximado de $60 millones.
“Durante los pasados años el Gobierno de Puerto Rico ha seguido unas medidas rigurosas de responsabilidad fiscal con el fin de cumplir con las metas de recaudo establecidas. Según anunciado a principios de noviembre, el resultado de estas medidas, así como el progreso en el desarrollo económico nos permitió ofrecer el Bono del Plan de Ajuste a más de 105 mil servidores públicos de sobre 80 dependencias gubernamentales”, expresó.
El mandatario destacó que “en esta ocasión solicitamos a la JSAF que haga extensivo el mismo a aquellos empleados no cobijados bajo el Plan Fiscal certificado a principios de este año”.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar J. Marrero, indicó que “debido a la inflación histórica que vivimos, recortes presupuestarios y el cumplimiento estricto de las medidas de austeridad, el salario neto de los servidores públicos se ha visto reducido en un 15 por ciento”.
Marrero, también secretario de Estado, agregó que “ante la efectividad de las medidas económicas sentimos que es una responsabilidad moral extender el beneficio a todos los empleados del gobierno”.
Al igual que el anuncio anterior, los empleados elegibles para recibir el Bono del Plan de Ajuste son aquellos servidores públicos que recibieron el Bono de Navidad.
Esta bonificación estará sujeto a las retenciones federales y estatales correspondientes. INS
P. Rico-Condenan a 25 años de prisión a exagente por robar 125 armas desde el campo de tiro de la Policía en isla de Cabras
San Juan, 30 nov (INS).- La jueza Silvia Carreño Coll, del Tribunal de distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, sentenció al expolicía José Padilla Galarza a 25 años de prisión y cinco años de libertad supervisada por el robo de 125 armas de fuego, hechos ocurridos el 26 de octubre de 2010 en el campo de tiro de la Policía de Puerto Rico en isla de Cabras.
El acusado cumplirá 20 años de prisión por su condena del 6 de mayo de 2022 por los cargos 1 y 6, conspiración para interferir en el comercio mediante el robo, concurriendo con 10 años de prisión por su condena por los cargos 3 y 5, robo de armas de fuego y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. También cumplirá cinco años de prisión, consecutivos a la condena de 20 años, por su condena en virtud del cargo 2, portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia.
“Como se demostró en el juicio, el acusado, un exoficial de la Policía, utilizó sus conocimientos especializados para enriquecerse robando y vendiendo armas de fuego”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico.
Durante el juicio, el gobierno presentó pruebas que demostraban que Padilla Galarza visitó el campo de tiro de isla de Cabras en múltiples ocasiones a lo largo de un año para familiarizarse con el personal, sus turnos y la disposición de las instalaciones.
Padilla Galarza, como autor intelectual, aprovechó este tiempo para planear cómo él y sus cómplices se llevarían 125 armas de esta instalación, incluyendo dos pistolas arrebatadas a oficiales de servicio, 40 rifles AR-15, 24 escopetas, nueve carabinas de 9mm, un rifle MP3 y 49 pistolas.
Durante el robo, los delincuentes utilizaron un Ford Crown Victoria blanco con calcomanías falsas de la Policía para dar la apariencia de un coche patrulla oficial y se vistieron como agentes de la Policía (algunos con uniformes de policía regulares y otros con uniformes tácticos).
Así asaltaron, sometieron y ataron a los policías de servicio para robar las armas almacenadas en la cámara acorazada, para posteriormente venderlas, obteniendo importantes ganancias y beneficios. Este fue el mayor robo de armas en la historia de Puerto Rico.
La sentencia de 25 años de prisión de Padilla Galarza también se cumplirá de forma consecutiva a la condena de 228 meses de prisión impuesta por el juez de distrito de los Estados Unidos Daniel R. Domínguez, el 15 de octubre de 2018, por conspiración para cometer robo de banco y robo de banco por la fuerza.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) dirigió la investigación, con la colaboración del Servicio de Inmigración y Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE HSI) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). INS
ndc