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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 16 oct (INS).- Con la situación de carencia de gas natural de la empresa EcoEléctrica, sale a colación un informe hecho por Colin Grabow, analista de políticas públicas en el Centro para Política Comercial Herbert A. Stiefel del Instituto Cato, y de Alfredo Carrillo Obregón, pasante en el Herbert A. Stiefel Center for Trade Policy Studies también de dicho Instituto, en el que señalan que es un absurdo, producto en gran medida de la proteccionista Ley Jones, que la República Dominicana obtenga la mayoría de sus combustibles de Estados Unidos, mientras que Puerto Rico no haga lo mismo, siendo una colonia estadounidense.
El Instituto Cato, que toma su nombre de las Cartas de Catón, y es un laboratorio de ideas con sede en Washington D. C., no afiliado a partidos políticos y con personalidad jurídica como organización sin ánimo de lucro.
En el estudio de estos analistas se indica que las empresas contratadas para proveer el gas natural licuado (GNL) y el diésel que Puerto Rico utiliza para generar energía eléctrica no han cumplido con sus compromisos de entrega en meses recientes.
Sin embargo, mientras que otros países que enfrentan problemas similares desatados por el conflicto entre Rusia y Ucrania han logrado aminorarlos mediante la importación de combustibles desde Estados Unidos, Puerto Rico ha tenido que recurrir a importaciones desde países tan distantes como Omán.
Detrás de esta desconcertante situación está la Ley de cabotaje de 1920 (también conocida como la Ley Jones), la cual restringe el transporte marítimo de mercancías dentro de territorio estadounidense a barcos con bandera estadounidense, y que además hayan sido construidos en Estados Unidos y que sus dueños y tripulación sean mayoritariamente estadounidenses.
En Estados Unidos la producción de energía y las exportaciones de combustibles (principalmente GNL) han aumentado substancialmente. Pero los mencionados analistas señalan que el acceso que pudiera tener Puerto Rico a estos recursos está severamente restringido por los altos costos de utilizar buques petroleros que cumplan con los requisitos de la ley de cabotaje.
En el caso del gas natural, no existen buques para el transporte de este combustible que cumplan con los requisitos de la Ley Jones, dejando al transporte al granel del GNL estadounidense hacia la isla en una situación imposible. La Ley Jones significa que el GLN estadounidense puede ser transportado por los buques tanque a otros países pero no a otras partes de Estados Unidos.
Cuando el gobierno puertorriqueño solicitó una exención de 10 años a la ley de cabotaje en 2018 (que eventualmente fue negada) para importar GNL desde Estados Unidos, se estimó que obtenerla le ahorraría a la isla alrededor de $800 millones de dólares.
Mientras que un contrato firmado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para la entrega de GNL, incluyó una cláusula que garantizaba ahorros en caso de que la ley de cabotaje dejara de aplicar a los envíos de este combustible desde el territorio continental de Estados Unidos.
Dados los costos elevados de utilizar barcos estadounidenses autorizados bajo la ley de cabotaje durante este periodo de 2019 y 2021, Puerto Rico importó combustibles estadounidenses en menor proporción que la República Dominicana.
Datos analizados por Grabow y Carrillo Obregón establecen que en 2019, Puerto Rico importó $557 millones de dólares de GNL. De ese total, sólo $121 mil fueron importados desde Estados Unidos —una proporción diminuta, equivalente a sólo 0.02 por ciento del total.
Puerto Rico puede importar cantidades minúsculas de GNL desde Estados Unidos mediante buques porta-contenedores que utilicen contenedores ISO.
Entretanto, la República Dominicana importó un total de $318.2 millones de dólares de GNL, de los cuales $34.4 millones provinieron de Estados Unidos, 10.82 por ciento del total. Para 2021, las importaciones de GNL estadounidense a la República Dominicana aumentaron a $477.4 millones de dólares (en valor nominal) —aumentando en términos proporcionales a un increíble 96.4 por ciento del total de sus importaciones de GNL.
Todo lo contrario en Puerto Rico, según observan los mencionados analistas, donde la proporción de las importaciones totales de GNL estadounidense disminuyó entre 2019 y 2021, para situarse en tan sólo 0.002 por ciento del total en este último año.
Comparar las importaciones de GNL de Puerto Rico y la República Dominicana por volumen (en vez de valor) presenta resultados similares. De acuerdo a datos de la Unión Internacional de Gas Natural (IGU, siglas en inglés) y el Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado (GIIGNL), el GNL estadounidense no figura entre las importaciones de Puerto Rico, al mismo tiempo que pasó de representar el 18.45 por ciento de las importaciones totales de la República Dominicana en 2019 a representar el 65 por ciento de las mismas en 2021.
También existe una división marcada entre ambas islas en cuanto a la proporción de sus importaciones del petróleo combustible (fuel oil) que utilizan para generar energía eléctrica proveniente de Estados Unidos. En 2019, la República Dominicana obtuvo el 66.8 por ciento de sus importaciones de estos combustibles (en términos de valor) de Estados Unidos, mientras que Puerto Rico solo obtuvo el 0.44 por ciento.
Para 2021, esta diferencia aumentó, pues la República Dominicana compró el 80,2 por ciento de sus importaciones de estos combustibles a Estados Unidos, mientras que Puerto Rico sólo obtuvo el 0.56 por ciento de sus importaciones totales del país del que forma parte.
Datos sobre el arribo de buques tanque y barcazas a Puerto Rico corroboran la escasez de flujos de energía desde el territorio continental de Estados Unidos a Puerto Rico. Mientras que hubo 365 llegadas a la isla en 2019, solo 3 de estas provinieron del territorio continental de Estados Unidos (y todas correspondieron al EMI 1850, una barcaza utilizada para transportar carbón). Este patrón se repite en los años subsecuentes.
De 427 llegadas en 2020, solamente 17 provinieron del territorio continental de Estados Unidos (de las cuales sólo cuatro fueron barcos petroleros y el resto correspondieron al EMI 1850). El año pasado, sólo 11 de 425 llegadas fueron de buques autorizados bajo la ley de cabotaje, provenientes desde el territorio continental estadounidense (de las cuales, tres correspondieron a un buque petrolero y dos barcazas, y ocho correspondieron al EMI 1850).
No existe nadie que no reconozca la escasez de envíos de combustible desde Estados Unidos a Puerto Rico. Crowley Maritime, una empresa operadora de barcos autorizados bajo esta ley (incluyendo barcos petroleros) señaló en un comunicado de prensa de 2017 que el 90 por ciento de la energía importada por la isla provenía de países extranjeros.
Los analistas del sector energético no se extrañan de que Puerto Rico compre tanta energía a otros países. Un artículo publicado en abril por S&P Global dice claramente que «Puerto Rico rara vez compra a Estados Unidos, debido a los costosos de envío para los barcos autorizados bajo la Ley Jones».
Una confirmación adicional proviene de un reporte publicado por la Oficina de Control y Fiscalización del gobierno estadounidense (GAO, por sus siglas en inglés) en 2013 que señala el efecto disuasivo de la ley para las importaciones de energía de Estados Unidos, mientras que un reporte de 1980 de la Academia Nacional de Ciencias denota el impacto negativo de la ley sobre el envío de petróleo hacia Puerto Rico desde el territorio continental estadounidense.
La República Dominicana, sin estar sujeta a la ley de cabotaje y teniendo acceso a transporte marítimo internacional eficiente, ha optado por comprar la mayoría de sus combustibles a Estados Unidos, lo que sugiere que esta es una opción económicamente óptima.
Que Puerto Rico no haga lo mismo a pesar de tener una similar proximidad geográfica al territorio continental estadounidense sugiere que la ley de cabotaje está obligando a esta isla a tomar decisiones de compra no óptimas y a un costo elevado, indican los analistas Grabow y Carrillo Obregón.
Cuantificar la magnitud exacta de este costo de oportunidad es difícil, pero hay algunos datos que vale la pena tener presentes. En 2019, Puerto Rico consumió 38,000 barriles de productos de petróleo por día, es decir, casi 14 millones por año. Por cada dólar que aumenta el costo de un barril como resultado de la ley de cabotaje, Puerto Rico paga efectivamente un impuesto de $14 millones de dólares al año.
A esto hay que añadir las decenas de millones de dólares que Puerto Rico potencialmente se ahorraría en caso de poder acceder al GNL estadounidense, según funcionarios puertorriqueños. La capacidad de comprar propano a Estados Unidos sin duda generaría aún más ahorros. Por otra parte, se estima que el tener que usar barcazas autorizadas bajo la ley de cabotaje para transportar combustibles dentro de territorio puertorriqueño impone entre 3 y 5 millones de dólares en costos adicionales anuales.
Puerto Rico tuvo en 2020 tarifas eléctricas más elevadas que cualquier otro estado de la jurisdicción estadounidense, menos Alaska y Hawái (ambos estados no contiguos que también son desproporcionadamente afectados por la ley de cabotaje). INS
rsm/