
El comisionado de Seguros, Alexander Adams. / Inter News Service
San Juan, 31 ago (INS).- La Comisión de Gobierno del Senado comenzó la evaluación del Proyecto del Senado 975, que busca agilizar la resolución de las controversias entre los aseguradores y proveedores de servicios de salud y la Administración de Servicios Médicos (ASEM) sobre facturas adeudadas en reconciliación relacionadas al Plan de Práctica Médica Intramural (PPMI) del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
“Es necesario reconocer que los propósitos de este proyecto son fundamentales para garantizar los recursos económicos correspondientes a ASEM, entiéndase Centro Médico de Puerto Rico de la práctica de medicina intramural. Precisamente, dentro del contexto actual del reclamo legítimo de la clase médica sobre la necesidad de buscar alternativas para garantizar su pago sobre los servicios ya prestados, para culminar estos procesos sobre el cobro de deuda… Estamos buscando de qué forma podemos trabajar para que el proceso de reconciliación no siga siendo un proceso abierto”, manifestó el presidente de la comisión, Ramón Ruiz Nieves.
En su ponencia, el comisionado de Seguros, Alexander Adams, favoreció la medida con enmiendas y expresó que “acogemos la propuesta de concedernos la facultad en ley para servir como foro primario para dilucidar las controversias sobre deudas en reconciliación entre los aseguradores y organizaciones de servicios de salud con instituciones de salud gubernamentales que interesen contratar con el gobierno. De esta forma, contribuiremos a agilizar la determinación y el pago de las reclamaciones de servicios de salud prestados”.
Asimismo, Adams indicó que están haciendo auditorías de manera general sobre cuentas pendientes por pagar para asegurar el pago a los proveedores. El deponente también indicó que las dilaciones en los pagos limitan el flujo de efectivo para las operaciones como por ejemplo los laboratorios para la administración de pruebas de Covid-19.
“Así se afecta el acceso a los servicios de salud por estas dilaciones o demoras en el pago por servicios prestados a los médicos”, afirmó.
La pieza legislativa en discusión busca enmendar la Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales y la Ley de la Administración de Seguros de Salud para añadir entre los requisitos para que todo asegurador o proveedor de servicios de salud pueda contratar con cualquier instrumentalidad del gobierno certificar que no posee deuda pendiente de pago con el PPMI.
Además, establece un término inicial de 30 días desde que el contratista certifique en la alternativa que se encuentra en un proceso activo de reconciliación de facturas y pagos, según lo dispuesto en dichas leyes, que podrá extenderse por acuerdo escrito entre las partes a otros 20 días adicionales; y, de no culminar el proceso en ese plazo, se remitirá al comisionado de Seguros para que en un plazo no mayor de 30 días adjudique la controversia y establezca la deuda líquida y exigible a pagarse.
Mientras, el director ejecutivo del PPMI, José Camacho, endosó la medida. “Expresamos nuestro total respaldo a la medida de referencia, y nuestra exhortación a que se evalúen y atiendan las recomendaciones y observaciones. Históricamente el PPMI ha acumulado cuentas por cobrar de las aseguradoras que terminan sin cobrar o en pagos negociados menores al total adeudado. Por esa razón, al presente el PPMI mantiene unos 79 millones en cuentas incobrables cuyo envejecimiento excede los 10 a 15 años”.
Ante preguntas del senador Ruiz Nieves sobre la posibilidad de recobrar el dinero, Camacho indicó que de los últimos cinco años se puede hacer alguna gestión de cobro por la documentación existente. Igualmente, mencionó que el comisionado de Seguros se le acercó para ver de qué manera pueden trabajar en esa dirección. INS
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