P. Rico-Oposición a proyecto del Senado 684, con el que acusan se pretendería aumentar impuestos

San Juan, 9 may (INS).- Un grupo compuesto por exsecretarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como por exdirectores de Pridco, sometieron ante el Senado ponencias en contra del proyecto del Senado 684, que pretende aumentar impuestos y cambiar nuevamente las leyes 20 y 22 para atraer capital a Puerto Rico. 

Igualmente, se opusieron al proyecto el Departamento de Hacienda y el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico. 

“Nos oponemos fuertemente al 684. Las leyes 20 y 22 (Ley 60 de 2019) han creado sobre 40,000 empleos, sobre 2,500 millones en inversión nueva y no le cuestan nada a Puerto Rico. No se puede separar la exportación de servicios de la atracción de inversionistas residentes. Separarlos es un error fundamental. El estudio del Departamento de Desarrollo Económico de 2021 es uno de los que ha cometido ese grave error de separar ambas leyes”, reza la ponencia suscrita por el exsecretario y director de Desarrollo Económico y Fomento, Antonio Colorado. 

El exfuncionario aseguró que “el informe ignora que los incentivos contenidos en la Ley 20 de 2012 no fue lo que cambió en 2012 y generó 40,000 empleos por sí sola; lo que cambió fue la nueva creación de la Ley 22-2012. Pero, lamentablemente, dicho informe del economista Caraballo-Cueto es lo que ha servido de fundamento y guía a calcar para la medida de referencia (684)”.

Consgnó que el concepto de exportación de servicios está en nuestro ordenamiento jurídico desde la Ley de Incentivos Contributivos Industriales de 1987. 

Sin embargo, sostuvo que para el año fiscal 2011-2012 la Oficina de Incentivos de DDEC tenía en récord menos de 50 decretos de exportación de servicios en un periodo de aproximadamente 25 años. “Esto a pesar de que la tasa contributiva máxima era de 3.9% sobre el ingreso neto de exportación cuando se tomaba en consideración la exoneración de 90% provista por la Ley de Incentivos de 1987”, sentenció.

Según la ponencia, “el gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2011-2012 buscaba incentivar la exportación de servicios y se pensó que beneficios sobre ingresos pasivos (lo que eventualmente terminó siendo la Ley 22) atraerían la exportación de servicios. Utilizar la tasa del 4% de la Ley 20 de por sí no generaría el interés de personas para trasladarse a Puerto Rico. En cambio, fijar la tasa de 0% para los ingresos pasivos y mantener el 4% para la exportación de servicios ha probado dar los resultados esperados para aumentar la exportación de servicios desde Puerto Rico”. 

Informó que “en un periodo de nueve años (con huracanes, terremotos y pandemia) se han generado sobre 3,000 decretos de exportación de servicios. Un aumento aproximado de sobre 6,000%. Estos datos son evidencia clara de que ambas leyes se complementan y se deben mercadear de forma conjunta para mover el sector de exportación de servicios y atraer inversionistas a la Isla en momentos que Puerto Rico está en quiebra y no tiene acceso a capital”.

El grupo de exfuncionarios objetó las recomendaciones realizadas por el economista José Caraballo Cueto por entender que sus señalamientos “especulativos” son la base fundamental del proyecto 684. 

Caraballo Cueto fundamenta sus recomendaciones bajo la premisa de que el presidente Joe Biden y el Congreso aumentarán los impuestos de ganancia de capital a 39.6%.

“Dichas recomendaciones no son aptas ni suficientes para fundamentar un proyecto de desarrollo económico que trastocaría uno de los únicos incentivos que está generando inversión nueva en este momento a Puerto Rico. Continuar con el análisis de esta medida en este momento es como jugar el dinero de la compra en la lotería con la expectativa de pegarse. Ya sabemos que el Presidente Biden no tiene respaldo para subir la tasa impositiva de ganancias de capital a 39.6%. En ese sentido, Puerto Rico no se pegó en la lotería. Esto subraya la importancia de que las recomendaciones realizadas descansen en datos reales, no en opiniones políticas sobre lo que el Congreso puede hacer o no hacer”, expresó Colorado, quien posee una maestría en derecho contributivo de la Universidad de Harvard.INS

lp