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A la izquierda, el mayor general del Ejército Adán Cáceres y algunos de los implicados en el caso Coral./Inter News Service
Santo Domingo, 4 may (INS).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó este jueves la formal acusación en contra del grupo de personas implicadas en el denominado Coral, un entramado societario de corrupción creado para distraer fondos públicos a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), dirigido por el mayor general del Ejército Adán Cáceres.
El expediente lo depositó la procuradora de corte Mirna Ortíz junto a un equipo de la Pepca en la sede de la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional junto a tres cajas de pruebas documentales que incluyen información financiera, informes de las auditorias de la Cámara de Cuentas y otros soportes probatorios.
Esta acción se produce tras la intimación que hiciera el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para que se procediera a presentar la acusación antes de vencer el plazo de dos meses que le habían otorgado para completar la investigación.
La naturaleza de la investigación de los delitos de corrupción, los casos de alto perfil que están abiertos y que implican a exfuncionarios, y muchas empresas, fueron algunas de las justificaciones que hizo el Ministerio Público, el 22 de febrero de 2022, para solicitar una prórroga en el proceso de indagación.
La tendencia de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ha generado disgusto entre los implicados en los expedientes de corrupción.
Algunas defensas alegan que las prolongaciones de plazos que solicita la Pepca evidencia que no existen expedientes blindados, sino “muchos documentos” que no constituyen pruebas de ilícito.
Las investigaciones establecen que Adán Cáceres, quien era el jefe de seguridad del presidente Danilo Medina en el período 2012-2016, se aprovechó de sus funciones, su cercanía y apoyo del poder político para crear una presunta red corrupta para distraer fondos millonarios del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Los demás imputados que guardan prisión preventiva desde mayo de 2021 son el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro José Montero Cruz, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y su madre, la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez.
Mientras que están en arresto domiciliario el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, que colaboró con la investigación del Ministerio Público.
Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción, entre otros delitos. INS
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