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Varios ciudadanos han fallecido después de ser arrestados por la policía./Inter News Service
Santo Domingo, 4 may (INS).- El principal periódico del país, Listín Diario, alertó al presidente Luis Abinader que fuerzas oscuras actúan a la sombra de la impunidad y están maniobrando contra la autoridad presidencial y el plan de gobierno de promover e implantar una cultura de transparencia, institucionalidad y tolerancia cero a la corrupción en el Estado.
La advertencia está contenida en el editorial que lleva por título “Presidente ¡Apriete la muñeca!”, de la edición correspondientes a este miércoles en el se cuestionan varios crímenes de personas por parte de agentes policiales.
Igual postura han asumido otros medios de comunicación, el liderazgo político y social que solicitan al jefe del Estado sacar las manzanas podridas que operan a lo interno de la Policía Nacional, una institución que en los años recientes se ha visto involucrada en casos de asesinatos de personas inocentes.
Las últimas desgracias ocasionadas por la violencia policial está ensombreciendo, en escala, el esfuerzo del gobierno local de lograr una sólida convivencia entre ese cuerpo y la ciudadanía.
Para referencias, basta recordar los atropellos cometidos por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) contra el Defensor del Pueblo, Pablo Olloa, y periodistas de Listín Diario y el noticiario CDN en el Canódromo El Coco, a quienes les destruyeron los equipos de trabajo, durante una labor de inspección.
Como efecto de estos episodios, la imagen del Gobierno sufrió un duro revés cuando el pasado 19 de abril la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este hecho, considerándolo como “trabas al ejercicio periodístico” y “un daño al clima de libertades”.
Además, se enumera la muerte de los jóvenes José Gregorio Custodio y David de los Santos, ambos mientras se encontraban bajo custodia policial en los destacamentos de San José de Ocoa y del Ensanche Naco, en Santo Domingo, respectivamente.
Otro caso, el de Richard Báez, fallecido en Santiago, después de caer en manos de la Policía, cae, por el momento, bajo presunción y sospecha de ser parte de esta espantosa historia de horror.
A continuación, el contenido del editorial:
Fuerzas oscuras, actuando como siempre a las sombras de la impunidad, están maniobrando contra la autoridad presidencial y contra su plan de gobierno de promover e implantar una cultura de transparencia, institucionalidad y tolerancia cero a la corrupción en el Estado.
Si su discurso ha sido tan claro e indubitable desde el principio de su administración, no se justifica que después de su contundente manotazo ante el horrendo asesinato de una pareja de pastores el 31 de marzo de 2021, la Policía aparezca comprometida en una cadena de crímenes injustificables, un año después.
Los últimos episodios de jóvenes atropellados hasta quedar moribundos en distintos cuarteles, han consternado a la sociedad, tanto como al mismo Presidente, lo que indica que a nivel de subalternos, sean uniformados o civiles, se mueven fuerzas oscuras que no están por respetar las líneas fundamentales de su gobierno.
Una de esas líneas es la reforma policial y la militar. El que no se abandere a esa causa porque duda de su factibilidad o francamente no quiere que una cirugía profunda extraiga toda la pus acumulada en más de 70 años de cultura del garrote, tiene que ser destituido o apartado de ese proyecto, sin contemplaciones.
Si un presidente vacila o si sus órdenes no se cumplen al pie de la letra, tanto en el manejo pulcro y transparente de los recursos públicos, como en el cumplimiento eficiente de las responsabilidades que competen a sus ministros, el ideal de un cambio verdadero estaría condenado al desvanecimiento.
La sorprendente cadena de asesinatos de civiles en cuarteles, no en cárceles, sin que las víctimas hayan robado, matado o traficado con drogas, tiene que cesar ya.
Esta es una oportunidad de oro para que el Presidente fortalezca su autoridad y el principio de autoridad que garantiza la disciplina y unidad en las instituciones armadas, apretando la muñeca de sus facultades presidenciales para resolver, por decreto, lo que haya estado fuera de lugar.
Tiene que sentirse que el Presidente sanciona de verdad, no de palabra, y que así como cuenta con la carta blanca que le dio la mayoría para fumigar las lacras prevalecientes en el Estado, así espera ahora la sociedad que actúe frente a estos hechos bochornosos, sin permisividades.
A esos crímenes, Presidente, hay que ponerle coto de inmediato.
En situaciones en las que el principio de autoridad y el orden se tornan quebradizos, la irrenunciable responsabilidad del Presidente es la de preservar las bases del estado de derecho, la institucionalidad, la transparencia y la paz social, por encima de la popularidad política o de cualquier apuesta electorera.
El Presidente tiene el apoyo para cumplir con su promesa de ayer de que “en mi gestión, ningún caso de esa naturaleza (el de los últimos asesinatos) quedará sin sanción, sin importar quién o quiénes sean los responsables”. INS
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