P. Rico-Asume se opone a proyecto que persigue establecer tope en fijación de pensión alimentaria 

San Juan, 2 may (INS).- La administradora de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), Terilyn Sastre Fuente, señaló hoy en una audiencia pública de la Comisión de lo Jurídico que el proyecto de la Cámara 1153, que persigue establecer que en ningún caso la pensión alimentaria fijada será mayor de 40 por ciento del ingreso neto del alimentante, no cuenta con alternativas científicamente probadas que garanticen el bienestar de los menores. 

Aseguró que la agencia se encuentra revisando las Guías mandatorias para computar las pensiones alimentarias en Puerto Rico, con el fin de garantizar que las cantidades a pagar sean justas y adecuadas para todas las partes.

“En el análisis de la medida presentada, identificamos un fin común, establecer pensiones de manera justa, sin embargo, identificar o establecer un por ciento específico de ingreso para que el mismo sea reservado a la persona no custodia sin un análisis o estudio que compruebe que esta es la medida correcta, atenta contra nuestra misión y visión, el bienestar de nuestros niños”, señaló Sastre Fuente. 

Destacó, también, que la Asume gestionó un estudio socioeconómico en conjunto con Estudios Técnicos y la Universidad de Puerto Rico. “Ciertamente el proceso de redacción de las nuevas guías ha tomado más tiempo del previsto, debido a los efectos adversos que hemos sufrido tras el paso del huracán María, los terremotos y la pandemia del Covid-19, lo cual afectó los resultados y la realidad que se plasman en nuestros estudios, los cuales son determinantes a la hora de llevar a cabo el complejo y altamente técnico proceso de redacción y revisión”.

Sin embargo, la licenciada destacó que la fecha de revisión y culminación del proceso investigativo está pautada para el 30 de junio de 2022.

 “Esa fecha es que termina el contrato de Estudios Técnicos con nosotros”, afirmó. 

Por otra parte, Sastre Fuentes mencionó que como parte del proceso de revisión de las guías mandatorias, un grupo de ciudadanos se encuentra evaluando la información del estudio socioeconómico, para luego presentar recomendaciones sobre la posibilidad de enmiendas o el establecimiento de un nuevo reglamento de pensiones alimentarias. 

“Nuestra oposición al proyecto no es una caprichosa ni arbitraria, está basada en que al momento de trastocar de manera significativa el establecimiento de pensiones alimentarias, debe hacerse basado en estudios que hayan evaluado todas las posibles situaciones y nos provean alternativas científicamente probadas para el beneficio de los menores, por quien venimos obligados a velar”, indicó.INS

lp