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El gobernador Pedro Pierluisi./Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 21 abr (INS).- El fallo del Tribunal Supremo federal concerniente a que la constitución de los Estados Unidos no le requiere al Congreso de Estados Unidos extender los beneficios del programa de Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) a los residentes de Puerto Rico pudiera tener un efecto localmente entre un sector de los puertorriqueño de favorecer la estadidad.
El reclamo que José Luis Vaello Madero llevó con éxito en los foros de distrito y apelativo, denunciando violaciones a las garantías constitucionales de igual protección de las leyes al denegársele el beneficio por mudarse de Nueva York a Puerto Rico, no fue acogido jurídicamente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El SSI está diseñado para asistir a los ciudadanos más necesitados y dirigido a prevenir la pobreza más extrema. De modo que es parte de un sistema federal de prestación de asistencia social que el Tribunal Supremo de Estados Unidos entiende mayoritariamente por sus jueces que corresponde en derecho a jurisdicciones que pagan contribuciones federales.
Con la estadidad, los ciudadanos en Puerto Rico con ingresos tributables entre $32,000 y $44,000 anuales es posible que deban rendir la planilla federal de contribución sobre ingresos y pagar impuestos en un 50 por ciento de sus beneficios. En el caso de más de $44,000, hasta el 85 por ciento de sus beneficios pueden estar sujetos a impuestos.
La determinación federal se sustenta en el hecho de que como los ciudadanos residentes en Puerto Rico no pagan contribuciones federales y, por lo tanto, no tienen iguales derechos constitucionales que aquellos que sí pagan contribuciones por sus ingresos personales al IRS.
En la consideración jurídica no hubo contemplaciones sobre obligatoriedad alguna a la prestación social que pudiera visualizarse políticamente por el hecho de que Puerto Rico tiene una población grande en comparación con Estados Unidos de ancianos y personas con discapacidades.
La Oficina del Censo estimó que en 2019, el 43.5% de los residentes de Puerto Rico vivían por debajo de la línea de pobreza -más del triple del porcentaje nacional estadounidense del 12.3%.
El gobernador Pedro Pierluisi intenta sacar partido a favor de la estadidad con el fallo judicial del Supremo estadounidense y no tardó en señalar que queda comprobado que la condición territorial de carácter colonial de Puerto Rico es discriminatoria para los ciudadanos americanos en territorio puertorriqueño y permite que el Congreso pueda hacer lo que quiera con nosotros.
Para agregar seguidamente en un comunicado de prensa: «Basta ya de este estatus colonial que nos discrimina y afecta nuestra calidad de vida. La única y la mejor solución es la estadidad».
Tal como ya se ha explicado en la prensa, el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos se sustenta en el caso de una demanda de recobro del IRS contra el boricua Vaello Madero, quien vivió en Nueva York de 1985 a 2013 y recibía el beneficio del SSI por incapacidad.
Vaello Madero se mudó a Puerto Rico en 2013 y continuó recibiendo el depósito del SSI en su cuenta bancaria en Nueva York hasta 2016, lo que provocó la demanda de recobro por $28,081.
Es ilógico atribuirle virtudes a la estadidad para recibir en Puerto Rico el beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI), si cientos de miles de puertorriqueños y empresas nativas tienen que pagar contribuciones federales para que un sector bajo el umbral de pobreza establecido en Estados Unidos reciba esa asistencia social suplementaria.
En términos generales, un simple ejercicio matemático de suma y resta es suficiente para concluir que el precio económico para Puerto Rico de la estadidad no compensa el beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI). INS
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