
Eliezer Ramos Pares./Inter News Service, archivo
San Juan, 23 mar (INS).- Las cinco organizaciones que participan en el Comité PARE afirmaron hoy que Educación incumple con el estado de emergencia por violencia de género decretado por el gobernador Pedro R. Pierluisi a través de la orden ejecutiva 2021-013.
Según las entidades, una de las particularidades de la orden ejecutiva fue la mención “específica” de la perspectiva de género como un instrumento para analizar la situación de las mujeres en el país y para impulsar acciones dirigidas a prevenir la violencia en contra de ellas y las personas de las comunidades Lgbttiq.
Al respecto, aseguraron que en la página dos de la orden ejecutiva se expresa que el gobierno está “comprometido con establecer un proceso para desarrollar un currículum de perspectiva de género”.
Igualmente, señalaron que en el Comité PARE se aprobó un plan de trabajo en el que se establece que se implementará en agosto 2021 “un sistema de enseñanza con perspectiva de género en el sistema educativo puertorriqueño”.
Sin embargo, alertaron que el pasado 11 de marzo Educación emitió la carta circular 032-2021-2022 titulada “Política pública sobre la integración transversal del tema ‘la equidad y el respeto entre todos los seres humanos’ en el currículo del departamento de educación de Puerto Rico como un medio para prevenir la violencia y fomentar el desarrollo de una sociedad sensible, inclusiva e igualitaria para el logro del bienestar colectivo.
Ante la carta circular, el 14 de marzo las organizaciones escribieron una carta dirigida al gobernador y al pleno del Comité PARE “expresando nuestras objeciones y señalando la falta de cumplimiento de Educación con los compromisos que asumió en una reunión sobre este tema con el señor gobernador, la presidenta de PARE y nuestras organizaciones”.
Además, en una reunión extraordinaria del PARE celebrada el 18 de marzo, la oficial de cumplimiento “dijo que su evaluación durante el mes de febrero consideraba que el Departamento de Educación no estaba en incumplimiento y que las acciones que le son requeridas están en proceso”.
Además, las agrupaciones indicaron que “cuando un asunto de política pública es importante para un estado, se invierten recursos humanos y
económicos en las acciones que permitan ejecutar el espíritu de esa política pública. También se establecen marcadores de cumplimiento y se exige diligencia en el cumplimiento de acuerdos y tareas delegadas para lograr los objetivos. En este caso nos parece que las acciones de Educación y del propio gobierno en general no muestran interés o diligencia para lograr un currículo con perspectiva de género en nuestro sistema de educación pública”.
Asimismo, advirtieron que “las expresiones públicas de Educación no son cónsonas con el lenguaje de la orden ejecutiva OE2021-013 y por lo tanto están en incumplimiento”.INS
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