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El gobernador Pedro R. Pierluisi./Inter News Service, archivo
San Juan, 23 mar (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi vetó una medida que permitía a personas acusadas de delito examinar declaraciones juradas en su contra.
El proyecto de la Cámara 459 pretendía que enmendar la Regla 6 de las Reglas de Procedimiento Criminal del 1963, con el fin de añadir la obligación de que el Ministerio Público provea al imputado copia de todas las declaraciones juradas previo a la vista de causa probable para arresto, de modo que pueda reaccionar y preparar una defensa adecuada.
Sobre la decisión, el representante Orlando Aponte Rosario, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, lamentó el veto a una medida “que hubiera procurado un proceso más justo para las personas acusadas de delito”.
El representante abundó que “prohibir o evitar que un imputado pueda tener acceso a las declaraciones juradas que un juez va a usar para hacer una determinación de causa para arresto, lo que provoca es que un imputado inocente no pueda preparar una defensa adecuada. Como consecuencia, ese inocente pueda ser privado de su libertad”.
Aseguró que «el Colegio de Abogados recomendó la aprobación del proyecto, porque garantiza que no se prive a un ciudadano de su libertad sin poder contrainterrogar a los testigos y conocer la evidencia que está en su contra. Aún así, el gobernador, siendo abogado, rechazó esta realidad».INS
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