P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el martes 22 de marzo de 2022

P. Rico-Presidente de la Cámara remueve a representante Nogales Molinelli de Comisión de Ética

San Juan, 22 mar (INS).- El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, removió a la representante Mariana Nogales Molinelli de la Comisión de Ética del cuerpo legislativo.

La medida la tomó luego de que el secretario de Justicia notificó que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor culminó una investigación preliminar en la que la representante Nogales Molinelli compareció como querellada.

En ese contexto, los fiscales del Departamento de Justicia han concluido que existe prueba suficiente para recomendar un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la representante.

Sobre la decisión, el presidente de la Cámara advirtió que “a la representante Nogales Molinelli le cobija una presunción de inocencia”. Sin embargo, y como medida “cautelar”, conforme al Reglamento de la Cámara de Representantes, Hernández Montañez informó que “he ordenado su remoción inmediata de la Comisión de Ética hasta ulterior aviso. En su lugar, he designado al representante José Bernardo Márquez para garantizar el balance que caracteriza a este organismo”.

“Ahora le corresponde a la Oficina del Fiscal Especial Independiente garantizar el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes que la Constitución le reconoce a la representante Nogales Molinelli. Sin embargo, la Cámara de Representantes se mantendrá vigilante y actuará con todo el rigor de la ley si la Oficina del Fiscal Especial Independiente determina radicar cargos criminales y un tribunal de justicia determina que existe causa probable para arresto”, sentenció.INS

 

P. Rico-Cataloga Victoria Ciudadana de persecución referido de representante Nogales Molinelli

San Juan, 22 mar (INS).- El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) consideró que el referido de Justicia de la representante Mariana Nogales Molinelli al Fiscal Especial Independiente (FEI) es producto de una persecución política dirigida a dañar su imagen.

La organización política expuso que “se trata de los mismos asuntos atendidos previamente en los foros pertinentes”.

“No hay nada nuevo; se trata de otra ronda de la embestida anterior. La compañera Mariana Nogales no ha cometido ningún delito”, indicó el MVC.

Según la reacción escrita de Victoria Ciudadana, “es por esta razón que denunciamos el uso indebido de las agencias, instrumentos y recursos del Estado y de los procesos legales y administrativos para perseguir políticamente, e intentar dañar la imagen pública de la representante Nogales y del Movimiento Victoria Ciudadana”.

“Esto es como consecuencia de nuestra fiscalización activa y efectiva de la corrupción de personas vinculadas a ambos partidos”, dijo en referencia al Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD).

A la conducción del MCV no le “sorprende la determinación del Departamento de Justicia, particularmente luego de que la representante Nogales realizará una contundente denuncia sobre construcciones ilegales que involucran directamente a varios jefes de agencia”.

“Este ha sido el proceder de las administraciones del PNP y del PPD cuando se sienten amenazadas por su oposición política. A estas alturas, ni lo disimulan. Por eso portavoces del PNP estuvieron varias semanas presionando públicamente al Secretario de Justicia (Domingo Emanuelli) para perseguir a un listado de opositores políticos”, expuso Victoria Ciudadana.

Indicó que todo esto ocurría, “mientras protegían en la Cámara de Representantes a dos miembros del PNP que incumplieron con su deber legal de someter un Informe Financiero ante la Oficina de Ética Gubernamental”.

“Tanto la representante Nogales, como el Movimiento Victoria Ciudadana, continuaremos combatiendo las injusticias y denunciando la corrupción en todas las instancias”, remató la entidad política.INS

 

P. Rico-Exsenador Ortiz Daliot aplaude que congresista Hoyer descalifique al ELA colonial para un plebiscito

San Juan, 22 mar (INS).- El exsenador José A. Ortiz-Daliot, portavoz de la Alianza pro Libre Asociación Soberana (ALAS), describió como “alentador” que el congresista estadounidense Steny Hoyer recomiende realizar un plebiscito de estatus para Puerto Rico que excluye el actual Estado Libre Asociado (ELA), instaurado hace casi 70 años.

“Es un buen primer paso, pues reconoce las tres fórmulas de descolonización aceptadas por el derecho internacional, por eso entiendo es histórico y la primera vez que el Congreso reconocerÍa que el ELA es colonial”, expresó.

La posible consulta, que incluiría la estadidad, la independencia y la libre asociación, debe contar con el aval del Congreso estadounidense.

Ortiz-Daliot aclaró que aunque no ha tenido la oportunidad de leer la propuesta del líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ALAS asumiría la representación de la libre asociación, tal como lo hizo en el plebiscito criollo de hace una década.

“Finalmente caló el resultado del plebiscito de 2012, donde el pueblo rechazó el ELA actual como lo que es: una colonia”, manifestó Ortiz-Daliot, quien fuera senador del Partido Popular Democrático (PPD) en el cuatrienio 2001-2005.

El portavoz de ALAS indicó a la agencia Inter News Service (INS) que la organización está pendiente de cualquier iniciativa en el Congreso de Estados Unidos que propenda a terminar con los 124 años de colonialismo en Puerto Rico, a partir de la invasión militar de Estados Unidos el 25 de julio de 1898, en el marco de la guerra hispano-cubana norteamericana.

“Para nosotros en ALAS es alentador, porque la libre asociación es una opción que se aprecia por sí sola y nos alienta a seguir la lucha para educar al pueblo puertorriqueño sobre la mejor opción de futuro”, amplió Ortiz-Daliot.

Recordó que, aparte de esta iniciativa de Hoye líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que se conoció a través de la prensa (El Nuevo Día), ALAS cursó una comunicación en días recientes al congresista Raúl Grijalva en la que se mostró optimista en lo que respecta a que asumirá la responsabilidad para terminar finalmente con el colonialismo en Puerto Rico.

“La Alianza pro Libre Asociación (ALAS) es optimista en que su Comité de Recursos Naturales vote sobre un proyecto de ley de consenso o ambos proyectos de ley (HR1522 y HR2070) bajo consideración de su comité. ALAS apoya el HR 2070, ya que es el único proyecto de ley que ofrece considerar las tres opciones de descolonización reconocidas por el derecho internacional”, expuso Ortiz-Daliot en carta a Grijalva.

De entrada, ALAS planteó su rechazo a la opción del actual Estado Libre Asociado, por considerar que no es aceptable en ningún proyecto de ley de consenso, ya que no es una opción descolonizadora.

“El Congreso debe dejar de jugar con la vida de los puertorriqueños, como ha sido el caso desde la invasión de las tropas de los Estados Unidos en 1898. Han pasado 124 años desde entonces y (Washington) ha fracasado en articular un plan para descolonizar la isla y así permitir que el pueblo de Puerto Rico ejerza su derecho universalmente reconocido a la autodeterminación”, argumentó.

Colocando un elemento de actualidad mundial, Ortiz-Daliot afirmó que Estados Unidos no tenía una razón para invadir Puerto Rico en 1898, como tampoco lo tiene Rusia hoy para invadir Ucrania, “pero ambas invasiones tenían un denominador común: la construcción del imperio”.

El portavoz de ALAS remató que el presidente estadounidense Joe Biden se ha alejado de su promesa de campaña de descolonizar a Puerto Rico.INS

 

P. Rico-El Fadep advierte que seguirá luchando “firme y sin descanso” por un retiro digno y anuncia acciones judiciales y protestas esta semana

San Juan, 22 mar (INS).- Las dirigentes del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) advirtieron que seguirán “luchando firmes y sin descanso por un retiro digno”, hasta que se acojan sus reclamos.

Fadep, compuesto por la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Educadores por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical (Educamos) y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete) informó que “la Junta de Control Fiscal, la legislatura y el gobierno no nos dejan otra alternativa que arreciar la lucha”.

“(Este) 21 de marzo, radicaremos nuestra réplica a la objeción de la Junta de Control Fiscal para que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston pueda evaluar los méritos de la apelación y determine señalar la vista oral, o resolver sin vista la viabilidad o no del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD)”, comentó Liza Fournier, presidenta de Unete.

Al tanto que Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR, dijo que “mientras eso ocurre, estamos trabajando sobre diferentes gestiones a realizarse en las escuelas esta semana. Estaremos recogiendo firmas de los maestros en apoyo a una resolución dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a congresistas y al secretario de Educación de EEUU en defensa de un retiro digno y exigiendo acción, pues son ellos los responsables de la Ley Promesa”.

Migdalia Santiago, presidenta de Educamos, apuntó que, “por otro lado, estamos convocando al magisterio este viernes 25 de marzo a las 5:00 PM a un piquete-bohemia por un retiro digno frente al Tribunal Federal de Hato Rey. Allí protestaremos, daremos lectura a la resolución en defensa de un retiro digno y el licenciado Rolando Emmauelli dará un insumo sobre nuestro caso legal. Luego presentaremos un programa artístico en solidaridad con la lucha del magisterio”. INS

 

P. Rico-Legisladores dan seguimiento al retiro digno para miembros del Sistema de Rango de la Policía

San Juan, 22 mar (INS).- La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, presidida por el representante Domingo J. Torres García, atendió este lunes una medida que da seguimiento a los asuntos sobre el retiro digno de los miembros del Sistema de Rango de la Policía.

El Departamento de Seguridad Pública, la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) presentaron ponencias explicativas en la audiencia sobre el Proyecto de la Cámara 1111.

El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra señaló en un turno de preguntas sentirse satisfecho por las conversaciones que se generaron entre el ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) luego de radicada la medida de su autoría.

“Radiqué este proyecto el 6 de diciembre y la Junta se sentó a discutir el asunto el 21 de diciembre. Si nosotros no hubiéramos traído el tema a la discusión pública sobre los 6,200 policías que estaban en un limbo sobre su retiro, tal vez el ejecutivo no hacía nada”, resaltó Rivera Segarra.

Según el director legal de la Junta de Retiro del Gobierno, Nelson Vélez Colón, el 21 de diciembre la JSF instó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para evitar la implementación de varias leyes de retiro, específicamente las Leyes 80, 81 y 82.

Por consiguiente, el 28 de diciembre de 2021 se presentó una estipulación entre el Gobierno y la JSF ante la jueza federal Laura Taylor Swain para que las partes llegaran a un acuerdo que proporcionara mayores beneficios de retiro a los miembros de la Policía que fueran consistentes con el Plan Fiscal certificado y el Plan de Ajuste.

La Junta anunció el Plan Fiscal revisado y certificado el pasado 27 de enero de 2022.

“El Plan Fiscal incluyó un Plan de Retiro Digno para los miembros de la Policías activos bajo la Ley 447 y la Ley 1, que designa alrededor de $850 millones de dólares, durante los próximos 15 años, para brindarles mayores beneficios en su plan de retiro”, mencionó Vélez Colón.

Vélez Colón no endosó el Proyecto “ya que no es jurídicamente posible realizar enmienda alguna a la Ley 81, toda vez que fue invalidada por el Tribunal Federal de Distrito”.

Por su parte, el director de la OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia, destacó a través de una ponencia “que para llegar a dicho acuerdo (mayores beneficio para el plan de retiro de los Policías), resultó necesario invalidar la Resolución Conjunta 33 y la Ley 80-2020, junto con la Ley 82-2020 y la Ley 82-2020”.

El director de la OGP señaló que el Proyecto es importante y loable, “porque persigue hacer justicia a los miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico”.

También, Blanco Urrutia resaltó en su memorial explicativo que en cuanto a la implementación de un programa de retiro incentivado basado en lo que se indica en la Ley 80-2020, “esas negociaciones continúan y se le solicitó un término hasta el 11 de junio de 2022 al tribunal federal”.

A su vez, el Proyecto de la Cámara 1111 propone eliminar de la Ley 81 los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos, los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias.

La medida elimina a varios primeros respondedores de Bomberos y otras agencias, “porque una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó que cualquier empleado miembro del sistema de rango del Negociado del Cuerpo de Bomberos puede ejercer su derecho de acogerse al Programa de Retiro Incentivado cumpliendo con los requisitos”, explicó Rivera Segarra.INS

 

P. Rico-Comisión de Hacienda de la Cámara evalúa presupuesto con énfasis en reducción de gastos a favor de inversión social

San Juan, 22 mar (INS).- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por Jesús Santa Rodríguez, dio inicio a la evaluación del presupuesto del país para el año fiscal 2022-2023, que fuera presentado por el Gobierno la semana pasada, y que asciende a $12,573 millones.

El proceso incluirá un calendario nutrido de vistas públicas de interpelación a los jefes de agencia y corporaciones públicas, para conocer si cumplieron con las estrategias dirigidas a la reducción de gastos, especialmente en la contratación de servicios profesionales, la revaluación de los planes de clasificación y retribución con miras a retener y profesionalizar el capital humano con experiencia, y renovar la plantilla de servidores públicos mediante la contratación de nuevos recursos.

“Al igual que el año pasado, estaremos evaluando el presupuesto del próximo año fiscal sin tener que ceñirnos al itinerario de la Junta, y terminarlo a tiempo para ser considerado por la Asamblea Legislativa. De esta manera, evitaremos rezagos y dispondremos de más tiempo para evaluar cada partida responsablemente”, apuntó Santa Rodríguez.

Añadió que “este proceso lo llevamos a cabo el año pasado de forma exitosa, pues logramos identificar partidas que habían sido obviadas en la propuesta presupuestaria original, como el pago de salarios de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica transferidos al gobierno central, así como un aumento necesario a la asignación destinada a la Universidad de Puerto Rico”.

El nuevo presupuesto propone destinar una partida de $2,297 millones para el pago de las pensiones de los retirados del Gobierno, $3,355 para la nómina de los servidores públicos y otros $1,100 millones para nutrir el Fideicomiso de Reserva de Pensiones.

“Estas partidas, que en el pasado se encontraban en un limbo presupuestario, fueron finalmente aceptadas por la Junta de Supervisión Fiscal, luego de intensas negociaciones entre la Cámara de Representantes y el ente fiscalizador, garantizándose la protección de las pensiones de nuestros servidores públicos retirados, la optimización del plan de pensiones de los policías y atendiendo el incremento a los salarios para estos y otros empleados, incluyendo los maestros”, apuntó Santa Rodríguez.

Del total de los $12,500 millones, solo se destinarán $771 millones para el servicio de la deuda. En 2017, cuando el gobierno enfrentó el impago y la quiebra del País, el abono anual a la deuda alcanzó, en ocasiones, más de $4,000 millones.

La reducción de este pago, tras cinco años de negociaciones con los acreedores, es producto de la rebaja del principal adeudado en 2017, de unos $34,000 millones, a aproximadamente $7,000 millones.

De acuerdo con Santa Rodríguez, el Gobierno necesita lograr eficiencias mediante la reducción de gastos innecesarios, mientras se reasigna a proyectos de inversión social, como la optimización de los servicios dirigidos a los ciudadanos, la creación de fondos para programas de residencia para futuros médicos, y planes efectivos para la estimulación de la economía y la creación de empleos bien remunerados.

“También, tendremos el punto de mira en aquellas áreas de mayor gasto que resulten en operaciones redundantes y que no hayan cumplido con los objetivos trazados, incluyendo agencias de reciente creación”, añadió Santa Rodríguez.INS

 

P. Rico-Legisladores dan seguimiento al retiro digno para miembros del Sistema de Rango de la Policía

San Juan, 22 mar (INS).- La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, presidida por el representante Domingo J. Torres García, atendió este lunes una medida que da seguimiento a los asuntos sobre el retiro digno de los miembros del Sistema de Rango de la Policía.

El Departamento de Seguridad Pública, la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) presentaron ponencias explicativas en la audiencia sobre el Proyecto de la Cámara 1111.

El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra señaló en un turno de preguntas sentirse satisfecho por las conversaciones que se generaron entre el ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) luego de radicada la medida de su autoría.

“Radiqué este proyecto el 6 de diciembre y la Junta se sentó a discutir el asunto el 21 de diciembre. Si nosotros no hubiéramos traído el tema a la discusión pública sobre los 6,200 policías que estaban en un limbo sobre su retiro, tal vez el ejecutivo no hacía nada”, resaltó Rivera Segarra.

Según el director legal de la Junta de Retiro del Gobierno, Nelson Vélez Colón, el 21 de diciembre la JSF instó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para evitar la implementación de varias leyes de retiro, específicamente las Leyes 80, 81 y 82.

Por consiguiente, el 28 de diciembre de 2021 se presentó una estipulación entre el Gobierno y la JSF ante la jueza federal Laura Taylor Swain para que las partes llegaran a un acuerdo que proporcionara mayores beneficios de retiro a los miembros de la Policía que fueran consistentes con el Plan Fiscal certificado y el Plan de Ajuste.

La Junta anunció el Plan Fiscal revisado y certificado el pasado 27 de enero de 2022.

“El Plan Fiscal incluyó un Plan de Retiro Digno para los miembros de la Policías activos bajo la Ley 447 y la Ley 1, que designa alrededor de $850 millones de dólares, durante los próximos 15 años, para brindarles mayores beneficios en su plan de retiro”, mencionó Vélez Colón.

Vélez Colón no endosó el Proyecto “ya que no es jurídicamente posible realizar enmienda alguna a la Ley 81, toda vez que fue invalidada por el Tribunal Federal de Distrito”.

Por su parte, el director de la OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia, destacó a través de una ponencia “que para llegar a dicho acuerdo (mayores beneficio para el plan de retiro de los Policías), resultó necesario invalidar la Resolución Conjunta 33 y la Ley 80-2020, junto con la Ley 82-2020 y la Ley 82-2020”.

El director de la OGP señaló que el Proyecto es importante y loable, “porque persigue hacer justicia a los miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico”.

También, Blanco Urrutia resaltó en su memorial explicativo que en cuanto a la implementación de un programa de retiro incentivado basado en lo que se indica en la Ley 80-2020, “esas negociaciones continúan y se le solicitó un término hasta el 11 de junio de 2022 al tribunal federal”.

A su vez, el Proyecto de la Cámara 1111 propone eliminar de la Ley 81 los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos, los miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias.

La medida elimina a varios primeros respondedores de Bomberos y otras agencias, “porque una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó que cualquier empleado miembro del sistema de rango del Negociado del Cuerpo de Bomberos puede ejercer su derecho de acogerse al Programa de Retiro Incentivado cumpliendo con los requisitos”, explicó Rivera Segarra.INS

 

EEUU-Alertan sobre el peligro de los cerdos salvajes en Puerto Rico, declarados emergencia sanitaria en 2019

Washington, 22 mar (INS).- El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Servicio de Inspección de Sanidad De Plantas y Animales (APHIS, siglas en inglés) hicieron un llamado a los residentes en Puerto Rico para reportar a cerdos salvajes a fin de prevenir la propagación de enfermedades, como la peste porcina africana, y proteger la propiedad.

Según el USDA, al igual que otras especies invasoras, los cerdos salvajes o asilvestrados destruyen los hábitats de especies nativas de plantas y animales y compiten con otros animales, reduciendo las poblaciones de especies nativas.

La agencia federal detalló que los cerdos salvajes son descendientes de los cerdos que se escaparon o fueron liberados y son llamados por muchos nombres, incluyendo jabalí, cerdo salvaje, jorobado, cerdos talladores de madera y verraco ruso o euro-asiático.

“Independientemente de su nombre, estos cerdos son una especie peligrosa, destructiva e invasora. Los cerdos no son nativos de Puerto Rico y no tienen depredadores nativos aquí. Se sabe que portan parásitos y enfermedades, algunas de las cuales pueden transmitirse a personas, mascotas, ganado y otros animales salvajes. Una enfermedad que nos preocupa mucho es la peste porcina africana o PPA. Recientemente se encontró en República Dominicana y Haití. Si los cerdos salvajes aquí se exponen a esta enfermedad, podrían propagarla rápidamente a través de Puerto Rico, amenazando a los cerdos en la isla y en el continente”, dijo Fred Soltero, veterinario del USDA a cargo de Puerto Rico.

“Ahora más que nunca, necesitamos que la gente reporte a los cerdos salvajes”, agregó el funcionario.

Aun cuando no hay un recuento oficial de la población, el USDA estima que hay miles de cerdos salvajes deambulando por Puerto Rico y 67 de los 78 municipios de la isla informaron avistamientos.

Los cerdos comienzan a reproducirse antes de cumplir un año y pueden dar a luz hasta diez lechones a la vez.

Los cerdos salvajes o asilvestrados se reproducen a un ritmo tan rápido que Puerto Rico los declaró emergencia sanitaria en 2019.

“Si bien hay cerdos asilvestrados en todo el mundo, la situación en Puerto Rico es única, ya que muchos de los cerdos salvajes de la isla descienden de los cerdos vietnamitas barrigones que antes eran mascotas. A las personas les llama la atención tener estos cerdos barrigones cuando son pequeños por su linda apariencia, pero pueden crecer hasta 250 libras o más. A veces, los dueños de estos cerdos los liberan cuando se vuelven demasiado grandes para cuidarlos, convirtiéndolos en un riesgo para la comunidad”, sostuvo Soletero.

El USDA pidió a la población ayudar a evitar que su cerdo o mascota se convierta en parte del problema de los cerdos asilvestrados en Puerto Rico.

Por ello, solicitó a los dueños de un cerdo que si tienen problemas para manejarlos, no lo suelte en la naturaleza.

También señaló que si una persona ve cerdos salvajes o daños causados por ellos, puede llamar al 866 536-7593.INS

 

P. Rico-Opfei determina no designar un FEI contra exalcaldesa Cruz Soto, pero remite caso a la OEG

San Juan, 22 mar (INS).- La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), tras acoger la recomendación del Departamento de Justicia, decidió que no nombrará un Fiscal Especial Independiente (FEl) para investigar a la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulin Cruz Soto y a dos funcionarias municipales, Myrna Hernándoz Serrano e Ivette del Valle Soto.

El caso se originó con una querella presentada ante Justicia por el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, alcalde de San Juan, contra la exalcaldesa, relacionada con la administración de los Programas Head Start y Early Head Start.

Según se indica en el informe de investigación preliminar del Justicia, Romero Lugo expresó que la “negligencia crasa” de la exalcaldesa Cruz Soto y de otras dos funcionarias del municipio ocasionaron la pérdida de millones de dólares en fondos federales para el funcionamiento de los centros Head Start y Early Head Start, lo que ocasionó el cierre de estas dependencias, con la consiguiente pérdida de empleos y prestación de servicios para los residentes de San Juan.

Luego de la investigación por parte de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac), Justicia acogió la recomendación de la División, la cual concluyó que no existió causa suficiente para creer que la exalcaldesa Cruz Soto y las dos funcionarias mencionadas hubieran incurrido en una conducta delictiva.

Recomendó, entonces, que no se designara un FEI.

Como parte del informe de la Dipac, se destaca que se realizaron entrevistas a funcionarios del municipio y a otras fuentes.

Agrega que tras estas y otras indagaciones, “la evidencia recopilada demuestra que la parte querellada trabajó en la rectificación de las deficiencias señaladas”.

La Dipac precisó que, según el récord, las medidas correctivas adoptadas por el municipio fueron validadas y aceptadas por la la Administración de Niños y Familias (ACF, siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Por otro lado, el Panel expresó que, de los testimonios de las personas que prestaron declaraciones juradas surge la falta de prueba para designar un FEI, coincidiendo así con la recomendación del secretario de Justicia en tal sentido.

Tras la evaluación, el Panel ordenó el archivo del caso, en cuanto al aspecto penal se refiere.

No obstante, el Panel decidió remitir el asunto a la Oficina de Ética

Gubernamental (OEG) para que determine si la exalcaldesa Cruz Soto incurrió en negligencia o incumplimiento de ley en el ámbito administrativo.INS

ndc