
La fiscal Sourelly Jáquez ofreciendo detalles sobre las operaciones del cibercrimen./Inter News Service
Santo Domingo, 15 mar (INS).- Las autoridades del Ministerio Público informaron que las personas implicadas en la acción fraudulenta conocida como Operación Discovery, desarticulada mediante allanamientos en diferentes lugares del país, aprovechaban el estado de vulnerabilidad de sus víctimas, cuyas edades oscilaban entre 80 y 95 años.
A estas personas de edad avanzada las estafaban con historias falsas en las que les hacían creer que nietos o hijos habían sufrido accidentes de tránsito y, tras someterlas a presiones, las hacían desprenderse de altas sumas de dinero.
La mayoría de los perjudicados con el entramado delictivo son ciudadanos norteamericanos pensionados o jubilados a quienes los delincuentes timaban a través de la modalidad del crimen cibernético.
Los detalles fueron ofrecidos por la fiscal Sourelly Jáquez, quien también informó que se continuará este miércoles con la presentación de la medida de coerción contra 39 integrantes de la presunta red de estafadores.
De acuerdo con la funcionaria el órgano persecutor ha compilado y depositado ante el tribunal cientos de elementos de pruebas que vinculan a los encartados con la estructura mafiosa que acumuló millonarios bienes materiales y en efectivo.
Jáquez se refirió al tema al ser abordada por periodistas, luego de que la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Yiberty Polanco, recesó la audiencia.
Asimismo, dijo que confía en que la corte validará las pruebas recolectadas durante la investigación y aseveró que la mayoría de imputados tiene procesos penales por asesinatos, narcotráfico, violencia y otros delitos.
El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados.
Al grupo le imputan los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Por igual, los acusan de violar los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4, así como el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos. La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405, que instruye sancionar la estafa. INS
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