
Los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho dan detalles sobre el caso de narcotráfico. / Inter News Service
Santo Domingo, 14 mar (INS).- El Ministerio Público declaró que cuenta con más de 200 pruebas para demostrar los vínculos al lavado de activos provenientes del narcotráfico de siete personas arrestadas durante la denominada “Operación FM”, para quienes solicita la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, además de que el caso sea declarado complejo.
La procuradora adjunta Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, resaltó que la solicitud de medida incluye evidencias que demuestran la responsabilidad penal de los imputados.
En la primera audiencia, celebrada este domingo, la jueza Odalis Alapis, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó para el próximo jueves la vista contra Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
Los imputados fueron arrestados en una operación desarrollada por el Ministerio Público bajo la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.
La acción incluyó allanamientos en las provincias Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes decomisaron más de un millón de dólares y 760 mil pesos dominicanos (13,899 dólares), así como 13 vehículos, incluyendo un Ferrari y dos Porsche.
Los fiscales investigadores señalan que el caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, a la que en agosto de 2020 se le incautó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación, que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos. INS
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