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Alrededor del 70 por ciento de las personas que ingresaron al sistema correccional de Puerto Rico habían cometido algún acto delictivo asociado con el uso de alcohol o drogas/ Inter News Service
San Juan, 11 mar (INS).- La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores atendió una medida que evalúa el manejo por parte del Estado respecto a la rehabilitación en el entorno correccional, con el fin de atender a los confinados con problemas de abuso y adicción a sustancias controladas y otros problemas de conducta.
Se trata del proyecto del Senado 54, que propone adoptar la “Ley del Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas”.
La medida busca establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la implementación del modelo de rehabilitación concebido bajo el denominado Programa de Rehabilitación de Comunidades Terapéuticas (PRCT) en aquellas instituciones penales que así lo entienda pertinente la Secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)”.
En su turno inicial, la presidenta de la Comisión, Lisie Burgos Muñiz, sostuvo que es prioridad que su Comisión adopte herramientas realmente efectivas para hacer cumplir el mandato constitucional en lo concerniente a los confinados del país.
“Esta medida propone, como cuestión de política pública, añadir al repertorio de alternativas con la que el DCR cuenta para paliar la crisis de adicción a sustancias dentro del sistema penitenciario, un programa de rehabilitación terapéutico especializado, denominado como Comunidad Terapéutica”, dijo la Legisladora.
En la pasada sesión, el Senado de Puerto Rico atendió en audiencias públicas este proyecto de ley con el insumo de agencias gubernamentales, organizaciones profesionales, entre otras exponiendo sus sugerencias y contribuciones.
La coordinadora de la organización sin fines de lucro, Intercambios Puerto Rico resaltó que este proyecto de ley atenta contra la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408-2000), ya que “el uso problemático de sustancias psicoactivas es uno complejo, por lo cual no se debe proveer un solo modelo de rehabilitación como propone el proyecto de ley”, razón por la cual se opone a este.
“En la actualidad el DCR se encuentra en una situación presupuestaria más precaria que el año pasado, cuando el Senado de Puerto Rico lo presentó. El Plan de Optimización requerido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha solicitado el cierre de seis instalaciones del DCR, como respuesta a un medida de austeridad para ahorrar $5.1 millones al cierre del año fiscal 2020”, expuso Carla Correa, coordinadora de la organización.
Agregó que “la agencia gubernamental (DCR) no cuenta con los recursos necesarios para poder implantar el modelo de comunidades terapéuticas, “el cual es uno muy costoso y con poco o ningún resultado a la hora de atender el uso problemático de sustancias”.
Por otro lado, el presidente del Hogar CREA entiende que el proyecto de ley es uno loable, no obstante, recomendó que se asigne un presupuesto para que esta medida se pueda realizar, pero que sea real.
También pidió que se aumenten los envíos de confinados a programas de desvío y que las organizaciones sin fines de lucro que ya tienen operando una comunidad terapéutica sean una fuente de servicio para el PRCT”.
En la exposición de motivos de la medida resalta que “estudios realizados han arrojado que alrededor del 70 por ciento de las personas que ingresaron al sistema correccional de Puerto Rico habían cometido algún acto delictivo asociado con el uso de alcohol o drogas. Además, según las estadísticas, aproximadamente el 77 por ciento de los confinados indicó haber usado sustancias controladas o alcohol”.INS
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