R. Dominicana-Procuraduría revela que la red criminal que estafó a ciudadanos estadounidenses contó con la ayuda del Departamento de Alta Tecnología de la Policía Nacional

Algunos de los implicados en la desmantelada red de estafadores cibernéticos./Inter News Service

Santo Domingo, 10 mar (INS).- La organización de ciberdelitos desmantelada recientemente bajo el nombre “Operación Discovery” por la Procuraduría General de la República en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés), contó con ayuda de personas adscritas al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, para realizar las estafas millonarias, extorsión sexual, económica, el robo de identidad y el despojo de los fondos de pensiones a ciudadanos estadounidenses.

Así está planteado en el expediente acusatorio elaborado por el Ministerio Público contra unos 38 implicados, de 100 que están bajo investigación, que fueron arrestados durante allanamientos simultáneos en las provincias de Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata.

En el tramo de las indagaciones, los fiscales han determinado, en una solicitud de medida de coerción, que los integrantes de la red criminal tienen afiliación en la peligrosa banda denominada “Los Trinitarios”, integrada por dominicanos a la que se le atribuye la mayoría de los casos sangrientos registrados en Madrid, España.

Las autoridades, tanto norteamericanas como dominicanas, no especifican cuándo inició el esquema de estafas electrónicas a través de centros de llamadas clandestinos, pero sí que la investigación del ilícito inició a mediados del año 2020, cuando una transmisión en vivo de uno de los involucrados advirtió el manejo de cuantiosas sumas de dinero en personas con perfil económico bajo.

Con la técnica de spoofing (suplantación de identidad), lograron extorsionar a adultos mayores de 60 años por tiempo indeterminado, hasta que los agraviados en comunicación con la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana solicitaron la cooperación internacional para dar con los responsables del timo.

El Ministerio Público reseña que, a través de las intercepciones telefónicas a uno de los cabecillas de la red, identificado como Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), determinó que la estructura delictiva recibió ayuda del técnico de una telefónica y de miembros de la Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) para resguardar el esquema ilícito en un momento cumbre para el esquema fraudulento.

La investigación inició en julio de 2020 y ya para el mes de octubre los norteamericanos habían tomado medidas para evitar las estafas, Darimán se dio cuenta y solicitó los servicios del coimputado Ángel de Jesús Jiménez Durán, técnico de la telefónica, establece la incriminación.

“En una conversación telefónica, interceptada por la Procuraduría, Darimán le cuenta a Jiménez Durán que tiene problemas con las direcciones IP, a lo que este le contesta que los norteamericanos le están bloqueando las IP porque él está haciendo algo y ellos lo saben”, señala.

Explica que expresarle al cabecilla el diagnóstico del problema, “fue el rompe hielo para el inicio de la participación del técnico en el esquema. Para contrarrestar el bloqueo Jiménez Durán le instaló una VPN (red privada virtual) para cambiar la dirección IP de otro país, a cambio Darimán le prometió una buena recompensa”.

Por otro lado, el Ministerio Público asegura que la red logró alzarse con cuantiosas sumas de dinero y poseer muebles e inmuebles costosos, vehículos de alta gama, joyas, entre otras. “Por su bonanza económica, el cabecilla del entramado manifestó su interés en el último trimestre del 2020 de tener un enlace en la Dicat que le permitiera resguardar sus negocios. Es por esto que le pide a su hermano, el coimputado José Eliezer Rodríguez Ortiz, gestionar ese contacto y le expresa que ellos ya tienen otro nivel económicamente y por ende deben de cuidarse y pensar más allá del momento actual en que viven”.

Según el documento de 298 páginas al que tuvieron acceso algunos medios, Darimán hace alusión a que ese contacto (no identificado) se haría a través de uno de los jefes del Dicat en la ciudad de Santiago (región norte), quien fue que lo ayudó a salir de la situación que tenía en el Departamento de Homicidios de la Policía “por haber dado un tiro a una persona que se negó a ser extorsionado”.

Sucre Rafael Rodríguez Ortiz junto al nombrado Pablo Miguel Balbuena (a) Miguel Ortiz y/o La Válvula, era el brazo operativo y dueño de la mayoría de los centros de llamadas intervenidos por las autoridades locales.

Las personas contra las cuales se solicita medida de coerción, al considerar complejo el caso, son: Anabel Adames, Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5); Pablo Miguel Balbuena, David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hice Cárdenas, Wilmer Abreu Duran, Juan de Dios Martínez Brito, Salim Bautista Santana.

También, Enrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada, José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez.

Además, William Alberto Díaz Cruz, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then, Willys Mena, Augusto Fermín Jaquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez y Cristina Lhin Yeng, Linda Pérez (de nacionalidad norteamericana), Bonifacio Estévez .

Al mismo tiempo, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, conocido como Mayo; Ángel Rafael Peralta Guzmán, apodado Alikate. INS 

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