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Jean Alain Rodríguez conversando con sus abogados. A la derecha, el procurador adjunto Wilson Camacho./Inter News Service
Santo Domingo, 2 mar (INS).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó este martes una prórroga de cuatro meses para terminar la investigación en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez y los demás procesados en el presunto caso de corrupción conocido como la Operación Medusa.
La petición es para concluir el proceso de indagación y presentar su acusación que fue formalizada ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción, amparados en la facultad que le ofrece el Código Procesal Penal en su artículo 151.
La Pepca requirió el plazo debido a que en la medida en que avanza la investigación, los hechos se vuelven más complejos y porque han surgido nuevos elementos que deben ser incluidos en el expediente.
Ahora le corresponde a la jueza Solange Vásquez fijar una audiencia para escuchar los argumentos de todas las partes y luego decidir si otorga la prórroga o la rechaza.
La semana pasada los abogados de Rodríguez habían denunciado que se oponían a que se le conceda más plazos a la Pepca argumentando que esta es una táctica que mantiene a los implicados encarcelados por más tiempo.
Además, los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Francisco Franco solicitaron a la Cámara de Diputados que interpele a las actuales autoridades de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respecto a la supuesta pérdida millonaria por la paralización de las obras relativas al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario desarrollado durante la gestión de su cliente.
Los juristas sugieren que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, continúe con la puesta en funcionamiento de los recintos carcelarios La Nueva Victoria, los de San Juan de la Maguana y otros en proceso de construcción, «dejando a un lado rencillas personales y sobreponiendo el interés colectivo bajo el principio de continuidad de Estado y sentido humano».
El 17 de febrero pasado, los profesionales interpusieron una demanda ante la Corte Civil del Distrito Nacional por 15 millones (275,516 dólares) en contra de la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero y una de sus secretarias, Elisa Cabrera Martínez, por haber incurrido en daños y perjuicios en contra del acusado al rehusarse a responder peticiones y entregar certificaciones, las cuales dicen están amparadas en la ley.
El 13 de julio de 2021, la jueza Romero dictó 18 meses de prisión preventiva en contra de Rodríguez y otros tres implicados en la denominada “Operación Medusa, al declarar el caso complejo.
Los otros acusados privados de libertad son Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo de la Procuraduría; Javier Alejandro Forteza Ibarra, Altagracia Guillén, ex subdirectora administrativa y financiera; Rafael Mercedes Marte, encargado de contabilidad; y Jenny Marte, ex responsable de proyectos.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos (más de 110 millones de dólares). INS
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